La ONG de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD) informó que el régimen cubano decidió que cinco menores de edad condenados en Holguín por manifestarse el 11J cumplan sus condenas en condición de reclusión domiciliaria, en vez de en prisiones.
De acuerdo con un tuit de su presidente, Javier Larrondo, los afectados por la medida serían Samuel Torres Durán, de 17 años; así como Keyla Roxana Mulet Calderón; Yeral Michel Palacios Román; Ernesto Abelardo Martínez Pérez; y Ayan Idalberto Jover Cardosa, todos de 18 años.
Los cinco fueron condenados por el presunto delito de sedición, que el régimen ha impuesto a muchos de los participantes en las protestas.
A Torres Durán, la Fiscalía de Holguín le había pedido 18 años de prisión; mientras que al resto la sanción solicitada fue de 15 años, aunque finalmente el tribunal la redujo en todos los casos a cinco años de privación de libertad.
De acuerdo con Larrondo, esta decisión sería uno de los efectos de la denuncia presentada por esa ONG ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la violación sistemática de los derechos de los niños de la Isla.
El informe presentado por CPD contiene un análisis del procesamiento penal de decenas de menores de entre 13 y 17 años de edad, y reúne 22 casos de prisión política de niños y enumera los detalles de otros 14 casos.
Según esa investigación, 33 niños y cuatro niñas están presentes en su lista mensual de encarcelados por razones políticas. Uno de ellos de 13 años; tres de 15 años; diez de 16; y 23 de 17. Una veintena de ese grupo fueron condenados con una pena media de siete años de privación de libertad.
El informe recoge también que dos niñas y 14 niños fueron acusados de "sedición".
Asimismo, dice CPD, "el último estudio sobre esta situación, enfocado al trato de los prisioneros, y presentado ante el Comité Contra la Tortura el día 28 de marzo de 2022 por Prisoners Defenders, detectó que entre 101 casos estudiados (una base aleatoria de 87 casos, y otros 14 estudiados a medida) se encontraban menores y adolescentes que estaban sufriendo procesos de maltratos, tratos crueles y tortura".
Del conjunto de 101 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, tres eran menores de edad en el momento de la detención (Jonathan Torres Farrat, Brandon David Becerra Curbelo y Rowland de Jesús Castillo Castro), y 14 tenían 21 años o menos en el momento de la detención. La víctima que acumula el mayor número de tipos de tortura es precisamente un menor de 17 años, Jonathan Torres Farrat.
Esas evidencias contradicen a Miguel Díaz-Canel, que aseguró esta semana que es "mentira" que por las protestas del 11 de julio haya en prisión menores de 16 años.
En una entrevista radiofónica con el politólogo argentino Atilio Borón, el gobernante dijo que las condenas a jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con "suma racionalidad judicial".
Ello, a pesar de que solamente en los juicios por las protestas en la Esquina de Toyo y La Guinera, en La Habana, el 11 y 12 de julio, respectivamente, el menor de 17 años Brandon Luis Becerra, quien cumplió los 18 en prisión y tenía una petición fiscal de cinco años de cárcel sin internamiento, le impusieron 13 años.
La iniciativa Justicia 11J documentó que en este proceso, en el que los tribunales determinaron 128 culpables y 1.906 años de cárcel en total para ellos, siete menores de 18 años fueron sancionados a entre siete y 19 años de privación de libertad.
Según la Fiscalía General de la República, 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11J, de los que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.
De acuerdo con esa entidad, se les aplicó "el procedimiento legal establecido" a 27 niños de menos de 16 años. Diez fueron internados en Escuelas de Formación Integral y de conducta, dirigidas por el Ministerio del Interior, y a 17 se les aplicó "la medida de atención individualizada" en su propia escuela.
Eso significa que el régimen se está sintiendo las denuncias. Me alegro por los sentenciados. ¡Patria y Vida!