La ONG Amnistía Internacional denunció esta semana las "detenciones masivas sin precedentes" llevadas a cabo en Venezuela "tras la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio".
"Se presume que todas estas detenciones son arbitrarias y forman parte de la persecución política del gobierno de Nicolás Maduro contra cualquier percepción de disidencia. Estos hechos deben ser considerados por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela", destacó la ONG, en el informe "Venezuela: 'Sentía que estaba muerto': tortura contra niños y niñas por motivos políticos", en el que plantea exigencia al régimen de Maduro, así como demandas a la comunidad internacional.
"Si bien Amnistía Internacional ha documentado casos de niños detenidos arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela en años anteriores, la masividad de las detenciones actuales es inédita, llegando a 198 niños y niñas detenidos a principios de septiembre", alertó la organización.
"También alarma que, por primera vez, Amnistía Internacional registra la imputación por cargos de terrorismo, el sometimiento a procesos judiciales injustos y la privación de libertad por períodos prolongados a menores de 18 años. Se tiene conocimiento de que hay personas que viven con alguna discapacidad y neurodivergentes entre las detenidas, de las cuales algunas son niños y niñas", añadió.
"En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, la detención fue arbitraria, por no contar con una orden de aprehensión dictada por un juez o no haber sido en flagrancia de un delito. Los niños y niñas permanecieron varios días desaparecidos, sin que su familia supiera de su paradero, y su puesta a disposición ante un tribunal rebasó el límite que marca la ley y el derecho internacional, un máximo de 24 horas", denunció la ONG.
"En las horas y días siguientes a su detención y hasta su presentación, al menos cinco de ellos habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión", destacó.
Asimismo, "en la mayoría de los casos, las familias fueron quienes garantizaron su alimentación diaria, así como sus medicinas en caso de requerirlas, incluso en los casos de las secuelas a consecuencia de las torturas infligidas durante la detención".
En cuanto al tratamiento penal de los menores, Amnistía Internacional precisó que "las audiencias ante el poder judicial fueron sumarias, colectivas y en numerosos casos se dieron fuera de plazo. En todos los casos documentados, en las audiencias preliminares, la jueza a cargo habría incitado a que se declararan culpables para rebajar sus penas de diez años de prisión, a seis años y ocho meses, y sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Ninguno de ellos aceptó su culpabilidad".
En este contexto, Amnistía Internacional exigió al régimen de Maduro que "ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente". Demandó, igualmente, "que se abstengan de torturar y someter a niños y niñas privadas de la libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a procesos penales infundados e injustos".
Otra de las exigencias es "que se abstengan de cometer actos de retaliación contra familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la crítica situación de personas injustamente encarceladas".
"Que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al Gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil", es otra de las exigencias al régimen.
Además, Amnistía Internacional pidió a los miembros de la comunidad internacional "que dispongan todas las medidas y cauces diplomáticos disponibles para lograr la liberación de los niños y niñas privadas de la libertad de forma arbitraria, así como para garantizar su derecho a la integridad personal mientras se encuentren privados de la libertad".
