El preso político cubano Cruz García Domínguez, del grupo de 20 personas sentenciadas por sedición por su participación en las protestas antigubernamentales en la ciudad de Holguín el 11 de julio, se ha declarado en huelga de hambre en protesta por la condena de 17 años emitida el lunes 14 de febrero.
"El dolor y el desconsuelo no deja de ser el orden del día en la provincia de Holguín. El prisionero político Cruz García Domínguez, de 60 años de edad, quien fue sancionado a 17 años de prisión por las manifestaciones de todo el pueblo el 11 de julio del pasado 2021, se encuentra desde ayer lunes 14 de febrero plantado en huelga de hambre exigiendo justicia", informó el activista Ramón Zamora Rodríguez.
El periodista independiente dijo que también la esposa de García Domínguez inició en su vivienda "una huelga de hambre y sed en apoyo a la acción de su esposo", con quien ha vivido 40 años de matrimonio y es el padre de sus hijos.
"Pedimos justicia y la atención nacional e internacional sobre estos huelguistas que piden sean escuchadas sus demandas a un régimen que se mantiene sordo ante el clamor y el sufrir de este pueblo cubano", añadió Zamora Rodríguez.
García Domínguez estuvo plantado en enero después de la celebración del juicio, su petición fiscal era de 25 años y fue reducida ocho años. Junto a él, en enero, también se declaró en huelga de hambre Yosvany Rosell García Caso, quien permaneció en su protesta durante 17 días.
Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso, declaró a DIARIO DE CUBA que recibió el lunes la sentencia con una condena de 20 años por el delito de sedición emitida por el tribunal, diez años menos que la petición fiscal inicial de 30 años.
"Fue el 14 de febrero. Tremendo regalo me dieron los HP", dijo, y negó que su esposo se haya declarado en huelga de hambre nuevamente.
Rodríguez Sánchez compartió con esta redacción el documento donde se hace oficial la modificación de la sanción a todas las personas incluidas en la causa, con rebajas de condenas que alcanzan los 13 años, pero continúan siendo muy elevadas.
El grupo Justicia 11J calificó estos cambios de sentencias como "gestos del Estado ante la fuerte presión nacional e internacional", sin embargo, insistió en el "reclamo de absolución como vía legal, en el caso de las personas que han sido sentenciadas, o serán próximamente juzgadas".
Reclamó "el inicio de procesos de sobreseimiento libre y definitivo de los casos en fase preparatoria" en una publicación en Facebook.
"La libertad inmediata de todos los manifestantes de julio es la única solución verdaderamente justa a la respuesta estatal a una protesta que únicamente dejó de ser pacífica luego del accionar de los grupos militares y paramilitares, por orden del presidente Miguel Díaz-Canel", añadió.
"Ante la paulatina confirmación de extensas temporadas en prisión de los manifestantes de julio, reiteramos nuestra exigencia del ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país. Asimismo, que sean implementados mecanismos para la comprobación y la denuncia de las distintas formas de tortura y tratos inhumanos y degradantes de que son víctimas nuestros presos políticos", demandó.
Además de Cruz Domínguez García y Yosvany Rosell García Caso, Marcos Antonio Pintueles Marrero, con petición fiscal inicial de 18 años, fue sentenciado a siete años de privación de libertad; Franklin Reymundo Fernandez Rodríguez, petición fiscal de 20 años, sentenciado a 12 años; Miguel Cabrera Rojas (50), petición fiscal de 30 años, sentenciado a 20 años; Mario Josué Prieto Ricardo, petición fiscal de 28 años, sentenciado a 17 años.
Maikel Rodríguez del Campo, petición fiscal de 28 años de cárcel, sentenciado a 18 años; José Ramón Solano Randiche, petición fiscal de 30 años, sentenciado a 18 años; William Manuel Leyva Pupo, petición fiscal de 18 años, sentenciado a 12 años; Jessica Lisbeth Torres Calvo, petición fiscal de 27 años, sentenciada a 15 años; Yoirdan Revolta Leyva, petición fiscal de 22 años, sentenciada a 14 años de cárcel.
En la misma causa, Miguel Enrique Girón Velázquez, petición fiscal de 25 años de cárcel, fue sentenciado a 14 años; Yoel Ricardo Sánchez Borjas, petición fiscal de 18 años, sentenciado a siete años de privación de libertad; Iván Colón Suárez, petición fiscal de 30 años, sentenciado a 18 años; Jorge Luis Martínez García, petición fiscal de 18 años, sentenciado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
Por último, Samuel Torres Durán, petición fiscal de 18 años, sentenciado a cinco años de limitación de libertad; Yeral Michel Palacios Román, petición fiscal de 15 años de cárcel, sentenciado a cinco años de limitación de libertad; Ernesto Abelardo Martínez Pérez, petición fiscal de 15 años, sentenciado a cinco años de limitación de libertad; Ayan Idalberto Jover Cardoza, petición fiscal de 15 años, sentenciado a cinco años de limitación de libertad, y Keyla Roxana Mulet Calderón, petición fiscal de 15 años, sentenciada a cinco años de limitación de libertad.
Justicia 11J denunció que "Jessica Lisbeth Torres Calvo, Miguel Enrique Girón Velázquez y un tercer acusado fueron conducidos el martes a prisión sin previa notificación, a pesar de que la sentencia ratificaba la medida cautelar de libertad bajo fianza para estos manifestantes hasta que se hiciese firme la sentencia, después de presentar recurso de apelación o casación".
