El Consejo de Estado aprobó cuatro nuevos decretos leyes que introducen cambios en áreas de la economía cubana, desde el funcionamiento de las MIPYMES y las cooperativas hasta las importaciones y la contratación de bienes y servicios.
Las medidas fueron adoptadas este miércoles durante una sesión ordinaria del órgano, encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel, según informó el portal oficial Cubadebate.
Aunque el Gobierno presenta las disposiciones como parte de las transformaciones económicas y sociales que pretende impulsar, los nuevos decretos se inscriben en un proceso de ajustes que busca ampliar determinadas actividades privadas sin abandonar el marco de una economía bajo fuerte dirección estatal.
Cambios para mipymes, cooperativas y trabajadores privados
El primero de los decretos modifica los Decretos leyes 88, 89 y 90, correspondientes respectivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
La disposición fue presentada por Lázara Mercedes López-Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales.
Según la versión oficial, el objetivo es eliminar restricciones y favorecer una mayor diversidad del sistema empresarial, mediante cambios en aspectos como la aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía de estos actores económicos.
El Gobierno vincula estas modificaciones con las transformaciones económicas y sociales aprobadas para actualizar su modelo de gestión.
La formulación oficial apunta a una mayor flexibilidad para el sector no estatal, aunque el alcance concreto dependerá de las normas complementarias y de cómo las autoridades implementen las nuevas facultades y reglas.
Importaciones comerciales para personas naturales
Otro de los cambios modifica el Decreto-ley 22, que regula los aranceles de Aduanas para las importaciones sin carácter comercial.
La nueva disposición autoriza la importación con carácter comercial de mercancías por personas naturales que ingresen al país como pasajeros y mediante envíos por vías no comerciales.
El Gobierno aclara que esta posibilidad no convierte a esas personas en operadores de comercio exterior.
La medida podría abrir un espacio adicional para particulares que actualmente abastecen una parte importante del mercado cubano mediante compras en el extranjero y envíos de mercancías, aunque el alcance real de la flexibilización dependerá de las condiciones, límites y procedimientos que establezcan las autoridades aduaneras.
El cambio se produce en un contexto de persistente escasez de productos y de creciente presencia de vendedores privados que dependen de mercancías adquiridas fuera de Cuba para abastecer el mercado interno.
Licitaciones como método general de contratación
El tercer decreto ley aprobado establece un régimen sobre licitaciones.
La norma, presentada por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pretende convertir la licitación en el método general para seleccionar contrapartes en contratos relacionados con bienes, servicios, obras, gestión de espacios, capacidades productivas y otras formas de utilización de recursos estatales.
El mecanismo se aplicaría a actores económicos estatales y no estatales.
En teoría, una regulación de este tipo puede "introducir mayores elementos de competencia y transparencia en el acceso a recursos públicos". Sin embargo, el texto divulgado por el Gobierno no ofrece detalles sobre los procedimientos concretos, los mecanismos de supervisión ni las garantías para evitar que la selección de contratistas quede condicionada por decisiones administrativas o políticas.
La norma será aplicada dentro del marco que las autoridades siguen definiendo como "economía socialista".
Seguro obligatorio para los vehículos
El cuarto decreto ley establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos de transporte terrestre de motor.
La disposición fue presentada por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.
La obligación alcanzará a todo titular de un vehículo de motor de transporte terrestre que circule por las vías públicas y férreas del país, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras.
El objetivo declarado es unificar los regímenes de responsabilidad civil derivados de la conducción de vehículos y establecer la obligatoriedad de contratar un seguro.
El Gobierno no detalló en la información publicada las tarifas, coberturas, mecanismos de contratación ni las fechas concretas de entrada en vigor de esta obligación.
Las asambleas municipales deberán aplicar las transformaciones
José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional, presentó por su parte un conjunto de acciones destinadas a que las asambleas municipales implementen y den seguimiento a las transformaciones económicas y sociales.
La intención es trasladar parte de ese proceso al ámbito local y reforzar el papel de los órganos municipales en la evaluación de las medidas.
La sesión también revisó acuerdos adoptados en reuniones anteriores y contó con la participación de directivos de las comisiones parlamentarias.
Los cuatro decretos no han sido publicados en la Gaceta Oficial. Complementarían un paquete de 176 medidas que llega en medio de una crisis social que el economista Pedro Monreal considera insuficientemente atendida por el Gobierno. En un análisis publicado esta semana, Monreal cuestionó que las reformas productivas se planteen bajo una lógica de "oferta primero", dejando para después los efectos sobre una población afectada por la inseguridad alimentaria, la escasez de medicamentos, la inflación y las dificultades para acceder a servicios básicos.
A su juicio, la emergencia social debería constituir un eje propio del programa y no ser tratada como una consecuencia que eventualmente pueda aliviarse con una mayor producción.
Monreal también ha señalado que el paquete carece de dos condiciones que considera esenciales para que las reformas tengan posibilidades de éxito: la respuesta inmediata a la emergencia social y la estabilización macroeconómica. Su crítica se suma a los cuestionamientos sobre el Fondo de Protección Social previsto por el Gobierno, cuyos recursos dependerían en parte del ahorro derivado de la eliminación de subsidios, lo que podría dejar a los sectores más vulnerables expuestos durante la transición.
El economista sostiene que reconocer y atender explícitamente la dimensión humanitaria de la crisis obligaría al Gobierno a asumir la magnitud del deterioro económico y social que atraviesa la Isla.
