El Gobierno de Cuba pidió este domingo que se enfrente a las personas convertidas en infractoras de normas debido a la crisis de la vivienda que las autoridades no han sido capaces de resolver en seis décadas de Revolución, con el mismo rigor que a los autores del "resto de las ilegalidades" que se cometen en la Isla.
En esos términos se expresó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de diciembre, reseñada por el medio oficial Granma.
En el encuentro se dio a conocer que al iniciar 2024, se contabilizaban más de 95.000 ilegalidades relacionadas con el ordenamiento territorial y urbano. El presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), el general de división Raúl Omar Acosta Gregorich, informó que el 92% de las mismas "correspondía a personas naturales, con más de 87.000 ilegalidades, y el 8% a las personas jurídicas".
De acuerdo con el funcionario, las principales ilegalidades que se detectan son "la construcción de viviendas en suelos no urbanizados ni con autorización para construir; la ocupación ilegal de inmuebles, el cambio de fachadas y otras".
Las ilegalidades señaladas por Acosta Gregorich no son más que las acciones desesperadas de los cubanos ante la falta de vivienda, un problema que se agrava cada año y que el régimen no ha resuelto durante sus 66 años en el poder.
Las cifras oficiales evidencian la crisis y los constantes incumplimientos del Gobierno de sus propios planes anuales para el sector.
A mediados de diciembre, la directora general de la Vivienda, Delilah Díaz Fernández, informó que al cierre del año 2024 solo el 65 % de las 4.078.519 viviendas contabilizadas en el fondo habitacional se encontraba en buen estado técnico y se mantenía el incumplimiento de lo aprobado en la Política de la Vivienda, y de lo indicado en las directivas para el plan de la Vivienda y la producción local de materiales de construcción en 2024.
De los 168 municipios de Cuba, 59 no terminaban las células básicas habitacionales. La provincia de La Habana era la de peor situación, con diez municipios.
A pesar de que se aprobaron 8.331 células, 3.461 se encontraban aún sin iniciar; la mayor parte (469) en Granma. En esa provincia también se habían identificado 33.126 pisos de tierra sin erradicar, de un total de 87.368.
Respecto a las madres con tres o más hijos, el Gobierno informó en su cuenta de la red social X el 23 de diciembre que de 63.715 cubanas en esta situación, solo habían recibido vivienda 416. Ello significa que las autoridades no han sido capaces de proporcionar un techo ni al 1% de esas mujeres.
Sin embargo, lejos de hacer autocrítica y mencionar alguna de estas cifras oficiales que evidencian el drama de la vivienda en Cuba, Marrero Cruz enfatizó, según Granma, en que "las ilegalidades asociadas al urbanismo y al ordenamiento territorial deben tener el mismo rigor de enfrentamiento que el resto de las ilegalidades".
Díaz-Canel se acuerda de los jubilados, pero rebaja sus expectativas
En otro momento de la reunión del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel abordó la atención a los jubilados y a quienes tienen pensiones y salarios mínimos, de acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, es uno de los temas que "inevitablemente, deben convertirse en prioridades de trabajo para 2025".
Según lo citó Granma, el gobernante cubano afirmó que "nosotros tenemos que ser capaces de empezar a mejorar la situación de los jubilados, que han entregado la vida por la Revolución", y hoy están en una situación que describió, eufemísticamente como "muy compleja".
No obstante, las expectativas de los jubilados cubanos no deben ser muy altas en este sentido, teniendo en cuenta que, al hablar de la capacidad que debe tener el Gobierno para mejorar las vidas de esas personas, Díaz-Canel acotó "aunque no sea totalmente" y habló de ir "dando pasos que vayan atenuando esas situaciones".
Lo que dice el Gobierno que ha hecho contra la violencia de género en Cuba
El enfrentamiento a la violencia de género, negada durante décadas por el régimen cubano, también tuvo un espacio en la reunión. De acuerdo con Granma, la agenda incluyó la presentación de un informe con los resultados de la implementación de la Estrategia Integral para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, en un año en el que se han producido 55 feminicidios, según el subregistro de los observatorios independientes.
La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh explicó que lo hecho forma parte de las labores para respaldar el Programa del Adelanto de las Mujeres. La nota de Granma no recoge lo que, según la ministra, se ha hecho hasta ahora.
Al presentar "los principales resultados", la secretaria general de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, dijo que se cuenta con "una estrategia que es bastante abarcadora, porque va desde el nivel local, que es donde se producen los hechos, hasta lo nacional".
Describió la estrategia como "interseccional e interdisciplinaria", y aseguró que participan todos los organismos e instituciones. No obstante, tuvo que reconocer que "todavía no se logra la necesaria articulación".
Sobre la violencia de género, afirmó que es un tema "muy sensible, es un tema que hay que saber tratar, porque no siempre, aunque existan las mejores intenciones, se trabaja bien".
"Hemos avanzado en la conceptualización de esos protocolos", sostuvo Amarelle Boué, pero tuvo que admitir que "cuando vamos allí a donde se produce el hecho, no se conoce el protocolo, no se implementa adecuadamente, y los que trabajan el tema no están preparados para hacerlo; se han hecho capacitaciones, pero no son suficientes todavía".
La funcionaria enfatizó en "la importancia de avanzar más en la especialización de los funcionarios encargados de atender esos temas, para que profundicen y conozcan bien los conceptos, y así no equivocarnos".
Sobre el tema del racismo, también negado durante décadas por el régimen cubano, se presentó el Informe sobre el cumplimiento del Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial en 2024, creado en 2019.
Según Granma, las autoridades aseguraron que "se han logrado avances significativos", sin precisar cuáles, aunque consideraron necesario "trabajar más en la comunicación del Programa y sus principales objetivos, así como lograr mayores propuestas concretas para reimpulsarlo, lo cual requiere de la participación de más actores".
