La historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró que no aceptará la sanción que le impuso el martes la jueza del Tribunal Municipal de Matanzas por el presunto delito de desobediencia, una acusación que la intelectual ha impugnado y denunciado que obedece a un caso de carácter político.
En declaraciones para DIARIO DE CUBA horas después de celebrado el juicio, que estuvo acompañado de una oleada represiva, detenciones y hostigamiento contra amigos y personas solidarias con su posición, López Hernández precisó que fue sentenciada a pagar una multa de 250 cuotas de 30 pesos, algo más de 7.000 pesos.
Esto, indicó, "a pesar de que no pudieron probar absolutamente nada y a que el juicio estuvo lleno de contradicciones con la única testigo que ellos pudieron llevar, que es la oficial que me vino a traer la citación".
El caso contra la intelectual matancera se origina en sus críticas en redes sociales contra el estado de cosas que viven los cubanos y sus manifestaciones pacíficas en plazas de Matanzas, por las que sufrió la persecución de la Seguridad del Estado, así como una detención violenta y acciones intimidatorias.
Según López Hernández, ella se negó a aceptar la sanción. "Ni siquiera firmé la notificación de la multa. Voy a apelar a la única instancia que tiene ese juicio sumario, que es la instancia provincial. Tengo cinco días hábiles para hacerlo", adelantó.
"La cuestión no es que sea una multa, sino que estoy siendo acusada por un delito de desobediencia, y yo no admito eso, porque yo no desobedecía a oficiales que estuvieran cumpliendo funciones, porque la citación carecía de los elementos necesarios para ser aceptada como parte de la apertura de un procedimiento penal", argumentó.
"Entonces, la cuestión es que yo ahora voy a apelar, y si deciden ratificar en la instancia provincial, me declararé en rebeldía", aseguró.
López Hernández aseguró que va a hacer público un texto donde explicará los detalles del juicio y hará referencia al "discurso de la fiscal. Cuando ustedes lean, entenderán por qué yo no puedo aceptar ni una multa, no de 7.000 pesos, ni de diez, y declararme culpable de ese delito".
Denunció también que, pese a la multa, contra ella se mantienen las medidas cautelares que le impusiera la Seguridad del Estado meses atrás. Entre ellas está la prohibición de viajar al extranjero, una medida de represalia que usa el régimen contra opositores, activistas y ciudadanos críticos.
Desde el lunes y durante el juicio contra López Hernández, la policía política impidió el acceso al tribunal a personas cercanas a la acusada.
Entre otros, el escritor habanero Jorge Fernández Era fue detenido tras llegar a Matanzas y devuelto contra su voluntad a su casa en La Habana, donde permanece con vigilancia policial. Además, hubo dos personas desaparecidas: Mario Gines González Reyes e Ilonka Amuchastegui, quienes, según la intelectual, lograron llegar al tribunal, pero fueron sacados del lugar por la fuerza.
En su análisis legal del caso para DIARIO DE CUBA, los jueces cubanos Edel González y Maylín Fernández enfatizaron que la persecución y hostigamiento contra López Hernández "confirma el doble papel de la Fiscalía General de la República en relación al activismo independiente: legitimar las violaciones de derechos humanos en los procesos penales arbitrarios que practican los cuerpos de represión y, al propio tiempo, garantizar la impunidad de los ejecutantes".
De acuerdo con los juristas, este caso evidencia una vez más "el empobrecimiento profesional existente en la Isla entre fiscales y jueces activos de nueva generación", así como "la gravedad del escenario", cada vez "más estrecho para la realización del derecho, la justicia, las libertades, la dignidad y el bienestar de los cubanos".
A juicio de González, la situación de impunidad e indefensión jurídica que enfrentan los cubanos sigue allanando el camino para un nuevo estallido social, pues la institucionalidad fallida se hace cómplice y/o autora de los abusos de poder sistemáticos. Por consiguiente, se convierte en enemiga directa de parte importante de la sociedad.
Una mujer decente, consecuente con sus actos y llena de dignidad.
A que se refiere, jueces y fiscales de nueva generación? A los de los últimos 64 años
Al lado de esta valiente y prestigiosa intelectual matancera. Aunque los escasos viudos del 68 que aún gozan de la Academia, digan que el gobierno cubano no viola los derechos humanos.
Si Cuba fuera un estado de derecho, estaría haciendo lo correcto, pero no lo es. Dios la proteja y logre además el apoyo del pueblo.
Me encanta la valentía de esta señora. Y el problema es bien simple, es tan simple que a todos los cubanos que le aplican la llamada “citación” ellos la obedecen ciegamente. En sus palabras: “la citación carecía de los elementos necesarios para ser aceptada como parte de la apertura de un procedimiento penal”. En la mayoría de las veces no pasa por un filtro jurídico y burocrático donde un juez y otros tienen que certificar esa citación. Oseas que en la jefatura policial hay un esbirro en compañía de un ingenuo estúpido policía que escribe la citación y se la da a otro imbécil para entrega. Nada legal.
Muy bien de su parte, exponer su inconformidad con la situación imperante y manifestarla públicamente en ninguna sociedad democrática constituye un delito, por ende veo muy bien de su parte declararse en rebeldía, mis respeto y admiración para esta patriota