La Oficina Nacional de Atención Tributaria (ONAT) de La Habana cerró varios negocios que se negaban a aceptar pagos mediante transferencias. Presentó dichos cierres como parte de su accionar contra ilegalidades e indisciplinas.
En su página de Facebook, la ONAT describió el lunes las negativas a recibir transferencias como "conductas intencionales" que "constituyen presunto delito de evasión fiscal" y "vulneran las normas tributarias vigentes y afectan el derecho del consumidor de elegir su forma de pago".
La aceptación de transferencias fue impuesta por el Gobierno de Cuba en 2023, sin haber creado las condiciones para ello.
El domingo, la propia entidad gubernamental compartió en su página una publicación del Consejo de la Administración del municipio capitalino Plaza de la Revolución, que informaba de la habilitación de un número de WhatsApp para realizar "denuncias relacionadas con negocios privados o estatales".
Entre las "violaciones" cuya denuncia promueven las autoridades del municipio habanero aparece la negativa a aceptar transferencias.
Se incluyen, además, los "precios abusivos y especulativos", el cobro de un gravamen o porcentaje por aceptar transferencias, el establecimiento de un horario para aceptar esa forma de pago, la fijación de límites para el monto a transferir, la existencia de un Código QR que transfiere a una cuenta personal y no fiscal, y la estimulación del pago en efectivo, estableciendo porcentajes de precios diferenciados.
Tanto la publicación de la ONAT sobre los cierres de negocios como la del Consejo de la Administración de Plaza de la Revolución llegaron menos de un mes después de que el medio oficial Juventud Rebelde sostuviera que la acumulación del efectivo en manos de la economía no estatal "se ha agudizado en las últimas semanas de manera dramática", en un artículo titulado "El secuestro del peso cubano".
Para el autor del texto, no debe permitirse que "un cubano quede a merced de un mercader que vela por hacer cada vez más lucrativo su negocio saltándose las leyes como en una carrera de vallas. Es un acto de crueldad mayúscula impedir que alguien pague y acceda a un bien, especialmente en las condiciones que ahora atravesamos. Detrás de cada pago en línea denegado, de cada billete pequeño que es rechazado, puede haber una abuela que necesita su proteína, un niño sin leche, una familia sin desayuno, un alivio que no llega".
Convenientemente, el diario de la juventud cubana obvió que en las tiendas del conglomerado empresarial militar GAESA solo pueden comprar los cubanos que tienen dólares. En esos establecimientos, el régimen admitió el pago en efectivo en 2025, luego de prohibirlo tiempo antes, en otra maniobra para controlar las remesas que los emigrados envían a sus allegados en la Isla.
Sin embargo, un artículo publicado simultáneamente por el medio oficial Cubadebate —que también culpaba a los negocios que no aceptaban transferencias de contribuir a la edificación de un "sistema financiero paralelo"— mostró por qué muchos dueños de negocios no aceptan o ponen límites a los pagos mediante transferencias.
Un vendedor explicó que los proveedores mayoristas tienen almacenes y contenedores enteros, y no aceptan transferencias, porque compran en dólares. Por otro lado, cuando los dueños de las MIPYMES intentan convertir su saldo digital en efectivo para adquirir los dólares necesarios para importar, chocan con el límite de extracción que les impone el banco.
Ese límite fue modificado, pero no eliminado, a mediados de julio. En vez de 120.000 pesos, los cubanos podrán extraer 2,5 millones de pesos al mes.
El Banco Central de Cuba (BCC) también anunció entonces el cobro de una comisión del 0,2% por la extracción de efectivo, alegando los costos asociados a la impresión, transporte y custodia del dinero, aunque eliminó el cobro por depósitos en efectivo realizados por comercios.
La medida contrasta con la prohibición de que las MIPYMES cobren comisiones por aceptar pagos realizados mediante transferencias.
El BCC también informó que los comercios recibirán una bonificación del 2% por las operaciones realizadas mediante la plataforma Pago en Línea y que la comisión bancaria se reducirá del 1,5% al 0,8%.
Sin embargo, la reticencia de los dueños de MIPYMES a aceptar transferencias parece demostrar que los incentivos no compensan las dificultades que les impone esa forma de cobro.
Es muy complicado el tema, teniendo en cuenta que nada funciona en el país.
Es muy complicado el tema, teniendo en cuenta que nada funciona en el país.