En lo que ha sido el pronunciamiento más categórico sobre Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varios años, el organismo hemisférico denunció un fraude electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro y llamó a las naciones democráticas del continente a no normalizar la grave situación que afecta a los venezolanos.
Comisionados y relatores de la CIDH aprovecharon el periodo de audiencias de la entidad y dieron una inusual rueda de prensa conjunta para referirse en extenso al caso venezolano, cuya crisis de derechos humanos —especialmente civiles y políticos— se agudizó en el contexto posterior a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de este año, y en las cuales de acuerdo con las actas electorales recabadas por la oposición el ganador fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Pese a que esas actas, un 85% del total, fueron recopiladas, escaneadas y puestas en línea, el régimen de Nicolás Maduro insiste en que ganó las elecciones, sin poder mostrar actas o resultados desagregados. Ha cobrado fuerza en distintas instancias, también en la CIDH, que efectivamente González Urrutia se impuso 70-30 a Maduro, un dato corroborado también por el Centro Carter, que fue la única entidad extranjera especializada que pudo realizar observación electoral dentro de Venezuela.
"Tres meses y medio después de la elección nuestro mensaje es que lo que sucedió y lo que sucede no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades electorales de Venezuela siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales", manifestó en la conferencia de prensa Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
Por su parte, la relatora del organismo dedicada al país sudamericano, Gloria Monique de Mees, insistió en la importancia de un "esfuerzo diplomático multilateral coordinado" para apoyar a Venezuela "en una transición pacífica a la democracia", y que también permita "restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses".
El abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado saludó el pronunciamiento de la CIDH sobre la deriva autoritaria y represiva que siguió a continuación del 28 de julio, cuando el Gobierno de Maduro se negó a aceptar un resultado electoral categórico a favor del cambio.
Alvarado, en reacción a una consulta de DIARIO DE CUBA, dijo desde Caracas que la comunidad democrática de la región no puede normalizar la permanencia en el poder de un régimen que no solo hizo fraude el 28 de julio, sino que a posteriori implementó una amplia política de represión. "No se normaliza que haya más de 2.500 presos políticos y que se torture y se mantengan detenidos a niños", recalcó el abogado.
Entretanto, y de acuerdo con la CIDH, después de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin publicar las actas de votación, se registraron unas 300 protestas espontáneas en el país que fueron reprimidas.
Dada la ausencia de resultados desagregados por parte del CNE y la no exhibición de las actas electorales por parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la CIDH declaró que la proclamación de victoria por parte del ente electoral del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es "ilegítima".
Por su parte, la presidenta de la CIDH, Roberta Clark, dijo que ante la versión oficial de que Maduro ganó las elecciones, la comunidad internacional debe "seguir pidiendo la rendición de cuentas y la publicación de las actas del escrutinio".
Al analizar la situación de las personas detenidas en una oleada represiva masiva tras el 28J para acallar las manifestaciones callejeras (unas 300 en dos días) que denunciaban el fraude, la CIDH ha documentado diversas violaciones de derechos humanos básicos.
"Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión", detalló De Mees.
Por su parte, Clarke resaltó que se ha documentado el uso indebido de la fuerza, lo que ha resultado en persecuciones y muertes, sumado a arrestos arbitrarios, desapariciones forzosas y restricciones de la libertad de expresión. Todo esto forma parte del patrón represivo del Estado documentado por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
"El Gobierno ha violado y reprimido a las personas por manifestarse contra los resultados electorales. Esta es una realidad política para aquellos que se atreven a alzar la voz", afirmó la presidenta de la CIDH.
Para la CIDH la migración venezolana también es un tema de interés. Andrea Pochak, comisionada de la organización y especialista en temas de migración, destacó la preocupación de la CIDH y advirtió que si la situación política y social no mejora dentro de Venezuela los venezolanos seguirán "siendo expulsados del país".
Unos ocho millones de venezolanos han emigrado de su país desde el año 2015, según datos de organismos internacionales. Eso representa alrededor de una cuarta parte de la población. Tras el fraude electoral del 28J y la subsiguiente represión, organismos civiles locales en las fronteras con Brasil y Colombia han registrado un repunte en la salida de venezolanos desde su país.
"La CIDH está monitoreando la situación de las personas que han sido expulsadas o que han salido de Venezuela. En 2023, esta instancia emitió un informe específico sobre migrantes y refugiados. Seguimos monitoreando, promoviendo que los países de tránsito y acogida manifiesten su solidaridad con los ciudadanos", enfatizó la especialista desde Washington.
