"Me recogieron, pero con dignidad. Fui a gritar libertad para mi hijo", dijo en la noche del miércoles la cubana Yanaisy Curbelo, madre del joven Brandon Becerra Curbelo, sentenciado a 13 años por participar en las protestas antigubernamentales del 11J, tras ser liberada por la policía cubana de un arresto arbitrario.
Curbelo, junto a Rolando Castillo, padre de Rowland Castillo, condenado a 18 años de prisión, y Maylin Fajardo, madre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo, condenado a 14 años, fueron trasladados este miércoles a la estación de Policía de San Miguel del Padrón cuando se disponían a participar en una protesta pacífica para exigir la liberación de sus hijos.
La madre de Becerra Curbelo, sin embargo, se mostró molesta en una transmisión en directo realizada en sus redes sociales tras ser liberada, por la escasa asistencia de los familiares de otros prisioneros del 11J a la marcha convocada.
"Me siento mejor que me hayan detenido y me hayan llevado que de haberme quedado en mi casa", dijo Yanaisy Curbelo mientras caminaba con Castillo y Fajardo por San Miguel del Padrón.
Según la Fiscalía General de la República, 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11J, de los que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.
De acuerdo con esa entidad, se les aplicó "el procedimiento legal establecido" a 27 niños de menos de 16 años. Diez fueron internados en Escuelas de Formación Integral y de conducta, dirigidas por el Ministerio del Interior, y a 17 se les aplicó "la medida de atención individualizada" en su propia escuela.
El régimen niega que los centros de educación correccional sean prisiones. El diario oficial Granma los calificó como "instituciones educativas de tránsito, semejantes a las escuelas de la enseñanza general, solo que en las EFI entran los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para brindarles tratamiento, formarlos y reintegrarlos a la sociedad".
En ese caso se encuentran Eric Yoangel Héctor Plaza, de 13 años, y Maikel Michel Miranda Vega, de 12, incorporados al listado de Justicia 11J en la categoría "Confidencial".
Ambos, según testimonios recogidos por los activistas que documentan estos casos, fueron usados para intentar incriminar a una tercera persona. Acabaron internados en uno de los mencionados centros de "corrección de la conducta" por un año. En una supuesta "confesión", dijeron haber tirado piedras a un hospital.
"Estos menores, que nunca tuvieron derecho a una defensa, están internados desde julio en la Escuela de Formación Integral (EFI) de la ciudad de Matanzas, acusados de apedrear el hospital Julio M. Aristegui, algo que varios residentes en la zona y trabajadores del hospital han desmentido que sucediese", dijo la activista Salomé García Bacallao.
