El régimen dio un nuevo paso para endurecer el control sobre los contribuyentes al aprobar un mecanismo que permitirá debitar automáticamente las cuentas bancarias de quienes mantengan deudas tributarias con el Estado cubano, publicó el portal oficial Cubadebate.
La medida quedó establecida en la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial No. 53 y divulgada este sábado por medios oficiales. La norma entrará en vigor dentro de 30 días y, según el Gobierno, busca fortalecer la disciplina fiscal y garantizar recursos para el Presupuesto del Estado.
De acuerdo con la disposición, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) podrá emitir una orden de cobro directamente al banco, sin necesidad de la aceptación del titular de la cuenta, cuando una deuda tributaria haya sido determinada y notificada y el contribuyente no la haya pagado dentro del plazo establecido, ni haya presentado reclamaciones o solicitado un aplazamiento.
La resolución se aplicará tanto a personas jurídicas estatales y privadas como a personas naturales, incluso a quienes no tengan la condición de contribuyentes, siempre que mantengan deudas tributarias reconocidas por la ONAT.
Uno de los aspectos más llamativos de la nueva normativa es que, en los casos de personas naturales identificadas por la Administración Tributaria como responsables de subdeclaración o evasión fiscal, el cobro podrá extenderse a sus cuentas bancarias personales. Si el saldo disponible no alcanza para cubrir el total de la deuda, el banco realizará débitos parciales hasta completar el monto adeudado.
La medida llega en un contexto de creciente presión fiscal sobre el sector no estatal y de una profunda crisis económica que ha reducido la capacidad de pago de miles de trabajadores por cuenta propia, mipymes y ciudadanos. Durante los últimos dos años el Gobierno ha incrementado impuestos, eliminado beneficios tributarios y endurecido las sanciones contra los deudores, mientras busca aumentar la recaudación para sostener unas finanzas públicas cada vez más deterioradas.
Cuba cuenta con uno de los sistemas tributarios más gravosos de la región. Según datos oficiales, los tributos representan más del 64% de los ingresos del Presupuesto del Estado y el Gobierno mantiene regulados más de una veintena de impuestos, además de tasas y contribuciones obligatorias.
En 2024, el Ministerio de Finanzas elevó significativamente la carga tributaria sobre los trabajadores por cuenta propia mediante nuevos tipos impositivos para mayores niveles de ingresos y multiplicó hasta por cinco el valor fiscal de numerosas viviendas para el cálculo de impuestos sobre compraventas inmobiliarias. Paralelamente, intensificó las inspecciones y el procesamiento de presuntos evasores fiscales.
Según cifras ofrecidas anteriormente por la propia ONAT, solo durante 2023 fueron retiradas más de 3.000 autorizaciones para ejercer actividades económicas, se ordenaron unos 2.600 cierres temporales o definitivos de establecimientos, se embargaron más de 8.700 cuentas bancarias y se impusieron miles de restricciones para salir del país a contribuyentes con deudas tributarias.
El endurecimiento del aparato recaudatorio contrasta con el progresivo deterioro de los servicios públicos que, según el discurso oficial, deberían sostenerse con esos ingresos. Mientras el Gobierno insiste en que el pago de impuestos constituye un "deber ciudadano" para financiar políticas sociales, los cubanos enfrentan apagones diarios de más de veinte horas en numerosas localidades, una crisis crónica del abastecimiento de agua potable, el colapso del transporte público, el deterioro del sistema sanitario y una creciente escasez de medicamentos y alimentos.
En la práctica, la nueva resolución refuerza las facultades coercitivas de la Administración Tributaria en un momento en que el Estado necesita incrementar la recaudación para hacer frente a una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, trasladando una parte cada vez mayor del peso fiscal sobre el sector privado y los ciudadanos, sin que ello se traduzca en mejoras perceptibles en la calidad de los servicios que recibe la población.
