El régimen está dispuesto a tomar medidas fracasadas y antiobreras en el tema de la vivienda

Entre las más de 70 medidas anunciadas por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, con tal de desarrollar la adormecida economía nacional, hay dos que tienen que ver con la construcción de viviendas. Un asunto permanentemente incumplido, y que constituye uno de los problemas más graves que afronta la población cubana. Precisamente, en una de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular se informó que al cierre de junio el plan nacional de construcción de viviendas se cumplía solo al 33%, lo que augura otro probable incumplimiento al cierre del actual 2022.

Una de las medidas en cuestión establece "evaluar la pertinencia de reactivar el movimiento de microbrigadas como una alternativa para avanzar en la solución de las necesidades de la población". En verdad, el movimiento de microbrigadas nunca ha recibido oficialmente su certificado de defunción. No obstante, se fue debilitando paulatinamente debido al incumplimiento de los gobernantes con las aspiraciones de los microbrigadistas.

Las microbrigadas surgieron en la segunda mitad de los años 80. Las integraban trabajadores de entidades estatales  necesitados de vivienda. Lo mismo podíamos encontrar en ellas a un profesional, que a un simple obrero. Comoquiera que las autoridades sabían que los microbrigadistas eran rehenes de sus necesidades, se aprovecharon de semejante condición para que estos últimos construyeran las obras que quería el Gobierno.  

Con frecuencia los microbrigadistas debían paralizar la construcción de sus viviendas para ir a donde los enviaran las autoridades, como podía ser la construcción de Expocuba, la ampliación del Acuario Nacional, la edificación de consultorios del médico de la familia, de placitas para productos del agro (la mayoría de ellas, hoy desabastecidas), y hasta la apertura de túneles populares para estar a tono con la alocada política de la "guerra de todo el pueblo", alentada por Fidel Castro.  

Por otra parte, una vez que se terminaba algún edificio construido por una microbrigada, había que destinar un porcentaje  de esas viviendas para un denominado fondo estatal, lo que disminuía el número de microbrigadistas que alcanzaban su vivienda. Entonces se daba el caso de que alguien que jamás había participado en la construcción de esos inmuebles (claro, casi siempre cercano a la maquinaria del poder) se apropiara de una vivienda, mientras que algún esforzado constructor quedara sin su morada.

Fueron anomalías que motivaron gradualmente la salida de muchos integrantes del movimiento de microbrigadas, decepcionados con el tratamiento gubernamental hacia ellos, algunos de los cuales no obtuvieron finalmente sus viviendas a pesar de permanecer por más de una década en el movimiento. Por tanto, es lógico suponer que si las autoridades decidieran finalmente retomar el accionar de las microbrigadas, tendrían que conducirse de manera que maltraten menos a sus integrantes.

La otra medida anunciada por el ministro Gil se refiere a "estimular que las empresas estatales, a partir de sus utilidades, dediquen financiamiento a la construcción de viviendas para sus trabajadores".

A primera vista no hay nada objetable en eso de que una empresa dedique el 50% —o una parte de él— de las utilidades,  que son las que quedan a su nivel,  para construir viviendas a sus trabajadores. Lo que sucede es que ese dinero se va a restar de la distribución de utilidades a entregar directamente a los trabajadores. Y todo indica que este último destino es el que prefieren los colectivos laborales en estos momentos, cuando ningún salario alcanza debido a la inflación que depreda el bolsillo de los cubanos.

Curiosamente, algunos académicos y especialistas cercanos a la jerarquía castrista se han pronunciado recientemente por que no se distribuya la mayor parte de las utilidades a los trabajadores, sino que se dedique a potenciar la capacitación, la ciencia, o la innovación. Y aducen que inyectar directamente ese dinero en la circulación incrementaría la inflación.

Sin desdeñar la importancia de los destinos antes mencionados, no sería desacertado calificar como una política antiobrera la dirigida a no satisfacer las aspiraciones más perentorias de la masa trabajadora.

Bueno, ¿y qué dice de todo eso la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC)? Pues, como siempre, da el visto bueno a todo lo que provenga de las altas esferas del poder.