"Sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba, conllevaba un castigo, en este caso los ocho años que nos limitan de entrada. Ya llevo seis años separado de mis hijos". "Nos obligan a hacer ingresos hospitalarios con el objetivo de subir esas dichosas estadísticas que ellos tanto quieren". "Hubo que hacer de todo: mentir, falsificar estadísticas, desechar medicamentos, meternos en la política".
Estos son solo algunos de los testimonios recogidos en la denuncia "1.111 Médicos cubanos contra el Gobierno cubano", en la que trabaja la ONG Prisoners Defenders desde 2019, y cuya tercera ampliación fue presentada online el miércoles a las 3:00PM hora de España. El evento también fue transmitido a través de la página de Facebook de la organización.
El evento fue organizado por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo; Jordi Cañas, miembro del Parlamento Europeo y coordinador del grupo Renew Europe, y Javier Nart, vicepresidente de la del Parlamento Europeo para las relaciones con América Latina y el Caribe.
Los testimonios de los colaboradores cubanos reflejan que debían incluso tomar las armas para defender al Gobierno de Venezuela en caso de que se produjera una situación de desestabilización.
Como corroboran profesionales cubanos de la salud que, tras abandonar misiones gubernamentales, han ofrecido entrevistas a DIARIO DE CUBA, no podían establecer relaciones amorosas o de amistad que no recibieran el visto bueno de los jefes de las misiones; no podían relacionarse con compatriotas que hubieran abandonado misiones del régimen cubano ni con personas que tuvieran una posición política contraria a este.
Esas prohibiciones, entre otras, aparecen en el "Reglamento disciplinario para trabajadores civiles en el exterior", contenido en la Resolución 168 de 2010, que establecía el Reglamento Disciplinario para Trabajadores Civiles. Dicha norma fue sustituida en 2020 por la Resolución 368, similar en contenido.
La ampliación de la denuncia de de Prisoners Defenders destaca que el Artículo 135.1 del Código Penal vigente en Cuba sanciona con privación de libertad de tres a ocho años a funcionarios o empleados que cumpla misión en el extranjero, la abandonen o se nieguen a regresar al país al terminarla, o en cualquier momento que sean requeridos para regresar.
Javier Larrondo, de la mencionada organización, mostró documentos de consulados cubanos en otros países en los que se comunicaba la prohibición de entrar a Cuba durante ocho años a profesionales cubanos que habían abandonado misiones.
En este momento, más de 5.000 padres y madres cubanos no pueden ver a sus hijos por esta causa, según el informe de la ONG, que calcula que, históricamente, han sido alrededor de 40.000 los profesionales privados de entrar a la Isla por al menos ocho años.
El informe no se centra solo en la situación de los médicos, pues también otros empleados como marineros y trabajadores gastronómicos de cruceros sufren violaciones de sus derechos, como ser despojados de hasta el 80% de sus salarios y ser despojados de sus pasaportes. Como consecuencia, al llegar a los puertos, han tenido que bajar a tierra indocumentados. En Croacia, las autoridades decidieron que los cubanos no podían desembarcar sin sus pasaportes, por lo que los miembros cubanos de la tripulación debieron permanecer en el barco.
"Esto es igual que el esquema de la trata de blancas", sostiene Larrondo sobre las restricciones y violaciones de derechos a que están sometidos los cubanos que cumplen misiones gubernamentales en el exterior.
Los datos tabulados, recogidos a partir de los 1.111 testimonios reflejan que el 75% de los colaboradores no se incorporaron voluntariamente a la misión. El 87% aseguró vivir en condiciones de extrema pobreza en Cuba y el 66% afirmó que trabajaba en condiciones precarias.
El 35% temía sufrir represalias si se negaba a ir de misión y el 29% sentía que estaba en deuda con el Gobierno, debido a la propaganda gubernamental de que la educación y la salud en Cuba son gratuitas.
En el evento, también intervinieron Juan Pappier, de Human Rights Watch; Pablo de Zavala Saro de la Fundación Transición Española; Erik Jennische, de Civil Rights Defenders, y Brian Schapira del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
