Más de 2.000 menores cubanos permanecen recluidos en centros penitenciarios y bajo tutelaje del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), señalaron activistas independientes que citaron datos oficiales del Gobierno.
"Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, ni toda tu maquinaria propagandística es capaz de ocultar la verdad. ¡Lo vuelvo a decir, en Cuba hay niños presos políticos! ¡El Estado cubano viola sistemáticamente la Convención sobre Derechos del Niño de la que es signatario! ¡La dictadura de la que eres continuidad es una maquinaria represiva asquerosa que nunca ha perdonado ni la inocencia de la infancia!", denunció este fin de semana en su perfil de Facebook Salomé García Bacallao, miembro del grupo Justicia 11J.
"Además de los niños presos por protestar, han admitido en un informe ante la ONU que en 2020 se encontraban en centros penitenciarios 'unos 662 internos de 16 a 18 años de edad. De las edades de 16 y 17 años son 264, el resto tienen los 18 años cumplidos', la mayoría 'de raza negra o mestiza'. ¡Y la matrícula promedio de las 12 'escuelas de formación integral' (centros de detención de menores) que tienen en el país es de 200 infantes!", dijo García Bacallao, citando un artículo del diario oficial Granma.
"¡Más de 2.000 niños bajo la tutela del MININT! ¡Esos son sus datos oficiales!", añadió en referencia a las Respuestas de Cuba a la lista de cuestiones relativa a sus informes periódicos a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sobre las manifestaciones del 11J, García Bacallao recordó que por las sucedidas en la esquina de Toyo y en el barrio de La Güinera, La Habana, siete menores de 18 años fueron sancionados a entre siete y 19 años de privación de libertad.
Citó los casos de Kendry Miranda Cárdenas, condenado a 19 años de prisión; Rowland Jesús Castillo Castro, 18 años; Lázaro Noel Urgellés Fajardo, 14 años; Brandon David Becerra Curbelo, 13 años; Brayan Piloto Pupo, 10 años; Giuseppe Belaunzarán Guada, diez años, y Emiyoslan Román Rodríguez, siete años. Jonathan Torres Farrat, que cumplió 17 años el mismo día 11 de julio, está en espera de juicio con una petición fiscal de ocho años.
García Bacallao reveló en su denuncia otros dos casos, el de Eric Yoangel Héctor Plaza, de 13 años, y Maikel Michel Miranda Vega, de 12, incorporados al listado de Justicia 11J en la categoría "Confidencial". Ambos, según testimonios recogidos por la activista, fueron usados para intentar incriminar a una tercera persona. Fueron internados en uno de los mencionados centros de "corrección de la conducta" por un año. En una supuesta "confesión" dijeron haber tirado piedras a un hospital.
"Estos menores, que nunca tuvieron derecho a una defensa, están internados desde julio en la Escuela de Formación Integral (EFI) de la ciudad de Matanzas, acusados de apedrear el hospital Julio M. Aristegui, algo que varios residentes en la zona y trabajadores del hospital han desmentido que sucediese", dijo la activista. Citó el reporte de Granma, según el cual, hay seis niños internados por las manifestaciones del 11J en un centro de detención de menores en La Habana.
"Estos seis menores NO ESTÁN EN NUESTRO LISTADO, así que en lugar de 14 niños aún detenidos, estaríamos contando 20, nueve de ellos entre 12 y 16 años", agregó García Bacallao.
El régimen niega que los centros de educación correccional sean prisiones. Granma los calificó de "instituciones educativas de tránsito, semejantes a las escuelas de la enseñanza general, solo que en las EFI entran los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para brindarles tratamiento, formarlos y reintegrarlos a la sociedad".
La coronel Luciana Calixto Prieto, segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del MININT, dijo al órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC) que "la estancia en las EFI es una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención a Menores, a partir del Decreto-Ley 64, que rige el sistema de atención a menores con trastornos de la conducta".
"El internamiento es excepcional, a partir de la participación del menor en un hecho que la ley tipifica como delito, o por mantener una conducta muy agravada", dijo la oficial. Añadió que esta medida, una vez que se determina, "no tiene tiempo ni límite, sino que es a partir de que el menor vaya modificando su conducta, que puede ser antes o después del año, en dependencia del hecho, que la ley tipifica como delito, en el cual participó, y, por supuesto, de que la familia esté en condiciones para poder prepararlo", afirmó.
