En medio del caos económico cubano y las tiranteces entre el Gobierno y las MIPYMES, las autoridades rectoras de la actividad fiscalizadora y de control coinciden en que no hay una cifra exacta de cuánto dinero se escapa de las arcas públicas debido a la evasión fiscal, un fenómeno que califican como "multifactorial, influenciado por factores económicos, sociales, culturales y tributarios". Del análisis publicado este miércoles al respecto por el medio digital oficialista Cubadebate se desprende que, según la perspectiva estatal, la culpa la tienen, otra vez, la MIPYMES.
Belkis Pino Hernández, vicejefa primera de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), informó que al cierre del 2023 y hasta mayo de 2024 se presentaron 210 informes de denuncias por presunta evasión fiscal, 207 de las cuales corresponden a personas naturales y tres a personas jurídicas. De ese total, 30 expedientes fueron archivados por efectuar el pago total de la deuda, 117 se radicaron y 63 quedaron pendientes. Sin embargo, hasta el momento, hay sentencia firme en solo seis casos: dos en Ciego de Ávila, dos en Camagüey, uno en Holguín y otro en Santiago de Cuba.
Pino Hernández afirmó que, hasta la fecha, la ONAT ha cerrado 15 micro, pequeñas y medianas empresas debido a "irregularidades en la contabilidad". La funcionara dijo, asimismo, que la oficina tributaria retiró la autorización a 323 cuentapropistas, de forma temporal o definitiva, debido a procesos asociados a la evasión fiscal. Por este mismo motivo, la entidad estatal embargó 2.253 cuentas bancarias de personas naturales.
"Hemos detectado otras formas de evadir impuestos, como los dueños de MIPYMES que utilizan a trabajadores por cuenta propia, quienes tienen tres meses de exención, para hacer importaciones que no son para ellos, sino para la MIPYME. Ahí se observa una forma fraudulenta de pagar menos", dijo Judith Navarro Ricardo, especialista de la Dirección Jurídica de la ONAT.
"También se han identificado casos en el sector artístico, donde personas se aprovechan de la exoneración de un año de pago para los recién graduados del sector de la cultura, haciendo transacciones mediante sus cuentas y evitando así el pago de impuestos", agregó.
"Se están revisando los casos de más de 600 MIPYMES que reportan pérdidas y se han detectado malos manejos contables, como la contabilización de compras de equipos como gastos directos en lugar de inventarios, lo cual disminuye artificialmente la utilidad de la empresa", dijo también la funcionaria.
"La MIPYME que no lleve bien su contabilidad y, además, no efectúe correctamente el pago de sus obligaciones tributarias, demuestra una intención de evasión, por lo que tenemos el derecho de proceder con la denuncia", concluyó.
Además, la directora de la ONAT en La Habana, Yoandra Cruz Dovale, afirmó que "se evidencian incongruencias entre los pagos efectuados y los aportes al presupuesto del Estado en aproximadamente 860 contribuyentes mensualmente; en algunos casos, de manera reiterada".
"Si comparamos este número con la cantidad de trabajadores por cuenta propia inscritos, alrededor de 121.000, estaríamos infiriendo que un 0,7% son posibles subdeclarantes. Sin embargo, si revisamos el aporte dejado de realizar al presupuesto del Estado, en 2023 fueron recuperados por estas revisiones 148 millones de pesos, un monto que es el presupuesto de gastos de un mes de un municipio mediano", indicó.
"En estos momentos la ONAT de La Habana ha denunciado 24 presuntos hechos constitutivos de ese delito (evasión fiscal) y se han radicado nueve denuncias, seis de ellas a TCP, por deudas no pagadas, y tres a MIPYMES por registros contables irregulares, facturas falsas y declaraciones de ventas de productos con precios muy por debajo del valor real por el que fueron vendidos, con la intención de minimizar los aportes al presupuesto del Estado y obtener mayores ganancias", detalló Cubadebate.
La publicación de estos datos se produce poco después de la entrada en vigor, pese a cuestionamientos y una presunta marcha atrás anunciada la pasada semana, del tope de precios a la venta minorista por las MIPYMES de varios alimentos básicos que la red de comercios estatales apenas oferta.
El Gobierno justificó estas medidas como un intento por controlar la desbocada inflación que vive la Isla, evitando señalar que el imparable incremento del valor de bienes y servicios se origina en la crisis económica, agravada a raíz de la aplicación del paquetazo de la Tarea ordenamiento, en enero de 2021. La publicación de los datos de la evasión fiscal se enmarcaría en la narrativa estatal de culpar a las MIPYMES por el caos económico cubano actual.
