La organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) denunció el viernes al régimen de Cuba ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por violaciones sistemática de los derechos de los niños en la Isla recogidos en un extenso informe.
PD acompañó su demanda de un análisis del procesamiento penal tras el 11J de decenas de menores entre los 13 y 17 años de edad. Se trata de un informe jurídico de 22 casos de prisión política de niños y enumeración y detalles de otros 14 casos.
Según PD, 33 niños y cuatro niñas están presentes en su lista mensual: de 13 años, uno de ellos; de 15 años, tres de ellos; de 16 años, diez de ellos; y de 17 años de edad, 23 de ellos. Todos del 11J. Y 20 están ya condenados con una pena media de siete años de privación de libertad.
El informe recoge que dos niñas y 14 niños, el 43% de los menores verificados por PD, han sido acusados de "sedición".
Asimismo, recuerda, "el último estudio sobre esta situación, enfocado al trato de los prisioneros, y presentado ante el Comité Contra la Tortura el día 28 de marzo de 2022 por Prisoners Defenders, detectó que entre 101 casos estudiados (una base aleatoria de 87 casos, y otros 14 estudiados a medida) se encontraban menores y adolescentes que estaban sufriendo procesos de maltratos, tratos crueles y tortura".
Del conjunto de 101 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, tres son menores de edad en el momento de la detención (Jonathan Torres Farrat, Brandon David Becerra Curbelo y Rowland de Jesús Castillo Castro), y 14 tienen 21 años o menos en el momento de la detención. La víctima que acumula mayor número de tipos de tortura es precisamente un menor de 17 años, Jonathan Torres Farrat.
Por otro lado, la organización presentó los casos de miles de niños, hijos de profesionales que decidieron abandonar las cuestionadas "misiones" del régimen, y que son separados forzosamente de sus padres y madres durante ocho años (lo que dura el castigo a sus progenitores por no continuar un contrato de trabajo civil en el extranjero).
Además de "documentos probatorios", PD adjuntó a su denuncia "más de 1.111 testimonios sobre la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños actualmente".
Según la organización, "dado que han sido más de 20.000 los niños afectados por esta violación, esta está generando un río de enfermedades emocionales, mentales y físicas".
"A los menores que estaban afectados previamente por discapacidades diversas previas y que posteriormente sufren la separación forzosa parental 'estándar' de las misiones y/o la separación forzosa de la 'Ley de los 8 años', se les provocan cuadros que llevan a la agudización de su discapacidad, a la involución y agravamiento crónico, y entre los 1.111 testimonios tenemos casos de menores con tentativas de suicidio ya ejecutadas", dice el informe.
El documento añade que "el hecho se agrava al sumar la presión social ('tu padre es un desertor, traidor'), creando un patrón de estrés extremo en el menor y la familia".
"La consigna es estigmatizar y amenazar al 'desertor' y su familia para que su caso no sea recurrente, puesto que Cuba factura entre 8.500 y 10.000 millones de dólares anuales por las misiones (de tres a cuatro veces los ingresos por turismo). Además de comunicarlo a la familia, lo comunican al CDR de su cuadra y a las autoridades e instituciones (escuelas, universidades y sociedad civil estatal), de manera que los menores sufrirán desde 'bullying' en el colegio hasta discriminación social vecinal por ser hija/o de una/un 'traidora/or a la patria' y 'desertora/or'", condena la organización.
Para Prisoners Defenders, se trata de "una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50.000 profesionales de trabajo civil en el extranjero de los que el régimen extrae desde el 80% al 95% del salario con los que empresas multinacionales implicadas y gobiernos remuneran sus servicios".
