El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) envió una carta al relator del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Erdogan Iscan, en la que expresa preocupación por la vida de su presidente, el líder opositor José Daniel Ferrer García, y pide que demande al régimen cubano la liberación incondicional de todos los presos políticos.
Ferrer García "ha expresado en una declaración reciente que se encuentra en mal estado físico, temiendo incluso por su vida", expuso el CTDC.
"Lleva cinco meses detenido, aislado, sujeto a tortura y en pésimas condiciones que ponen en peligro su integridad. No le dejan coger sol. Le niegan las llamadas y visitas. Le amenazan con darle golpes. No atienden a sus dolencias físicas ni sus ruidos en la cabeza. Está siendo víctima de vejaciones degradantes y de torturas psicológicas. Tememos por vida", añadió.
En la misiva al relator de la ONU, el CTDC recuerda que "Félix Navarro, Luis Manuel Otero y más de 600 personas han sido detenidas arbitrariamente por reclamar pacíficamente sus derechos ciudadanos" tras el 11J y que "la expresión cívica y pacífica de las demandas ciudadanas contrastan con la violenta y desproporcionada respuesta de las autoridades".
El Consejo para la Transición "responsabiliza al Gobierno cubano de cualquier desenlace que pueda devenir no solo a las personas mencionadas sino a todos los presos políticos cubanos".
En tal sentido exigió al relator del Comité contra la Tortura de la ONU "que demande al Gobierno cubano la inmediata liberación incondicional de todos los arrestados, libres de cargos así como la promoción de una Ley de Amnistía Política".
También, "que solicite el encarecido apoyo de la Comunidad Internacional, a través de sus instituciones y organismos en solidaridad con nuestras legítimas reclamaciones que no son otras que el respeto a los derechos del pueblo cubano, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
El régimen cubano niega la existencia de presos políticos de manera pública. La más reciente declaración al respecto estuvo a cargo del gobernante Miguel Díaz-Canel durante un encuentro con miembros de la procastrista Caravana Pastores por la Paz. La Habana se sirve de delitos comunes recogidos en el Código Penal para llevar a las voces disidentes a la cárcel. Se encarga de presentarlos como criminales a través de campaña de desprestigio en los medios oficiales bajo su control.
El centro de información legal Cubalex ha documentado 1.292 personas detenidas por las protestas del 11J en Cuba, al menos 673 de ellas continúan en las cárceles. Según datos ofrecidos por el Gobierno cubano a fines del mes de agosto, 67 manifestantes habían sido procesadas en juicios sumarios.
