El pasado 5 de abril de 2023 venció el plazo concedido a los actores individuales y organizaciones independientes del Estado cubano para presentar sus informes sobre promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en Cuba, de cara al Examen Periódico Universal.
La Habana vuelve al escrutinio dirigido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
El proceso continúa hasta noviembre. Un próximo paso corresponde al Estado examinado, el de Cuba, con sus alegaciones, para luego pasar a la deliberación y aprobación del informe final.
En medio de alabanzas de simpatizantes del régimen y reportes favorables de las organizaciones controladas por el castrismo que este inscribe como "sociedad civil", son muchas las recomendaciones del proceso anterior que el Gobierno ha dejado de cumplir o directamente ha evadido. Varias de estas cuestiones resultan medulares en materia de derechos humanos. La justificación manifestada por La Habana es que algunas resultan lesivas a la soberanía. Otras, dice estar cumpliéndolas, pero no de manera estricta.
Otro argumento del Gobierno es que la nueva Constitución, que presenta como un primer paso dado, se aprobó en abril de 2019 tras un referéndum y que progresivamente se han ido desarrollando las normativas que garantizan derechos humanos más esenciales en la solución de conflictos. Pone como ejemplo las leyes vigentes en relación al debido proceso; la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales, entre otras normativas estructurales que aseguran servicios básicos como los de educación y salud. Las autoridades también dicen que gracias a las recientes normativas se sostiene un índice favorable de orden y seguridad interior frente a la delincuencia, pese al incremento de los hechos violentos en los últimos meses.
El Gobierno ha justificado también que no ha podido avanzar más por "otras prioridades" en el país, sumido actualmente en una crisis económica sin salida. El régimen niega que haya represión a las conductas cívicas en Cuba. Dice que no se reprimen los derechos humanos, sino la actividad subversiva extranjera por medio de cubanos a quienes acusa de intentar acabar con la Revolución, y otros argumentos con los que criminaliza el disenso. Pero ¿qué es más prioritario para un Estado moderno que la promoción, respeto y garantías de los derechos humanos?
Un considerable número de funcionarios de la ONU han reconocido que el Gobierno de Cuba no aplaza, sino evade y obstaculiza con toda intención responsabilidades en materia de derechos humanos desde enero de 1959. La cifra de denuncias por violaciones de derechos humanos que se presentan contra el régimen cubano ha crecido exponencialmente en los últimos años. La credibilidad e imagen del Estado sigue disminuyendo, gracias a la demostración de hechos violatorios concretos en todas las materias de derechos humanos. La sociedad civil independiente ha jugado un papel significativo para exponer al régimen.
El Gobierno cubano no promueve ni garantiza derechos humanos individuales de índole político y económicos ni gestiona acercamientos inclusivos en su persistente sostenimiento de un modelo totalitario de gestión que invalida la mayoría de las libertades humanas.
A pesar de que ha suscrito algunas convenciones, el régimen cubano luego deja aceptarlas a conveniencia. Ha dejado sin ratificación protocolos aprobados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que facilitan, en relación con esas mismas convenciones, procedimientos expeditos y seguros para ampliar las formas de denuncia de víctimas de violaciones. Tampoco admite las averiguaciones de expertos de la ONU en suelo e instituciones cubanos.
Ejemplos concretos de la ausencia de compromiso con los derechos humanos
La Habana no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello impide investigaciones sobre estas cuestiones dentro del sistema carcelario y centros de interrogatorio policial. Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por consiguiente, desconoce sus dos protocolos facultativos, y esto impide que se reconozca la libertad de pensamiento político, la libertad de partidos y el ejercicio seguro de derechos de esta naturaleza como los de expresión, reunión y manifestación/protesta, legitimándose la criminalización de estos.
El Gobierno cubano, que lucra con la venta de servicios profesionales, mientras las condiciones de los especialistas que exporta han sido denunciadas en organismos internacionales como las propias Naciones Unidas, no ha ratificado el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso (1930) de la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón, Cuba aparece junto a China y Corea del Norte como líderes en prácticas de trabajo forzoso.
El régimen tampoco ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. El número de delitos con este tipo de sanción ha aumentado en el nuevo Código Penal cubano en relación con el anterior. La Habana tampoco ha vuelto a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que impide que se investiguen a fondo los actos discriminatorios de toda índole contra la mujer por razones políticas, afectándole derechos fundamentales como el de acceso a formas de empleo y la inclusión plena en la sociedad. El activismo feminista independiente sufre persecución en Cuba y mujeres activistas son reprimidas por intentar inmiscuirse en asuntos políticos.
Igualmente, La Habana no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, lo cual impidió que el Comité sobre los Derechos del Niño investigara el maltrato y la represión penal desatada contra menores de 18 años de edad manifestantes del 11J. Decenas de ellos continúan cumpliendo penas severas y arbitrarias de privación de libertad en cárceles no aptas para su edad, negándosele seguidamente cualquier derecho o beneficio de excarcelación. Igualmente, el régimen impide la armonización de las leyes nacionales, incluida la justicia penal, con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y el resto de sus protocolos.
