La trasnacional española Telefónica, que dentro de Venezuela opera como Movistar, admitió ante la Justicia de EEUU haber sido parte de un esquema de sobornos a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a cambio de acceder a dólares con precio preferencial, que administraba el Estado venezolano.
Este 9 de noviembre, la agencia Associated Press reveló detalles del acuerdo alcanzado ante la Justicia de EEUU para evitar llegar a un juicio en territorio estadounidense. La firma se comprometió a pagar una multa de 85 millones de dólares. El caso forma parte de una suerte de telaraña que llevan varias fiscalías federales sobre tramas de corrupción del régimen de Maduro con ramificaciones dentro del país norteamericano.
A través de su cuenta en X, el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, contó un caso en particular para mostrar cómo funcionaron estos sobornos: la empresa española de telecomunicaciones, con filiales en diversos países de América Latina, financió unas vacaciones de medio millón de dólares de un alto funcionario del chavismo en San Bartolomé, una isla francesa en el Caribe.
Según Goodman, al viaje en sí se sumaron 605.000 dólares en relojes y joyas de lujo para el funcionario y su esposa.
En un comunicado remitido por el propio Departamento de Justicia estadounidense, la fiscal general adjunta principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal, explicó que "Telefónica [en Venezuela] sobornó a funcionarios del Gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa".
Parte del acuerdo alcanzado con la Justicia por la empresa española ha impedido que se abriera formalmente un juicio, que habría expuesto a la trasnacional a un mayor escrutinio público, por actuar en comanditas con un régimen como el de Maduro, investigado por la justicia internacional no solo por hechos de corrupción sino por violaciones a los derechos humanos.
El mismo día que se publicó el comunicado, la filial de Telefónica firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) por violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Aunque los hechos sancionados ocurrieron en 2014, salpican a la actual plana mayor de Telefónica España, la casa matriz. Hace diez años, el presidente de Telefónica era César Alierta. El actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era entonces consejero delegado y Ángel Vilà, actual consejero delegado, ejercía como director de Finanzas Corporativas.
Por las sumas envueltas en este caso es difícil imaginar que estas prácticas se pusieran en marcha, en Venezuela, sin la aprobación de Madrid.
Según ha informado en España este lunes El Confidencial, citando a fuentes próximas al caso, la operadora sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador, y durante las negociaciones con la Justicia estadounidense pactó una serie de condiciones para evitar un juicio "que hubiera tenido peores consecuencias".
Una de ellas, el despido de "los máximos responsables de los sobornos", entre los que estaba Pedro Cortez, que era consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro.
Cortez fue presidente ejecutivo y CEO de Telefónica en Venezuela entre 2012 y 2017, momento en cual pasó a ejercer el mismo puesto en la filial peruana de la compañía, Telefónica del Perú. En ese cargo se mantuvo hasta julio de 2023, cuando fue nombrado director de estrategia de Hispam, la unidad del grupo empresarial que reúne los negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Venezuela.
Sin mayores explicaciones, Cortez y Telefónica cesaron su vinculación en julio de este año, se presume que como parte del proceso judicial que estaba en marcha.
Según documentos a los que ha accedido la Justicia estadounidense, en 2014 la filial en Venezuela participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Venezuela, que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses, a una tasa preferencial, con el fin de repatriar ganancias.
Para asegurar su éxito en la subasta, la compañía reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como "comisión" a funcionarios del Gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, la empresa telefónica cubrió el costo de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados.
Explica El Confidencial que, como resultado de sus "pagos corruptos", a la firma española se le permitió cambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema.
Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el Gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.
Este no es el único escándalo que involucra a la filial venezolana de Telefónica con el chavismo en el poder. Hace dos años, en el marco de un reporte de transparencia presentado en Madrid, salió a la luz pública que Movistar realizaba masivamente, dentro de Venezuela, pinchazos de teléfonos a solicitud del régimen de Nicolás Maduro.
Durante el año 2021, Telefónica, cuya filial venezolana es Movistar, confirmó haber intervenido las comunicaciones de 1,5 millones de sus suscriptores en el país, lo cual representa un 21% del total de sus abonados en este país sudamericano.
Telefónica de España ha reconocido que desde 2016 ha recibido solicitudes del régimen venezolano. Entre 2016 y 2021 la empresa admitió haber realizado 3,5 millones de intercepciones, con lo cual ese último año ha sido el de mayor volumen.
En los últimos dos años, la empresa ha evitado mencionar este tema en sus reportes de transparencia empresarial.
Cuantos como estos casos se habran dado en Cuba en 65 anos?