Que la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández es una mujer valiente, que ha enfrentado con inteligencia al poder represivo en la Isla, es harto conocido. Su caso ha repercutido dentro y fuera del territorio nacional, y DIARIO DE CUBA ha dado seguimiento a las injusticias y movimientos turbios que han sobrevolado cada una de las acciones emprendidas por la Seguridad del Estado contra la intelectual.
"La Seguridad del Estado funciona como los típicos matones de barrio de toda la vida de cualquier sistema y en cualquier país. Son prepotentes y son abusadores, y al mismo tiempo son cobardes… Ellos son patéticos, ellos son abusadores, ellos son poco inteligentes. No obstante, es molesto", dijo López Hernández en entrevista reciente con este diario.
El largo conflicto entre la intelectual y el sistema judicial y represivo cubano confirma viejas revelaciones y entrega a la ciudadanía nacional, en especial a las nuevas generaciones de funcionarios judiciales y a la sociedad civil, enseñanzas sobre el ejercicio del derecho y las aspiraciones de justicia y democracia en Cuba.
Pero más allá de llover sobre mojado y de repetir los pormenores del caso, que ya han sido objeto de artículos anteriores, lo importante es analizar las enseñanzas del proceso penal impuesto a la historiadora, lo que puede deducirse a partir de la multa con la que fue sancionada. Para ello, conversamos con el jurista de DIARIO DE CUBA Edel González.
"La dependencia de las funciones judiciales del poder político se mantiene aún en los casos donde la inocencia y los excesos del poder represivo se manifiestan nítidamente. Esta sería la primera y más importante confirmación de revelación del citado conflicto", explica González.
No recibir sentencia absolutoria en primera y segunda instancia, la suspensión del primer juicio señalado contra López Hernández en el Tribunal Municipal de Matanzas, los argumentos de culpabilidad contrarios al derecho interno y la demora en notificarse la decisión de culpabilidad en el juicio de apelación, expresan elementos esenciales, que necesitan de la visión de un experto para su esclarecimiento.
"El caso de la intelectual cubana viene aplazándose interinamente desde mucho antes al 16 de noviembre, tras bambalinas judiciales. En mayo de 2023 visita la Isla el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Aunque no se han revelado detalles, diversas fuentes han confirmado a expertos jurídicos de DDC, bajo condiciones de anonimato, que el caso de Alina Bárbara estuvo puesto como ejemplo sobre la mesa de conversaciones. Fue el único punto de controversia seria entre la representación europea y la parte cubana en relación a la criminalización de conductas cívicas ciudadanas y su impacto en el Acuerdo bilateral firmado entre países de la UE y Cuba", explica González.
"Una vez señalado el juicio para el 16 de noviembre, sorprende a los desinformados tribunales la visita planificada del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore. Las propias fuentes consultadas aseguran que la dirección del Tribunal Supremo recibió la orden política ineludible de no complejizar el escenario con el juicio previsto para ese día, dado que la UE mantenía el interés de indagar sobre las garantías del debido proceso establecidas para el caso, y recibir información sobre la situación, previéndose por la representación europea un encuentro con la intelectual en la medida que Cuba lo permitiera", comenta el jurista.
"Nuestras fuentes internas afirman que asuntos de significado político, estigmatizados como ˈcontrarrevolucionariosˈ, son controlados en todas las fases desde la presidencia del Tribunal Supremo Popular, estructura encargada de proponer al poder político la decisión de medida cautelar provisional y condena final que considere prudente", precisó.
"Los jueces, como ha ocurrido en el caso de Alina, en su mayoría son meras marionetas, escogidos por la discreción e incondicionalidad demostradas. Oponerse y exigir la independencia trae consecuencias a quien la exige", cuestionó González
"Siguen ocupándose de suprimir el principio de independencia judicial en estos casos políticos, lo hacen de manera directa los presidentes de tribunales provinciales y la vicepresidencia del Tribunal Supremo Popular, dirigida desde hace años por Marisela Sosa Ravelo, magistrada que rinde cuenta de estos actos ante su presidente, Rubén Remigio Ferro, fiel vasallo de la dirección de inteligencia policial dedicada a definir y decidir la suerte de personas catalogadas como no amigas de la Revolución", precisó.
En cuanto a la repercusión del caso y sus enseñanzas una vez concluido el proceso penal, el jurista Edel González comentó: "La multa impuesta y el resto de restricciones accesorias, aunque no es decisión justa ni legal, ha de recibirse como una victoria. Alina fue, como sigue siendo, un rival digno del componente represivo cubano. Puso en el banquillo público al Estado y sistema de injusticia cubanos".
"El nivel de preparación técnica en cuestiones jurídicas demostrada durante cada fase del proceso desenmascaró las violaciones del debido proceso estructural existente, tanto como el miedo que tiene el poder real de encarcelar a quien lucha con la razón, la verdad y nobles ideas de justicia; máxime cuando goza de la admiración de millones de cubanos de dentro y fuera de la Isla", continúo.
"Alina impartió formación a abogados, fiscales y jueces. Sus alegaciones demuestran que, aun en las peores circunstancias, el derecho y la justicia se pueden hacer valer. Todas sus razones serán objeto de debate académico y servirán algún día como luz en la Cuba libre y democrática que ha de llegar", concluyó.
Lo dije aquí. El caso de Alina es y fue conocido mundialmente, pero no sabía que estaba en la agenda del representante de la UE. Como señala el artículo, los seguidores del régimen mafiosos tienen por entendido que la constitución cubana es puro “smoke and mirror”. La única constitución en Cuba es la de Raúl Castro y su hijo el tuerto.