Cualquier observador de la realidad cubana debe de haber advertido la aversión que, en el fondo, siempre ha experimentado el castrismo hacia cualquiera de las formas no estatales de propiedad, no importa que en la superficie el discurso manifieste algo distinto. Una animosidad que se agudiza si se trata de la propiedad privada.
Hay que recordar que la revitalización del trabajo por cuenta propia en los años 90 obedeció, en lo fundamental, a la necesidad de absorber la mano de obra que iba quedando desempleada debido al cierre de fábricas, empresas y entidades como resultado de la crisis provocada por el "Periodo Especial". Un impulso al cuentapropismo que se iría frenando a medida que el país se recuperaba económicamente.
Incluso con el advenimiento de la actualización del modelo económico, tras la asunción al poder de Raúl Castro, algunos tanques de pensamiento castrista enfilaban sus dardos contra esa variante cubana de propiedad privada. En ese contexto, en el año 2013 apareció el volumen Repensando el socialismo cubano. Propuestas para una economía democrática y cooperativa, de la profesora e investigadora Camila Piñeiro Harnecker (hija del temible comandante Manuel Piñeiro, alias Barba Roja).
En su libro la autora apunta que "La experiencia en Cuba con los cuentapropistas y campesinos, e intermediarios privados en espacios de mercado libre, o de oferta y demanda, ha confirmado el aserto de economistas marxistas de que las reglas de funcionamiento de las relaciones mercantiles promueven comportamientos, cuando menos, ajenos a intereses sociales". Y en otra parte del libro se sugiere estimular el cooperativismo en detrimento del trabajo por cuenta propia debido a que el primero, como propiedad de grupo, encajaría más que el cuentapropismo en una sociedad socialista.
Así las cosas, arribamos a los días que corren, cuando la maquinaria del poder proclama una apertura hacia distintas formas de gestión y propiedad, con la aparición de nuevos actores económicos como las MIPYMES, la revitalización de las cooperativas no agropecuarias y la actualización del trabajo por cuenta propia.
Y es entonces cuando se aparece Joel Queipo Ruiz, flamante jefe del Departamento Económico del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), con la tesis de un aseguramiento político a los actores económicos de la Isla. Semejante planteamiento, entre otras cosas, intenta negar el postulado del economista escocés Adam Smith, emitido hace más de 200 años, que atribuía al interés individual el progreso que experimentaban las personas, y que ese progreso repercutiría después en bien de la sociedad.
Ahora el señor Queipo explica que "el objetivo general del sistema (el aseguramiento político) es continuar desarrollando la identidad social socialista de los trabajadores y socios, mediante la dirección articulada de los actores de nuestro sistema político, liderados por el PCC".
Es decir, unos actores económicos que, aun siendo privados algunos de ellos, respondan más a los intereses del régimen que a los suyos propios. He ahí el meollo del referido aseguramiento político.
Tal estrategia coincide con las declaraciones realizadas recientemente por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en el sentido de que mediante un trabajo sobre la "ética" de los productores se podrían bajar los precios que hoy depredan el bolsillo de los cubanos.
Comoquiera que a los nuevos actores económicos se les permitirá comercializar sus producciones y servicios mediante el mecanismo de oferta-demanda, corresponderá al señor Queipo y sus muchachos la tarea de "convencer políticamente" a las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y cuentapropistas para que no contribuyan a seguir elevando la terrible inflación que se aprecia en el panorama económico de la Isla.
