El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió el martes a la Unión Europea que aplique de inmediato sanciones individuales contra los represores de derechos humanos en Cuba, después que el Tribunal Provincial de Holguín sancionara a los 20 manifestantes del 11J enjuiciados a esa ciudad a condenas de hasta 20 años de prisión.
"En septiembre y diciembre, en sendas resoluciones, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría solicitar al Consejo de la UE la imposición de la llamada 'Ley Magnistky europea' a los violadores de derechos humanos en Cuba", recordó la ONG con sede en Madrid en una declaración.
"¿A qué esperan los países miembros, el Consejo de la UE y la Oficina del Alto Representante para la Política Exterior para actuar? Evidentemente, estas sanciones deberían afectar a todos los funcionarios, incluidos ministros, fiscales y jueces", dijo a su vez Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
"Ante la inacción de España, otrora líder de los temas latinoamericanos en Europa, imploramos a los gobiernos del Este (Letonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Polonia, República Checa, Eslovenia, Hungría, Lituania y Rumanía) que soliciten al Consejo de la UE la activación inmediata de las sanciones individuales. Es el momento de solidarizarse con las víctimas del comunismo en Cuba", finalizó González Raga.
El lunes, la Fiscalía del régimen en Holguín condenó a dos decenas de manifestantes, entre ellos a cinco menores de edad. A varios les fueron impuestas sanciones por el cargo de sedición.
Con las condenas, el régimen cumplió su amenaza de aplicar un cargo que no apareció en los procesos hasta que la plataforma cívica Archipiélago convocó a su Jornada Cívica por el Cambio en Cuba del 15 de noviembre.
La sedición, un delito muy cuestionado por juristas y expertos en Derecho a raíz de su invocación contra manifestantes pacíficos, fue aplicada, aunque con rebajas de penas de privación de libertad, según el fallo dado a conocer por el Tribunal Provincial de Holguín.
De acuerdo con declaraciones a EFE de la activista cubana Salomé García Bacallao, integrante de la iniciativa Justicia 11J, esta es la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio.
Ningún encausado fue declarado no culpable. Entre las dos decenas de sancionados hay dos condenados a 20 años de prisión; tres a 18 años; dos a 17; uno a 15; dos a 14; dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a cinco años de "trabajo correccional sin internamiento".
Los cinco menores, cuatro de 17 años y uno de 16, para quienes la Fiscalía solicitaba duras penas de entre 15 y 18 años de cárcel, fueron sentenciados a "cinco años de limitación de libertad", informó García Bacallao.
Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fija que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.
Por el delito de sedición habían sido inicialmente imputadas al menos 158 personas, de las cuales 14 eran menores de edad que al momento de la detención tenían entre 16 y 17 años. Otros 37 tenían entre 18 y 20 años de edad.
La Fiscalía General de la República argumentó recientemente que se optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y que "de manera tumultuaria" tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y, como resultado, la "perturbación grave del orden público".
Agregó asimismo que se ha verificado en los juicios "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" pese a las "manipulaciones" que "pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".
No obstante, tanto activistas como familiares han denunciado el uso de pruebas amañadas, testigos sin credibilidad y declaraciones contradictorias en varias vistas desarrolladas en los tribunales de la Isla, sobre los que la información divulgada por los medios oficiales ha sido mínima y siempre a favor de las autoridades.
El régimen cubano reconoció en enero, ante las presiones y críticas, el procesamiento de 790 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado otras sanciones.
