Durante un encuentro reciente con los gobernadores provinciales del país, el presidente Miguel Díaz-Canel trató temas candentes de la realidad económica, como la construcción de viviendas, las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Eta, y la pandemia del coronavirus. Y, claro, también se refirió a los aumentos de precios que se observan por todas partes.
Aunque el mandatario expresó que ese fenómeno, que ha antecedido a los aumentos salariales anunciados por las autoridades en el contexto de la próxima unificación monetaria y cambiaria, se presenta tanto en los sectores estatales y no estatales, es evidente que sus dardos se enfocaron principalmente contra los trabajadores por cuenta propia y los vendedores en los mercados agropecuarios.
Díaz-Canel habló de precios "abusivos y especulativos", y expuso las razones por las que, a su entender, eran injustificados los incrementos de precios minoristas en este momento. Se refirió a que no había habido un aumento de los impuestos a los cuentapropistas, y que actividades como la salud y la educación en el país mantenían sus gratuidades.
Pero, obviamente, Díaz-Canel no es economista, y al parecer está mal asesorado en ese sentido. Porque ha ignorado un elemento fundamental en la formación de los precios y tarifas. Nos referimos a los costos en que incurren los vendedores para ofertar sus bienes y servicios.
Los trabajadores por cuenta propia que venden productos ya elaborados han adquirido esos bienes a un precio superior, mientras que los que elaboran sus ofertas han visto aumentar los costos de las materias primas. Igualmente, los que comercializan en los agromercados han debido pagar más caro los productos que traen los campesinos y otros trabajadores de la tierra. Todo en el contexto de las afectaciones provocadas por el coronavirus y la tormenta tropical Eta.
Entonces, señor Díaz-Canel ¿por qué pensar que esos gestores económicos han aumentado los precios a la población por maldad o por un afán desmedido de incrementar su riqueza? Trate de gestionar la apertura de mercados mayoristas para esas personas, y no en todos los casos en moneda libremente convertible, y verá cómo los precios a la población irán disminuyendo.
El referido encuentro con los gobernadores provinciales sirvió para que el benjamín del poder amenazara a cuentapropistas y vendedores de los agromercados con sanciones "severas y ejemplarizantes" ante la escalada de sus precios de oferta. Y una vez más recabó la cooperación de la población en ese sentido. Una cooperación que debe de traducirse en denuncias que realicen los ciudadanos. Es la misma táctica que siempre ha empleado el castrismo: empujar a unos cubanos a enfrentarse con sus propios compatriotas. Previamente, y en el mismo encuentro, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, anunció otras medidas que se pondrán en vigor para contrarrestar la escalada de precios.
El semanario Tribuna de La Habana, en su edición del domingo 29 de noviembre, publicó la relación de otros 22 productos, relacionados con la agricultura y las ofertas de pan, a los que se les topan sus precios de venta a la población. También incluye una amenaza a los comerciantes que exhiban un precio en la tablilla y después le exijan otro superior a los consumidores. En ese caso habrá sanciones para los vendedores y los administradores de los establecimientos.
Todo hace indicar que nos adentramos en un periodo aún más caótico para la nación. Esos controles de precios y la represión que lleva implícita harán que disminuyan las ofertas a la población, ya de por sí muy alicaídas. Por otra parte, resulta evidente la contradicción de las autoridades entre sus anuncios de que se disponen a llevar a cabo la totalidad de las medidas contenidas en los documentos partidistas y gubernamentales —como los Lineamientos y la Conceptualización del Modelo Económico y Social—, los cuales reconocen un espacio para las relaciones de mercado, y después aparecerse en la práctica con políticas que niegan tales condiciones.
Esa foto es del museo del no me acuerdo llamado pan.