El Tribunal Supremo Popular de Cuba asegura que emitió 18 condenas por violencia machista durante 2022. En una nota replicada por la prensa oficial el 15 de mayo, el órgano de justicia del régimen defendió que "actúa con la consecuente severidad en el marco de lo establecido en la ley", al imponer "sanciones de privación de libertad por encima de los 25 años y, en algunos casos, privación perpetua de libertad".
El tribunal puso sus castigos como ejemplo de "la prioridad del Estado cubano de garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, propiciar el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social, así como protegerlas de la violencia de género o familiar en cualquiera de sus manifestaciones".
Sin embargo, la cifra de condenas emitidas contra feminicidas es insignificante, pues la violencia machista se ha cobrado al menos 145 vidas de mujeres, niñas y niños en Cuba desde 2019 hasta el presente, de acuerdo con el subregistro que llevan los observatorios independientes de plataformas feministas cubanas. Solo en 2022 ocurrieron más de 30 feminicidios.
La decisión del Tribunal Supremo Popular, que el movimiento Yo Sí Te Creo en Cuba inscribió dentro de "populismo punitivo", se publica cuando La Habana se presenta al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El régimen llega al escrutinio bajo recomendaciones para el empoderamiento de las mujeres y la aplicación de la perspectiva de género en las políticas nacionales, con deudas como la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género y con un llamado de atención porque no ha vuelto a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Aunque el Código Penal que entró en vigor en diciembre del 2022 tipifica la muerte de una mujer víctima de violencia de género a través de las circunstancias previstas en el delito de "asesinato" con sanciones de entre 20 años y hasta la pena de muerte, el cuerpo legislativo no incluye expresamente el delito de feminicidio, uno de los reclamos fundamentales del feminismo cubano.
La nota emitida por el Supremo aplaude que se condenaron 18 asesinatos de mujeres durante el año 2022, pero nada dice de otros delitos relacionados con la violencia de género, como la violación, los abusos lascivos, el acoso, las lesiones o las amenazas, este último uno de los que más se establecen en las secciones penales de los tribunales municipales, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el sistema judicial cubano.
El Tribunal tampoco menciona la cantidad de procesos juzgados en grado de tentativa y ni siquiera es claro sobre las 18 condenas por asesinato que emitió. Dice que las sanciones se establecieron en 2022, pero no precisa si los feminicidios ocurrieron el mismo año o en anteriores. Los procedimientos penales de este tipo pueden dilatarse.
El tema de la información oficial de las estadísticas de feminicidios es una petición de las organizaciones feministas cubanas. La transparencia en este tema es fundamental para generar conciencia dentro de la población. La visibilidad del flagelo puede convertirse en un freno para agresores en potencia y un impulso para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan ver reflejada su situación y denunciar.
Poder acceder a cifras oficiales de asesinatos es la única manera de determinar la real dimensión de los feminicidios. Por eso, las activistas siguen pidiendo información sin sesgos de la violencia machista en Cuba, pero también reclaman refugios, comisarías especializadas, que el Estado o sus instituciones compensen a las personas dependientes que dejó la víctima de un feminicidio, atención especializada y temprana a agresores, enfoque de género y feminista en la educación pública, y otras medidas, como ocurre en la mayoría de los países con protocolos contra la violencia de género.
