Ante el venidero Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a los derechos humanos en Cuba, activistas de la Isla piden que ese proceso refleje la realidad que enfrentan los cubanos y que las recomendaciones, evitando influencias políticas, se centren en los derechos humanos, informó la ONG Amnistía Internacional.
Ana Belkis Ferrer García, activista y hermana del preso político José Daniel Ferrer García, llamó a los estados que participarán en la sesión a tener presente el sufrimiento extremo del pueblo cubano. "Los exhorto a que exijan el cese de la represión brutal contra los opositores pacíficos, así como la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Muchos permanecen en condiciones de hacinamiento, otros en total aislamiento, algunos con un sinnúmero de patologías (muchas inducidas), y sin medicamentos ni atención médica", dijo.
La activista recordó que muchos presos políticos padecen hambre, y que algunos sufren torturas permanentes. "Recordemos a Félix Navarro, su hija Saylí Navarro Álvarez, Aymara Nieto, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel 'Osorbo' Castillo o José Daniel Ferrer García, quien lleva más de dos años en una celda de castigo bajo torturas constantes y más de tres meses bajo desaparición forzada", añadió.
Por su parte, la activista y curadora de arte Anamely Ramos espera que el EPU refleje la realidad de lo que viven todos los cubanos, "tanto los que están dentro de Cuba como los que estamos fuera y no nos dejan regresar al mantenernos como exiliados forzosamente".
"Que se refleje la realidad de esos niños que están hoy sin sus padres y madres, que son inocentes y no han cometido delitos —continuó Ramos en referencia a las familias de los presos políticos—. Que se refleje la realidad de esos ancianos que han quedado sin sus hijos e hijas, que no tienen de qué vivir, porque esos hijos e hijas eran el sustento que tenían. Que se refleje la realidad de todas las amenazas y toda la persecución que viven las personas que tratan de ejercer su libertad de expresión, que tratan de ejercer su derecho de reunión y manifestación. Hoy en Cuba se penaliza justamente ejercer la libertad de expresión, se penaliza poner un post en Facebook."
Otro de los opositores cubanos que expresaron sus expectativas sobre el EPU fue Jorge Luis García Pérez, más conocido como "Antúnez", quien espera que el examen se enfoque en los presos políticos que más difícil situación tienen para que "sus casos sean visibilizados y no se centre la atención solo en los más conocidos y famosos".
Antúnez recordó a Yandiel García Labrada, un preso político encarcelado desde mucho antes del 11J. También hizo énfasis en "la agonía del preso político de 80 años Miguel Díaz Bauza, la crítica situación de Ernesto Borges Pérez, quien lleva 25 años encarcelado y quedándose ciego, así como el ensañamiento contra las hermanas Lisdani y Liadiany Rodríguez Isaac".
La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que su principal expectativa sobre el EPU "es que las recomendaciones que se hagan sean verdaderamente adecuadas y reflejen la situación crítica de los derechos humanos en el país. Esto no solo incluye la falta de libertades civiles y políticas, sino también el marcado retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es esencial que estas recomendaciones tengan un enfoque genuino en los derechos humanos y no se desvíen hacia cuestiones meramente políticas", advirtió Diversent.
"Es vital que las propuestas se basen en la realidad cubana y no en simples formalidades —continuó la abogada—. Espero que la documentación preparada por la Oficina del Alto Comisionado refleje adecuadamente la realidad del país, incorporando las observaciones de otros órganos, como el Comité contra la Tortura y las recomendaciones específicas relacionadas con la protección de menores", señaló.
Por último, Camila Rodríguez, directora de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C. (una organización de la sociedad civil cubana), espera que las recomendaciones respondan a la nueva etapa de represión en la Isla, iniciada tras el estallido social de julio de 2021 y la entrada en vigor de un nuevo Código Penal.
Rodríguez pidió que los posicionamientos con respecto a Cuba "tengan en cuenta las voces de la sociedad civil, y de los cientos de personas que en los últimos años hemos sido separadas de nuestras familias".
La activista recordó que mientras el régimen ha sido nuevamente electo dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la Isla hay más de 1.000 presos políticos, "a los que de manera sostenida se les violan sus derechos humanos más elementales en las prisiones del país".
El próximo 6 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciará el EPU a Cuba, una oportunidad que los activistas cubanos consideran crucial para abordar la situación de los derechos humanos en la Isla. Este proceso permite que la sociedad civil de Cuba, ignorada por el Gobierno, se haga escuchar, y que los estados miembros de la ONU expresen sus preocupaciones y recomendaciones.
¡Cuanto iluso suelto!