El Consejo de Estado de Cuba aprobó el jueves 16 de julio dos decretos leyes asociados a las medidas que buscarían liberalizar la economía en medio de las presiones de EEUU, y que afectan a las cooperativas agropecuarias y al sistema empresarial estatal.
Las nuevas normas son el Decreto Ley "Del Sistema Empresarial Estatal Cubano" y el "Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias", ambas aprobadas durante una sesión extraordinaria del Consejo de Estado.
Si bien hasta su publicación en la Gaceta Oficial no se sabrán los cambios normativos introducidos, el reporte del sitio oficial Cubadebate indicó que el segundo decreto ley "busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE)".
Roberto Ricardo Marrero, presidente de esa entidad, comentó que la normativa "da respuesta a 16 transformaciones de las 17 correspondientes al eje temático 1: transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, relativas a la empresa estatal socialista; así como favorece la implementación de 12 transformaciones de otros ejes".
Por su lado, Yovana Vega Mato, directiva del Ministerio de Economía y Planificación, señaló que el decreto ley "constituye la plataforma que habilita al sistema empresarial estatal, bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, para ejercer todas las facultades y para llevar adelante todas las transformaciones que se han mandatado, que se articulan con un conjunto de normas jurídicas en proceso de elaboración en este momento".
Esteban Lazo, presidente del Consejo de Estado, afirmó en la reunión que la normativa es relevante porque "ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional", y contribuye a ampliar las facultades que le dan autonomía, un propósito que las autoridades cubanas llevan años defendiendo de palabra, pero que en la práctica apenas tiene resultados dentro de una economía centralizada y con los peores niveles productivos de América Latina, según la CEPAL.
En cuanto al Decreto Ley "Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias", este regula la constitución, organización, integración y funcionamiento de estas cooperativas, actualizando su funcionamiento normativo "en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales", señaló el reporte.
Las autoridades del Ministerio de la Agricultura explicaron la pasada semana a medios nacionales que entre las medidas vinculadas al paquete de 176 "reformas económicas" que La Habana ofrece como una apertura inédita, pero que ya EEUU calificó como más de lo mismo, aparece la autorización a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior y gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.
A ello se suma la eliminación de los límites de hectáreas en la entrega de tierras, su tiempo de explotación y facilidades para que todos los actores económicos puedan solicitar tierras: cuentapropistas, MIPYMES, empresas mixtas e inversión extranjera.
El régimen trata de mostrar celeridad en la aplicación de las medidas económicas, pero la parálisis económica, los apagones y la crisis del transporte hacen inviables muchos de sus presuntos beneficios.
No obstante, la propia reforma despierta suspicacias entre los expertos. El economista cubano Pedro Monreal apuntó que, de las medidas anunciadas, es cuestionable desde una perspectiva económica que la que modifica el "usufructo de tierras agrícolas estatales no fije límites de tiempo ni de extensión. Desde el punto de vista cívico, aplicarla sin normas anticorrupción claras constituye un grave desacierto".
"En teoría, la tierra entregada en usufructo pertenece 'a todo el pueblo'. Por tanto, los derechos de tenencia de los usufructuarios están limitados por derechos colectivos de propiedad. ¿Qué normas impedirían hoy la captura de tierra estatal mediante clientelismo político?", cuestionó.
Según Monreal, "privatizar y cooperativizar tierra estatal —complementando ese proceso con usufructo— dentro de un marco normativo robusto sería preferible (...) Sin normas legales transparentes ni procesos auditables, un usufructo sin límites de tiempo ni de superficie se vuelve más vulnerable a la corrupción y puede favorecer la captura por élites de uno de los principales activos económicos de la nación".
Precisó que "un modelo expedito de usufructo que transfiera al menos un millón de hectáreas —estimación conservadora— en un contexto normativo débil, podría derivar en un latifundismo de nuevo tipo, integrado por una élite rural de funcionarios reciclados, familiares y testaferros".
"Lo que se presenta oficialmente hoy como una tabla de salvación productiva para el campo 'de todo el pueblo' podría terminar convirtiendo de facto tierra pública en privada: un despojo de lo público en beneficio de una minoría políticamente bien conectada", subrayó.
Pataditas de ahogado que ve su fin cercano ...