El régimen cubano entrega las primeras sentencias por sedición a 20 manifestantes del 11J

El régimen cubano condenó el lunes a 20 manifestantes del 11J en Holguín por el delito de sedición, entre ellos cinco menores de edad, cumpliendo así su amenaza de aplicar un cargo que no apareció en los procesos hasta que la plataforma cívica Archipiélago convocó a su Jornada Cívica por el Cambio en Cuba del 15 de noviembre.

La sedición, un delito muy cuestionado por juristas y expertos en Derecho a raíz de su invocación contra manifestantes pacíficos, fue aplicada, aunque con rebajas de penas de privación de libertad, según el fallo dado a conocer por el Tribunal Provincial de Holguín.

De acuerdo con declaraciones a EFE de la activista cubana Salomé García Bacallao, integrante de la iniciativa Justicia 11J, esta es la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio.

Los 15 condenados mayores de edad, en su mayoría hombres de entre 18 y 59 años, recibieron penas de cárcel por debajo de la petición de la Fiscalía del régimen.

Asimismo, ningún encausado fue declarado no culpable.

Entre las dos decenas de sancionados hay dos condenados a 20 años de prisión; tres a 18 años; dos a 17; uno a 15; dos a 14; dos a 12 y dos a siete.

Además, un joven de 18 años fue sentenciado a cinco años de "trabajo correccional sin internamiento".

Los cinco menores, cuatro de 17 años y uno de 16, para quienes la Fiscalía solicitaba duras penas de entre 15 y 18 años de cárcel, fueron sentenciados a "cinco años de limitación de libertad", informó García Bacallao.

Según la activista, en la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio. Se especula con la posibilidad de que haya abandonado el país.

Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fija que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.

Por el delito de sedición habían sido inicialmente imputadas al menos 158 personas, de las cuales 14 eran menores de edad que al momento de la detención tenían entre 16 y 17 años. Otros 37 tenían entre 18 y 20 años de edad.

Ante la polémica generada por la imputación de un delito político como el de sedición, que ha provocado condenas de hasta 30 años de privación de libertad, y las denuncias de su insostenibilidad, la Fiscalía se lo retiró a 11 de los menores acusados y a 14 de los jóvenes de entre 18 y 20 años.

La Fiscalía General de la República argumentó recientemente que se optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y que "de manera tumultuaria" tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y, como resultado, la "perturbación grave del orden público".

Agregó asimismo que se ha verificado en los juicios "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" pese a las "manipulaciones" que "pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

No obstante, tanto activistas como familiares han denunciado el uso de pruebas amañadas, testigos sin credibilidad y declaraciones contradictorias en varias vistas desarrolladas en los tribunales de la Isla, sobre los que la información divulgada por los medios oficiales ha sido mínima y siempre a favor de las autoridades.

El régimen cubano reconoció en enero, ante las presiones y críticas, el procesamiento de 790 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado otras sanciones.