El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este lunes que el Gobierno de Cuba y "las organizaciones satélites creadas y promovidas por éste, dentro y fuera del país, intentan boicotear cualquier análisis responsable en el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará el próximo 16 de mayo en Ginebra".
Según sostuvo el OCDH en un comunicado, los informes positivos recibidos en Ginebra "superan la cifra de 200, redactadas por similar cantidad de organizaciones".
Sin embargo, el Observatorio "ha constatado que solo una veintena cumple los requisitos mínimos para considerarlas valoraciones independientes y responsables sobre la defensa de los derechos universales".
"Muchas provienen del entramado de 'organizaciones políticas y de masas' de la Isla, dirigidas centralmente por el Gobierno, y que en sus propios estatutos reconocen su dependencia del Partido Comunista de Cuba", añadió.
Informes oficialistas
Entre los grupos oficialistas aparecen la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Pedagogos de Cuba y "otros que forman parte de las estructuras represivas del Gobierno o son satélites del mismo", indicó el OCDH.
Además, han enviado informes al Consejo de Derechos Humanos "algunas denominaciones evangélicas que intentan justificar la represión política, religiosa o social que vive el país", condenó.
El OCDH puso como ejemplo el Centro Oscar Arnulfo Romero, "de inspiración cristiana", que afirma en su reporte que "las limitaciones razonables, siempre demostrablemente justificados, que pueden surgir [en los derechos humanos], son para asegurar que otros derechos también sean protegidos para preservar la dignidad, la soberanía y valores morales de todos los cubanos".
"A pesar de los miles de arrestos arbitrarios que se producen cada año por razones políticas, religiosas y económicas, (el Centro) asegura: 'No conocemos de detención sin buena razón para ello'", denunció el OCDH.
Por su parte, el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, en un discurso apegado a los que suele emitir el régimen, asegura gozar "de todas las libertades y garantías necesarias para un funcionamiento óptimo".
Afirma que "las únicas dificultades enfrentadas en materia de sostenimiento económico, son aquellas que se derivan del embargo financiero y económico que las administraciones norteamericanas han mantenido sobre el pueblo cubano por más de cincuenta años".
Por último, el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, que reúne a 28 denominaciones protestantes, alaba en su reporte "la real posibilidad del ejercicio de la libertad religiosa" en la Isla y destaca "la decidida contribución al ejercicio de este derecho fundamental por la voluntad política de los gobernantes cubanos". En este sentido, elogia el trabajo realizado por Raúl Castro.
La red internacional de la inteligencia cubana
El OCDH precisó en su informe que "numerosas organizaciones de países violadores de los derechos humanos (China, Bielorrusia, Rusia, Vietnam y otros) apoyan irrestrictamente las estrategias del Gobierno cubano, aunque también lo hacen entidades de países occidentales".
"Son las llamadas 'asociaciones de solidaridad y amistad con Cuba', creadas por las embajadas de La Habana en el exterior —a través de sus agentes de influencia— y por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, considerado un activo brazo de los servicios de inteligencia cubana", acotó la organización.
"Entre los defensores del gobierno existe un tercer grupo cuyos informes se presentan en forma de agradecimiento voluntarista, por anteriores intervenciones cubanas en sus países, sin relación alguna con la situación de los derechos humanos en Cuba. Estos informes dan por hecho realidades inexistentes o conceptos generales basados en las líneas de propaganda de La Habana", añadió el OCDH.
Entre las organizaciones internacionales con informes que el OCDH consideró serios aparecen Amnistía Internacional, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Civil Rights Defenders, Christian Solidarity Worldwide y World Evangelical Alliance.
Además enviaron sus informes varios grupos cubanos de la oposición interna y el exilio, con enfoques diversos y plurales —pero realistas— sobre la situación de los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos.
En sus conclusiones, el OCDH señala que "si bien el Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que las contribuciones recibidas para el Examen Periódico Universal 'no reflejan en modo alguno los puntos de vista u opiniones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos', éstas sí forman parte del debate público".
Para el Observatorio, "el discurso propagandista incluso parece calar en determinados sectores diplomáticos y en funcionarios de la ONU que han visitado la Isla en los últimos años".
"Por tanto, debemos denunciar que la avalancha de informes dictados desde La Habana pretende enrarecer, dopar u obstaculizar cualquier análisis responsable sobre Cuba en el EPU. Es, además, una estrategia fraudulenta que debería ser condenada por todos los defensores de los derechos humanos".
"El Gobierno cubano ha utilizado nuevamente en su favor su amplia red de organizaciones internacionales, para intentar colapsar con propaganda el EPU sobre Cuba. En este sentido, hacemos un llamado responsable a los países miembros del CDH para que analicen con rigor —y apego a la Declaración Universal— la situación real de los derechos humanos en Cuba", concluyó el OCDH.
Establecido en 2006, el EPU es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU.
El examen consiste en una exposición de los gobiernos de su situación, seguida de la posibilidad de que otros realicen recomendaciones para potenciar el disfrute de los derechos humanos.
Los Estados sometidos al EPU tienen la potestad de aceptar, tomar nota o rechazar las recomendaciones recibidas.
La Habana recibió en 2013, 292 recomendaciones, de las que aceptó 230, tomó nota de alrededor de 40 y descartó unas 20 que el Gobierno consideró "sugerencias hostiles".
A finales de abril, el MINREX ratificó que el régimen no aceptará lo que llamó "criterios disfrazados de buena voluntad dirigidos al cambio de régimen o a imponer ordenamientos políticos e institucionales".