Los observatorios independientes del problema de la violencia machista en Cuba emitieron una declaración conjunta en la que cuestionaron el anuncio del Tribunal Supremo de la Isla, que confirmó las cadenas perpetuas contra dos individuos sentenciados por el asesinato de sus exparejas.
En la declaración, los observatorios de la revista feminista Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba advirtieron que "la prevención y reparación son la respuesta a los feminicidios, nunca el punitivismo".
"Como observadoras que arriesgamos nuestra seguridad para registrar, sensibilizar y prevenir la violencia feminicida en Cuba, nos oponemos a que esta causa sea usada por el populismo punitivo que se evidencia en la nota del Tribunal Supremo Popular", subrayan.
Ambos colectivos, que junto a otros de la sociedad civil independiente monitorean, denuncian y documentan el flagelo de la violencia de género en Cuba, mientras las autoridades y la prensa oficial hacen silencio al respecto, recordaron que desde hace años han hecho demandas claras al Estado, aún sin respuesta.
Entre ellas están, indican, la tipificación del delito específico de los femi(ni)cidios; el acceso a las cifras oficiales de asesinatos para poder determinar la real dimensión del problema; la implementación de protocolos integrales de prevención y atención a las personas afectadas por la violencia de género, y la creación de refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijos en peligro.
Suman a estas la exigencia de la promulgación de una Ley Integral contra la Violencia de Género; la legalización del activismo; fomentar una perspectiva de justicia y reparación; la atención especializada y temprana a los agresores; desplegar un enfoque de género y feminista en la educación pública, y fomentar una perspectiva de justicia y reparación.
"Ninguna de ellas ha sido atendida hasta ahora, por lo que ambas sentencias de privación perpetua de la libertad a los acusados de las causas 366 y 77 de 2022, en los tribunales provinciales populares respectivamente de La Habana y Ciego de Ávila, las entendemos como castigos ejemplarizantes para evadir las obligaciones del Estado de prevención, reparación y garantía de no repetición de la violencia de género", señalan los colectivos.
"Quisiéramos saber si de ambas sentencias se derivó una compensación económica para los niños que sobrevivieron a sus madres, si las familias afectadas han accedido a apoyo psicoemocional integral, solo por citar dos ejemplos. Quisiéramos saber si alguna de las víctimas pidió ayuda por las agresiones que suelen anteceder a los femi(ni)cidios y si la recibió", interrogan.
"Una dura condena puede aliviar el dolor de la familia por la pérdida inmediata, pero no la va a reparar en lo que esa ausencia significará a largo plazo, por ejemplo, para abuelos y abuelas que, muchas veces sin fuerzas ni recursos económicos, crían a niñas y niños sobrevivientes del feminicidio de sus madres. Y mucho menos va a evitar que otras mujeres, niñas, niños y adolescentes sufran algún tipo de femi(ni)cidio, con las graves consecuencias para sus familias".
"Necesitamos frenar el problema sistémico de los femi(ni)cidios, que ha cobrado la vida de al menos 145 mujeres, niñas y niños en Cuba, de 2019 a lo que va de 2023. Eso solo es posible con medidas integrales de prevención y atención a la violencia de género. Queremos leer los titulares sobre el primer refugio, comisarías especializadas, sobre cómo el Estado o sus instituciones compensaron a las personas dependientes que dejó la víctima, u otras medidas, como ocurre en la mayoría de los países con protocolos contra la violencia de género", finalizan.
El Tribunal Supremo cubano informó el martes que había confirmado las sentencias de privación perpetua de libertad contra dos hombres hallados culpables del feminicidio de sus exparejas, y lo ofreció como una prueba del compromiso del Estado cubano contra la violencia machista en la Isla.
La nota indica que los feminicidas "ocasionaron la muerte de dos mujeres, vulnerando el derecho humano fundamental a la vida, así como lo regulado en la Constitución de la República de Cuba sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la protección que debe procurárseles contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y espacios".
Señala además que los crímenes "marcan irremediablemente el futuro de los hijos menores de edad de las víctimas y suscitan la total repulsa y absoluto rechazo por la sociedad, que defiende la inclusión, la igualdad y la no violencia".
Finaliza la nota indicando que "el Código Penal vigente prevé, en su Artículo 345, apartado 2, el delito de asesinato, para el que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género, lo que evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar la protección y atención legal a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos".
La notificación pública del resultado del proceso es la primera que se da a conocer después que el problema de la violencia machista se haya convertido en un flagelo sin respuesta por parte de las autoridades cubanas.
Días atrás, la organización de la sociedad civil Red Femenina de Cuba inició una recolecta de firmas para exigir una Ley de Género en Cuba, que persigue la aprobación de una normativa que proteja a las mujeres con urgencia, ante la creciente ola de feminicidios que atraviesa la Isla.
De acuerdo con la organización, esa propuesta surge "a raíz de la declaración de Mariela Castro sobre la 'excelente situación' en la que se encuentra la activista trans Brenda Díaz, encarcelada en una prisión para hombres".
"Le hacemos esta pregunta al Estado, el cual demuestra un desconocimiento de la identidad de género y una falta de voluntad política. ¿Podría explicar el Estado los protocolos de actuación hacia las mujeres transgénero en las cárceles cubanas? Por ella, por todas, firmemos esta petición", señaló la organización.
El cronograma legislativo previsto por la Asamblea Nacional del Poder Popular cubana no prioriza la creación de una Ley de Género, pese a la exigencia de diversos grupos de la sociedad civil independiente que monitorean el problema.
En marzo, el Reporte sobre Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de EEUU hizo referencia a los feminicidios que ocurren en la Isla y a la escasa atención gubernamental para enfrentar esta problemática.
La labor de plataformas contra la violencia de género y su difusión por parte de los medios independientes ha contribuido a poner el foco sobre esta cuestión, particularmente los casos de asesinatos machistas y desapariciones de mujeres, sobre los que regularmente los medios oficiales no se pronuncian.
Mientras, el régimen cubano aplica la violencia policial contra activistas y opositoras, a quienes incluso amenaza con arrebatarles la custodia de sus hijos. A inicios de abril, la policía política en Camagüey interrogó a la hija de tan solo siete años de la activista Marisol Peña Cobas en ausencia de su madre y durante una detención.
