Prisoners Defenders (PD) presentó este martes ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas un informe sobre las "Torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre los prisioneros políticos en Cuba", una investigación cuantitativa y cualitativa sobre una muestra de un centenar de casos y sus familias tras la represión a las protestas antigubernamentales de julio del año pasado (11J).
"De las 101 denuncias, 87 han sido recabadas de forma aleatoria, sin indicación del fin que teníamos al recabarlas y sobre una muestra amplia y aleatoria de familiares y procesados. Los declarantes de estas 87 concretas denuncias han rellenado un formulario que permite segmentar y tabular las torturas. Por ello, y dado que la muestra es extraordinariamente significativa respecto a los 1.169 prisioneros verificados de los últimos 12 meses (el 7,5%), también hemos extrapolado los resultados de la incidencia de cada tipo de tortura al total de los presos políticos verificados", señala Javier Larrondo, presidente de PD, sobre el extenso informe, de 137 páginas.
"Los resultados son tristes, espeluznantes", añadió Larrondo. Incluyen "detalles suficientes para llegar a ser una fotografía de los tratos a los procesados políticos en Cuba", consideró en un mensaje enviado a DIARIO DE CUBA.
"Cientos de familias aún tienen pánico por denunciar, y otras ni siquiera saben que el trato que reciben entra dentro de lo que internacionalmente son claros maltratos y torturas. Los viven tan a menudo que a veces lo asimilan como 'situaciones desagradables'", advirtió.
En el informe no abundan de forma prominente los testimonios de activistas de derechos humanos y opositores, como podía ser esperable en el caso de documentar los casos de tortura más graves. Según PD, predominan los civiles independientes, profesionales y cuentapropistas que no habían ejercido activismo alguno jamás y se vieron detenidos por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cuba.
La organización señala que "toda la información se ha obtenido mediante las propias víctimas, familiares, compañeros presos y/o allegados directos, siempre y cuando fueran testigos de primera mano de lo acontecido".
Del conjunto de 101 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, tres eran menores de edad en el momento de la detención (Jonathan Torres Farrat, Brandon David Becerra Curbelo y Rowland de Jesús Castillo Castro), y 14 tenían 21 años o menos en el momento de la detención.
La víctima que acumula mayor número de tipos de tortura es un menor de 17 años Jonathan Torres Farrat, y la víctima con la mayor intensidad de las torturas es José Daniel Ferrer García, de 51 años, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia PD.
Según recoge la organización en su mismo informe, Ferrer García "está recibiendo ataques sónicos constantes desde hace 260 días, a lo que se suma ahora un envenenamiento químico desconocido, y que está encerrado todo ese tiempo aislado, y en una celda de castigo preparada tecnológicamente para estas torturas. Su degradación física y psicomotriz es paulatina debido a esta tortura constante destinada a asesinarle lentamente.
La denuncia señala que el 100% de los casos estudiados "han sido privados de libertad desde su detención y durante numerosos meses por un auto de prisión provisional dictado por un fiscal sin intervención de un juez".
Detalle de las torturas y maltratos denunciados de forma tabulada
PD señala que el 54,55% de los presos políticos (48 casos aleatorios recabados de los penalmente procesados que declararon) refirió habérsele negado la atención médica, es decir, la práctica totalidad de los que la han requerido. Algunos de los padecimientos que refirieron las víctimas fueron hipertensión, dolor de muelas, gastritis cónica, dengue, coronavirus, sarna, dolores de cabeza, infección auditiva, entre otros que, al no ser atendidos, implicaron su agravamiento dejando secuelas.
Sobre este parámetro, PD solo tuvo en cuenta "los presos que en efecto han tenido necesidad de atención médica".
"Un preso que no requiere atención médica no denunciará la negación de esta. El alto valor obtenido refleja que la práctica totalidad de los presos políticos no reciben atención médica cuando lo requieren", sostiene.
El 48,86% (43 casos) refirió habérseles obligado a realizar algún tipo de tarea, acción o trabajo forzado no propio de su condición o condena.
"Es muy usual obligar a los presos del 11J a gritar lemas a favor de Díaz-Canel o la 'Revolución' y sufrir represalias si no lo hacen. Igualmente, son obligados en muchos casos a tomar sesiones de 'reeducación política ideológica'. En muchos casos las respuestas de los familiares ante esta pregunta, al no entender bien las implicaciones ni identificar los deberes y derechos de los reos, apuntan a torturas y malos tratos para conseguir declaraciones, o actos contrarios a los que el reo desea", dice el informe.
Según PD, 38 casos (el 43,18%) fueron obligados a permanecer en una postura altamente incómoda y/o degradante por mucho tiempo sin causa justificada".
"Las técnicas de torturas, maltratos o tratos degradantes más recurrentes en este apartado fueron ser encerrados en celdas de castigo esposados, esposados en posiciones incómodas mientras sufren padecimientos, ser esposados en posición fetal durante horas, o esposados con 'shakiras' de pies y manos, como también obligar a la víctima a permanecer de pie por muchas horas sin descanso posible", denuncia.
Asimismo, el 56,82% de los procesados (50 casos) dijo haber sido sometido a confinamientos de castigo en solitario.
"Es habitual que los retengan en celdas aisladas, sin condición alguna, como represalia por sus opiniones o durante los interrogatorios. Cuando un preso se declara en huelga de hambre, la represalia inmediata es confinarlo en celdas de castigo con aguas residuales y en muchos casos en condiciones paupérrimas, poniendo doblemente en riesgo la salud del preso", alerta la ONG.
De los procesados, el 53,41% (47 casos) fue expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas como parte del maltrato general y las torturas.
Según la denuncia, "las víctimas refieren haber sido dejados a la intemperie sin abrigo o sin ropa a muy bajas temperaturas, haber sido encerrados horas o incluso meses en cubículos sin ventilación a muy altas temperaturas, haber sido encerrados en autos patrullas bajo el sol durante horas expuestos a altas temperaturas (una técnica de tortura muy común que los activistas denominan 'patrulla horno'), reclusión en celdas que por el día eran muy calientes y por las noches muy frías, hacinamiento en cubículos sin ventilación y privación de abrigos y edredones en temporadas de bajas temperaturas".
El 55,68% de los procesados (49 casos) refieren haber sido sometidos a agresiones físicas directas. "Entre las denuncias existen todo tipo de agresiones, golpizas, tanto en las detenciones como en prisión. Es habitual que, después de esposarlos, ejecuten las palizas, otras veces los patean, y con demasiada frecuencia se indica que pierden el conocimiento por la dureza de los golpes. También se ha denunciado el uso de gas pimienta tanto en las detenciones como en las celdas", precisa el informe.
Por otra parte, el 52,27% (46 casos) refieren haber sido conducidos de forma irregular a lugares cuya identificación y localización desconocían.
"En este supuesto, prácticamente todas las víctimas refieren haber sido conducidos por individuos sin identificación en vehículos diversos hacia paraderos desconocidos y sin mediar ninguna explicación, en algunas ocasiones se trataban de otros centros penitenciarios; en otras, finalmente se encontraban sin mediar aviso en estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o instalaciones del Ministerio del Interior (MININT), o hacia un destino que nunca lograron descifrar", añade PD.
Otras torturas y tratos crueles y degradantes
El 29,55% (26 casos) refiere haber sido sometidos a desorientación intencionada. Las víctimas revelan que fueron detenidos arbitrariamente y liberados en lugares apartados y desconocidos, eran privados de sus sentidos, encerrados en furgonetas sin ventanas, o encapuchados para que no pudieran saber dónde se encontraban. Algunos refieren haber sufrido desorientación por haber sido encerrados por largos períodos en celdas de castigo totalmente aislados y sin ventanas por lo que perdían la noción del tiempo y el espacio.
De acuerdo con el informe de PD, el 35,23% (31 casos) refieren haber sido privados de líquidos y/o alimentos más tiempo del máximo permisible. Hacen referencia a haber sido privados de alimentación por períodos de muchas horas o días, otros haber sido privados de agua por varias jornadas y otros haber sufrido graves pérdidas de peso producto de que se proveía a los detenidos de porciones insuficientes de alimento y agua, o expuestos con regularidad a una diferencia de 12 a 14 horas entre comidas diariamente.
Asimismo, denuncia que el 51,14% de los procesados (45 casos) refieren haber sido sometidos a privaciones de sueño intencionales irregulares. Entre las denuncias el caso más extendido es la privación de sueño intencional para someter a los acusados a interrogatorios durante el proceso de meses de instrucción, y para conseguir que los acusados se auto inculpen.
El 84,09% de los procesados (74 casos) refiere haber sido privado de la comunicación con sus familiares, allegados o abogado. Las víctimas son sometidas a períodos de incomunicación que pueden ir desde las 72 horas hasta más de 3 meses sin poder recibir visitas familiares, aseo y ropa limpia, y sin poder ver a su abogado.
En 58 casos (el 65,91% de los procesados) las víctimas dijeron haber sido sometidos a amenazas contra ellos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos y en 29 casos, el 32,95% de los procesados, fueron sometidos al despliegue o exhibición amenazante de armas o elementos de tortura.
Según PD, el 37,50% de los procesados (33 casos) refiere haber sido sometido intencionalmente a angustia, pesar o incertidumbre por la situación de un familiar también sometido a prisión o desaparición forzosa. En este supuesto fueron víctimas tanto los procesados como sus familiares.
Por último, Prisoners Defenders señala que el 76,14% de los procesados (67 casos) denuncia haber sido sometido a algún tipo de humillación, degradación o maltrato verbal por parte de las autoridades o sus auxiliares.
"Las víctimas refieren haber sido constantemente ofendidos de palabra tanto durante los interrogatorios como en el trato cotidiano llamándoles por epítetos denigrantes como 'traidor', 'perro', 'gusano', 'vendepatria', 'contrarrevolucionario', 'mercenario' y algunos de connotación homófoba, racista u obscena; también son obligados a desnudarse sin motivo en frente de otros reclusos, ante la autoridad o en espacios públicos".
En tal sentido, añade el informe, "los obligan a gritar consignas 'revolucionarias' bajo coacción, e incluso obligados a comparecer ante las cámaras confesando hechos delictivos que nunca cometieron o elogiando el sistema penitenciario bajo amenaza de fuertes golpizas y castigos. También han sido sometidos a 'actos de repudio'".
