El deterioro de la sanidad pública en Cuba, denunciado por médicos, pacientes y sus familiares, no solo es un peligro para salud de los ciudadanos. También es una amenaza para los profesionales del sector, como demuestra el reciente juicio contra seis médicos en Bayamo, acusados de tener responsabilidad penal en la muerte de un paciente de 23 años, en 2021.
Aunque en las redes sociales se afirmó que Rafael José Sánchez Vázquez, Yoandra Quesada Labrada, Ristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henrry Rosales Pompa fueron acusados de negligencia médica, ni el Código Penal cubano actual ni el vigente en 2021 recogen la negligencia como delito.
Las denuncias por negligencia médica en Cuba son usuales en las redes sociales, pero los profesionales rara vez son sancionados penalmente. Los casos no suelen llegar a los tribunales y las sanciones quedan en el plano administrativo.
Cuando se produce la muerte de un paciente como resultado de un error no intencional del médico a este se le imputa conducta imprudente (culposa) en la comisión del delito, que en este caso es homicidio. La adecuación en los delitos culposos permite rebajar los límites mínimos y máximos de la sanción en un tercio y hasta la mitad. Esto se corresponde con las sanciones fiscales de dos y tres años de privación de libertad solicitadas contra los seis médicos.
Pero además de las penas de cárcel, estos profesionales serían inhabilitados del ejercicio de la profesión, por un máximo de cinco años, como sanción accesoria.
Una de las acusadas, Yoandra Quesada Labrada, explicó en un audio que circuló en redes sociales que para atender al paciente tuvo que movilizar recursos propios, como suturas, y utilizar otros que no eran los más adecuados, pero eran con los que contaba.
"No hay levín, no hay sondas. En el hospital, de nada, no hay cara, no hay corazón, no hay disciplina. Estaba estallado el riñón izquierdo (del paciente), estallado también el bazo. Pusimos drenaje, adecuado o no, el que teníamos. Aspiradora deficiente", dijo la doctora.
"No hay servicio de cirugía, todo el mundo se quiere ir, no hay medicina interna, no hay otorrinos, no hay nadie. Todos tus compañeros se van y estás trabajando solo y sin materiales".
Una publicación en Facebook del doctor Aldo Luis Zamora Varona, urólogo del propio hospital, corroboró lo explicado por Quesada Labrada.
Zamora Varona, quien se encontraba trabajando cuando los cirujanos intentaban salvar la vida del paciente, contó que no había sonda de ningún tipo, ni la pinza adecuada para pinzar los vasos del riñón, ni una "sutura no reabsorbible".
El empleo de recursos inadecuados para brindar atención a un paciente podría calificarse como una actitud imprudente. Pero la alternativa era abstenerse de atenderlo, con lo que los galenos hubieran violado el juramento hipocrático, pero además habrían cometido un delito. Tanto el Código Penal actual como el vigente en Cuba en 2021 sancionan la abstención de un médico de prestar auxilio con hasta un año de privación de libertad.
La ausencia de los recursos necesarios en los hospitales de Cuba no es algo nuevo, aunque en este caso el desenlace haya sido fatal para el paciente y esté a punto de provocar una condena para seis médicos que intentaron hacer su trabajo.
A mediados de octubre, el médico exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre expuso el caso de un niño santiaguero con un tumor en la cabeza que esperaba ser operado. Dicha operación no sucedía porque no había instrumental para realizarla.
A inicios del propio mes, el médico denunció la crónica escasez de recursos que enfrentaban sus colegas del Hospital Carlos Manuel de Céspedes —el mismo donde se produjo el deceso del joven de 23 años en 2021— para tratar a los pacientes.
En un país donde la práctica privada de la medicina está prohibida y todos los hospitales son estatales, es el Estado el que debe responder por la muerte de pacientes debido a la falta de insumos médicos. En Cuba, además, por mandato constitucional, el Estado es quien debe asegurar que las instituciones hospitalarias estén provistas de lo necesario para atender a la población.
El Artículo 72 de la Constitución refrendada en 2019 establece que "la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso".
El texto añade que "el Estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias. La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan".
El Gobierno cubano siempre ha exhibido su sistema de Salud Pública —que presenta además como gratuita— como uno de los grandes logros de la Revolución. ¿Pero cómo ha cumplido sus obligaciones el Estado?
En el primer semestre de 2023 los servicios empresariales e inmobiliarios acapararon 10.406 millones de pesos del total de 41.616.003 millones invertidos por el Estado cubano. O sea, casi un cuarto de esa cifra, según los datos divulgados por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). A salud pública y asistencia social se destinaron apenas 583,3 millones.
En 2021, año en que ocurrió el fallecimiento del paciente en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes y mientras el país vivía el peor momento de la pandemia de Covid-19, el Gobierno cubano también relegó al sector de salud pública mientras beneficiaba las actividades relacionadas con el turismo.
Durante los tres primeros meses, según los datos sobre este periodo publicados por la ONEI, el Estado invirtió 4398,4 millones de pesos en servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler. Al sector de salud pública y asistencia social dedicó 28,1 millones de pesos.
La baja inversión en la salud pública no solo contrasta con las sumas que destina al sector turístico mientras la mayor parte de las habitaciones hoteleras permanece vacía, sino con los altos ingresos que la exportación de médicos le ha generado al Estado cubano.
Los servicios de salud humana y servicios de atención generaron al Gobierno de Cuba 3.997.948,3 de los 6.879.664,9 millones de pesos ingresados en 2020, por concepto de exportación de servicios. La Salud fue exactamente el 58,1% de ese total.
Según la ONEI, La Habana ingresó en 2022 un total de 4.882.234.500 dólares por los denominados "Servicios de salud humana y de atención social", que es como la entidad estatal denomina la exportación de personal de salud.
El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC), del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 reveló este 4 de diciembre que la nueva oligarquía cubana comandada por GAESA se apropió, como mínimo, de 69,8 mil millones dólares (69.866.399.679 dólares) de los salarios de los médicos exportados. Ese dinero nunca fue invertido en el sistema de Salud Pública como había anunciado el Gobierno cubano, ante las primeras acusaciones de someter a trabajo forzoso a esos profesionales de la salud.
¿Pero de qué violación de la constitución habla?
La actual constitución se puede resumir en un único artículo: "Son constitucionales las vergüenzas de todos los miembros y miembras gubernativas así como todas las decisiones que de dichas partes les emanan."
No sólo hacen lo que les da la gana con sus finanzas sino que, gracias a las infinitas bondades del partido único sin molestas elecciones, no creen necesario responder a las acusaciones.
Basta con llamarlas "patrañas del imperio " o "mentiras de odiadores" en su televisión nacional para dormir a un cordero que ya no ve TV por el cansancio de colas y preparaciones de viajes rumbo al norte.
Los médicos cubanos son una profesion en gran desvantaja; les roban sus salarios, viven amenazados y en peligro de caer presos por delitos en que el Estado es culpable: falta de insumos.