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Finanzas

Pedro Monreal: La 'planificación financiera' del régimen 'funciona como retórica política'

El economista sostiene que las 176 medidas no representan una reforma y mantienen intacta la doctrina de la planificación centralizada.

La Habana
Una cola del Banco Metropolitano en La Habana.
Una cola del Banco Metropolitano en La Habana. Diario de Cuba

El economista cubano Pedro Monreal consideró que el paquete de 176 medidas económicas anunciado por el Gobierno, lejos de representar una reforma estructural, constituye un conjunto de disposiciones marcadas por la "vaguedad conceptual" y la continuidad del modelo centralizado.

En un hilo publicado en la red social X, Monreal consideró que la principal novedad presentada por las autoridades, la supuesta transición hacia un "modelo de planificación financiera", carece de contenido transformador.

"La vaguedad conceptual es uno de los rasgos centrales de las 176 medidas, que no constituyen un diseño de reforma. La transición hacia un 'modelo de planificación financiera' funciona como retórica política y oculta aquello que no se pretende cambiar", escribió.

El análisis del economista llega un día después de que el Banco Central de Cuba (BCC) anunciara un paquete de medidas para intentar aliviar la crisis de liquidez que atraviesa el sistema bancario, entre ellas la utilización de comercios estatales y privados para pagar pensiones, la flexibilización de los límites para operaciones en efectivo y la emisión de nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos.

Aunque las autoridades presentaron esos cambios como parte de una evolución hacia una "bancarización más inteligente" y un nuevo esquema de planificación financiera, Monreal sostuvo que el concepto no implica una modificación del modelo económico.

Recordó que la "Conceptualización del modelo económico y social cubano", aprobada en 2021, define expresamente la planificación centralizada como "la categoría rectora, definitoria del sistema de dirección".

"Lo esencial es su carácter centralizado, no sus variantes 'material' o 'financiera'", señaló.

A juicio del economista, sustituir el énfasis en la planificación material por mecanismos financieros no altera la esencia del sistema.

"Transitar hacia una 'planificación financiera' implica un cambio de énfasis instrumental que no es nuevo", afirmó. Añadió que el propio documento rector del modelo económico ya contempla el uso de "instrumentos directos e indirectos", sin renunciar a la dirección estatal de la economía.

Monreal explicó que un mayor empleo de indicadores monetarios, fiscales, financieros y de rentabilidad no supone una mayor apertura al mercado, sino que mantiene intacta la lógica de intervención estatal.

"El Estado continúa 'planificando' mediante palancas financieras. Permanece intacta la doctrina que privilegia la 'mano visible' del Estado sobre la 'mano invisible' del mercado", sostuvo.

En su último mensaje, el economista insistió en que la falta de definiciones impide conocer el verdadero alcance de la propuesta gubernamental.

"La imprecisión conceptual de la supuesta transición hacia una 'planificación financiera' presenta, en clave retórica, un pragmatismo apresurado. No aclara si ese modelo inaugura una etapa estable o si abre paso a una economía mixta de mercado", concluyó.

Las observaciones de Monreal se producen mientras el Gobierno intenta corregir varios de los problemas generados por su proceso de bancarización, iniciado en 2023. El propio Banco Central reconoció esta semana que la demanda de efectivo supera la capacidad operativa del sistema financiero, una situación atribuida al déficit fiscal financiado con emisión monetaria, la inflación, la escasez de divisas y el aumento de las transacciones en efectivo.

Las nuevas medidas incluyen la eliminación del límite de 5.000 pesos para pagos en efectivo entre actores económicos, la elevación de los topes para operaciones bancarias hasta 2,5 millones de pesos mensuales por cliente, cambios en los incentivos a los pagos electrónicos y el cobro de una comisión por extracción de efectivo, además de la incorporación de comercios como puntos de pago de jubilaciones ante la incapacidad de los bancos para atender la demanda de los pensionados.
 

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