El Tribunal Municipal de Matanzas decidió posponer el juicio contra la historiadora Alina Bárbara López Hernández, a quien la policía política del régimen acusa por el presunto delito de desobediencia, pero que la intelectual denuncia como un caso de carácter político.
De acuerdo con la López Hernández, su abogada le comunicó la decisión de la jueza Adahara Ana Guillermo, quien aseguró en un auto que el cambio de fecha obedece a "la coincidencia de varios actos judiciales" que debe dirimir ese mismo día.
Por esa razón, el tribunal presentó como nueva fecha del proceso el 28 de noviembre de 2023 a las 9:30AM, en la sede del Tribunal Municipal de Matanzas.
"Es evidente que el cambio de fecha se debe no al pretexto vacuo de la coincidencia de varios juicios en la misma jueza, sino a que, con la torpeza y falta de previsión habituales, se había hecho coincidir el juicio con el día en que el Estado cubano rinde cuentas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", apuntó la historiadora.
"Está claro que tal coincidencia podía crearles roces internacionales ahora que varios organismos se han preocupado por este caso. Súmese a ello que en las próximas semanas visitará Cuba un enviado de la Unión Europea para analizar el tema de los derechos humanos", agregó, en referencia al viaje a La Habana de Eamon Gilmore, representante especial de la UE para los derechos humanos.
"Es más que obvio que la posposición del juicio intenta que los visitantes no encuentren un escenario tenso. Además, en la estrategia propia de Seguridad del Estado, se intenta 'enfriar' un poco el asunto para que las personas se saturen con el tema y pierda visibilidad", advirtió.
Recordó López Hernández que está instruida de cargos desde el 14 de junio. "Según la Ley, desde la instrucción de ese cargo, que tiene un marco sancionador breve, hasta el acto de juicio, deben transcurrir 90 días. Sin embargo, pronto se cumplirán cinco meses y ahora vuelve a cambiarse una fecha que fue acordada más de un mes atrás", señaló.
Mencionó que en ese casi año y medio ha sufrido la aplicación de reclusión domiciliaria y "regulación", esta última para impedirle viajar fuera del país. "No he podido salir de la ciudad; no puedo dormir fuera de mi casa; mi hija viajó al extranjero y no pude despedirla en el aeropuerto; mi padre cumplió su primer año de fallecido y no pude ir al cementerio de Cárdenas, donde está sepultado; necesité viajar a La Habana por cuestiones profesionales y se me negó por el tribunal la solicitud que hice mediante mi abogada", enumeró.
"Yo he respetado la Ley. Pero no estoy dispuesta a ser burlada y escarnecida", enfatizó. Y anunció que solicitó sus vacaciones laborales para entre el 16 y el 28 de noviembre, periodo en el que, adelantó, "realizaré actos diarios de protesta pacífica en diferentes lugares de la ciudad de Matanzas" y "me trasladaré a La Habana durante alguno de esos días".
"Comprendo perfectamente lo complicado que puede ser este caso para cualquier decisión que se tome por parte del tribunal: si me exoneran, se enviará un mensaje de empoderamiento ciudadano; si me condenan, tendrán que asumir un costo político en un momento de franco desgaste", señaló.
"Esa no es mi responsabilidad, fueron ustedes los que apostaron desde el inicio por la arbitrariedad y el atropello, por desconocer sus propias leyes. De modo que ahora tienen que afrontar las consecuencias. No importa que cambien el número del juicio (...), aun así este proceso será un ave de mal agüero. Y no para la parte acusada", finalizó.
En su análisis legal del caso para DIARIO DE CUBA, los jueces cubanos Edel González y Maylín Fernández enfatizaron que la persecución y hostigamiento contra López Hernández "confirma el doble papel de la Fiscalía General de la República en relación al activismo independiente: legitimar las violaciones de derechos humanos en los procesos penales arbitrarios que practican los cuerpos de represión y, al propio tiempo, garantizar la impunidad de los ejecutantes".
De acuerdo con los juristas cubanos, este caso evidencia una vez más "el empobrecimiento profesional existente en la Isla entre fiscales y jueces activos de nueva generación", así como "la gravedad del escenario", cada vez "más estrecho para la realización del derecho, la justicia, las libertades, la dignidad y el bienestar de los cubanos".
A juicio de González, la situación de impunidad e indefensión jurídica que enfrentan los cubanos sigue allanando el camino para un nuevo estallido social, pues la institucionalidad fallida se hace cómplice y/o autora de los abusos de poder sistemáticos. Por consiguiente, se convierte en enemiga directa de parte importante de la sociedad.
Es obvio que al régimen le está costando trabajo condenar a esta mujer. Ella y su equipo han hecho una buena campaña sobre el abuso en su contra.