La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas, calificadas por los militantes chavista como "traidores a la patria", que promuevan o estén implicadas, de una u otra forma, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y "autoridades" del Estado, informó la agencia EFE.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela incluye, además, la inhabilitación política por 60 años a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular. De esta forma, la ley se convertirá en otro instrumento del chavismo para impedir en el país un juego democrático, para perseguir y encarcelar a los líderes opositores y para conformar elecciones hechas a la medida de Maduro.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución de acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos contra el país, sus instituciones o autoridades".
"Te traemos la ley que castiga a los traidores a la patria, te traemos la ley que castiga a los extranjeros que intenten mancillar el sagrado nombre de Simón Bolívar y los libertadores de América, te traemos la ley que castigue a aquellos que soliciten sanciones, invasiones", dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada de manera irrestricta por el régimen de Maduro.
Además, la ley también prevé multas y otros castigos, como la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, a los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela", dijo Rodríguez.
De igual forma, la ley destaca que desconocer "la legitimidad de los poderes públicos", o "el reconocimiento de investiduras a sujetos que simulen representar el poder público", son "acciones que ponen en riesgo la soberanía". Así, el régimen de Maduro se blinda legalmente ante la posibilidad de que el próximo 10 de enero el legítimo presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, regrese a Caracas para asumir el cargo.
La ley, además, considera que las sanciones internacionales "son crímenes de lesa humanidad", al tiempo que plantea la creación de un "registro nacional de personas bajo presunción fundada de incurrir en todas estas acciones". Estas personas, que integrarían una lista que el chavismo utilizaría como mecanismo de represión, corren el riesgo de que sus activos se congelen, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de que expulsen del país y se sometan a una "extinción de dominio", para que el Estado los despoje de bienes en el territorio nacional.
Este miércoles, el Gobierno de EEUU, a poco más de 40 días de que Joe Biden le entregue a Donald Trump el testigo de la Casa Blanca, anunció nuevas sanciones contra 21 altos cargos del régimen de Maduro. Así, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Entre los nombres más relevantes destacan el de Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello y nuevo responsable de la policía política venezolana, y el de Javier Marcana Tábata, nuevo jefe de la Contrainteligencia Militar.
