El Tribunal Supremo Popular de Cuba decidió confirmar las sentencias de privación perpetua de libertad contra dos hombres hallados culpables del feminicidio de sus exparejas, y lo ofreció como una prueba del compromiso del Estado cubano contra la violencia machista en la Isla.
De acuerdo con una nota publicada en el sitio oficial de la institución, los recursos de apelación presentados por Yadier Delvá Simón y Alexander Nápoles Téllez contra las duras sentencias que recibieron en sus juicios en los tribunales provinciales de La Habana y Ciego de Ávila, en las causas 366 y 77 de 2022, respectivamente, fueron respondidos.
La declaración señala que "en estos procesos, ambos individuos resultaron sancionados a privación perpetua de libertad, como autores de sendos delitos de asesinato, al privar de la vida, valiéndose para ello de armas blancas e instrumentos contundentes, a la que había sido su esposa y madre de su único hijo, en el caso del primero de los acusados y, el segundo, a anterior pareja, una vez que esta decidió separarse de él".
Agrega que los magistrados del máximo órgano judicial cubano escucharon las alegaciones de los condenados por asesinato. Delvá Simón habría solicitado su exoneración de responsabilidad penal, tras alegar que actuó "condicionado por un profundo estado de alteración síquica", mientras que Nápoles Téllez dijo "estar arrepentido".
Mas, prosigue el Tribunal Supremo, "las pruebas testificales, documentales y periciales practicadas en el juicio desmintieron la versión del primero de los acusados y demostraron su responsabilidad en el delito cometido".
"En cuanto al segundo de los imputados, quedaron probados los actos perpetrados y la falsedad de su supuesto arrepentimiento", señala.
La nota indica que los feminicidas "ocasionaron la muerte de dos mujeres, vulnerando el derecho humano fundamental a la vida, así como lo regulado en la Constitución de la República de Cuba sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la protección que debe procurárseles contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y espacios".
Indica además que los crímenes "marcan irremediablemente el futuro de los hijos menores de edad de las víctimas y suscitan la total repulsa y absoluto rechazo por la sociedad, que defiende la inclusión, la igualdad y la no violencia".
Aparte de desestimar los recursos de apelación de los acusados, a Delvá Simón se le ratificó la decisión de privarlo de los derechos paterno-filiales y de tutela sobre el hijo que tenía en común con la fallecida.
Finaliza la nota indicando que "el Código Penal vigente prevé, en su Artículo 345, apartado 2, el delito de asesinato, para el que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género, lo que evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar la protección y atención legal a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos".
La notificación pública del resultado del proceso es la primera que se da a conocer después que el problema de la violencia machista se haya convertido en un flagelo sin respuesta por parte de las autoridades cubanas.
Días atrás, la organización de la sociedad civil Red Femenina de Cuba inició una recolecta de firmas para exigir una Ley de Género en Cuba, que persigue la aprobación de una normativa que proteja a las mujeres con urgencia, ante la creciente ola de feminicidios que atraviesa la Isla.
De acuerdo con la organización, esa propuesta surge "a raíz de la declaración de Mariela Castro sobre la 'excelente situación' en la que se encuentra la activista trans Brenda Díaz, encarcelada en una prisión para hombres".
"Le hacemos esta pregunta al Estado, el cual demuestra un desconocimiento de la identidad de género y una falta de voluntad política. ¿Podría explicar el Estado los protocolos de actuación hacia las mujeres transgénero en las cárceles cubanas? Por ella, por todas, firmemos esta petición", señaló la organización.
El cronograma legislativo previsto por la Asamblea Nacional del Poder Popular cubana no prioriza la creación de una Ley de Género, pese a la exigencia de diversos grupos de la sociedad civil independiente que monitorean el problema, documentan y divulgan los casos de feminicidio. Ello, mientras las autoridades y la prensa ni lo mencionan.
Pese a que en el transcurso del año suman casi 30 asesinatos machistas en Cuba, Miguel Díaz-Canel no hizo referencia pública al problema hasta mediados de abril último, cuando anunció "cero tolerancia" contra la violencia machista en Cuba, que catalogó como "un acto inaceptable" para la sociedad socialista en Cuba.
El gobernante hizo esas declaraciones tras participar en una reunión convocada por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) con 480 mujeres de las provincias de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, bajo el lema "Voces de mujeres por la no violencia de género", celebrado en Santa Clara, según informó la Presidencia en Twitter.
"Una sola mujer violentada no solo es un golpe a la tradición feminista de la Revolución, es un acto inaceptable para nuestra sociedad socialista", reiteró Díaz-Canel, quien a través de su propio perfil de Twitter calificó de "excelente" la reunión.
En un video divulgado sobre su intervención en el encuentro, Díaz-Canel dijo que se realizará un debate nacional, así como un grupo de acciones para proteger a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género, aunque no dio detalles al respecto.
En marzo, el Reporte sobre Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de EEUU hizo referencia a los feminicidios que ocurren en la Isla y a la escasa atención gubernamental para enfrentar esta problemática.
La labor de plataformas independientes contra la violencia de género y su difusión por parte de los medios independientes ha contribuido a poner el foco sobre esta cuestión, particularmente los casos de asesinatos machistas y desapariciones de mujeres, sobre los que regularmente los medios oficiales no se pronuncian.
Los observatorios de esos colectivos feministas han confirmado más de 141 feminicidios desde 2019 y han pedido la declaración del "Estado de Emergencia en Cuba por Violencia de Género", un llamado que fue suscrito por 15 proyectos independientes.
Ese llamamiento critica la carencia de protocolos y mecanismos de prevención en Cuba, la persistencia de problemas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de posibles víctimas y la recepción de denuncias, así como la falta de refugios y redes de protección.
No obstante, las autoridades insisten en minimizar el problema y llaman a abordarlo sobre todo como un asunto cultural, que debe ser combatido con educación.
Ello, mientras el régimen cubano aplica la violencia policial contra activistas y opositoras, a quienes incluso amenaza con arrebatarles la custodia de sus hijos. A inicios de abril, la policía política en Camagüey interrogó a la hija de tan solo siete años de la activista Marisol Peña Cobas en ausencia de su madre y durante una detención.
