La ola de represión masiva que impuso el régimen de Nicolás Maduro para cortar de cuajo las protestas que denuncian fraude en las elecciones del 28 de julio sigue siendo una herida mayúscula en materia de derechos humanos en Venezuela, según el reporte de la organización no gubernamental Foro Penal, especializada en los casos de presos políticos.
Este 26 de septiembre, Foro Penal informó que desde el 29 de julio han sido detenidos por razones políticas un total de 1.723 personas, entre las cuales figuran 68 adolescentes. Los menores, como el resto de detenidos por los órganos de seguridad, han sido aislados, no gozan del derecho a la defensa y en diversos casos han sido trasladados a cárceles que están a centenares de kilómetros del lugar donde vive su familia, lo cual dificulta el soporte familiar.
El número tan elevado del total de presos políticos, que suma 1.867 contando a quienes ya estaban en prisión antes de las elecciones, así como esta detención de adolescentes en lugares de reclusión de adultos, son dos fenómenos inéditos en la represión registrada en Venezuela.
Desde 1958, cuando huyó el dictador Marco Pérez Jiménez y se abrió el camino a la democracia en Venezuela, no existía un número tan alto de presos políticos. Tampoco hay precedentes de detenciones de menores por causas políticas y obligados a permanecer junto a personas adultas.
Este 27 de septiembre, por su parte, la ONG de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado en particular por los adolescentes detenidos en la ciudad de Valencia, en el centro del país.
"Hemos recibido denuncias de varios familiares quienes informan que estos jóvenes están siendo presionados para admitir hechos que no han cometido. Alertamos que cualquier declaración que se obtenga bajo coacción está viciada de toda nulidad. Es importante recordar que estos jóvenes no han tenido acceso a defensores de confianza que los represente en procesos judiciales que claramente han vulnerado el debido proceso", señala esta organización.
"Los adolescentes han sido víctimas de amenazas y hostigamiento, algunos han sufrido conmociones psicológicas por lo que han experimentado episodios de estrés y ataques de pánico. Esta situación ha generado una profunda angustia en sus familias que se sienten impotentes ante el sufrimiento de sus seres queridos menores de edad", reza el pronunciamiento de Justicia, Encuentro y Perdón, quien llamó a las autoridades judiciales poner fin a estas detenciones.
El Gobierno de Nicolás Maduro y otras dependencias públicas, como la Fiscalía General o la Defensoría del Pueblo, no han dado respuesta a este tipo de solicitudes de la sociedad civil, ni tampoco han respondido a las madres y familiares de los jóvenes que, de forma pacífica, se han presentado ante las puertas de despachos oficiales.
De acuerdo con Foro Penal, el 90% de los presos políticos posteriores a las elecciones son hombres jóvenes de barriadas populares. Para analistas, estos jóvenes simbolizan el deseo de cambio que late entre los más pobres de Venezuela.
"Mi hermano ha sido víctima de tortura. Lo obligaron a grabar un vídeo en el que debía decir que le pagaron para salir a protestar (…) El expediente de mi hermano dice que está acusado de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado", reclamó Dionexis García, hermana de Diomer Gómez (16 años).
A las puertas de la Fiscalía, la joven venezolana denunció que el expediente de su hermano no muestra ninguna prueba de los supuestos delitos, salvo el testimonio que debió grabar obligado. "Con más de 50 días detenido la Fiscalía no tiene pruebas", precisó Dioxenis García.
Los familiares de adolescentes detenidos introdujeron un documento ante la Fiscalía, pero esta oficina pública se negó a colocarle un sellado de confirmación como recibido, con lo cual la dependencia evade responsabilidad, según la propia denuncia de quienes se manifestaron en el centro de Caracas este 26 de septiembre.
Después del 28 de julio, el Gobierno de Maduro intensificó sus acciones "para aplastar toda oposición pacífica", sumiendo al país en "una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente", comentó por su parte este 17 de septiembre en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un equipo de expertos que forman parte de la Misión de Verificación de los Hechos en Venezuela.
"Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano", sostuvo Marta Valiñas, una jurista portuguesa quien encabeza esta misión con mandato de la ONU.
En Venezuela, "niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio", denunció este panel de expertos en derechos humanos que ha establecido la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
