El Tribunal Municipal de Matanzas acusó a la historiadora y politóloga Alina Bárbara López Hernández por el presunto delito de "desobediencia" y la citó para celebrarle juicio por esa causa el próximo 16 de noviembre.
Así lo hizo saber la intelectual en su muro de Facebook, en una publicación en la que subrayó: "Formalmente pasé de imputada a acusada. Es un delito común, aunque todos conocemos que este caso siempre ha tenido una naturaleza política".
La también doctora en Historia ha sido hostigada, amenazada y detenida por la Seguridad del Estado, que además la "reguló" para impedirle viajar al extranjero, y finalmente decidió procesarla por un delito común que López Hernández califica como espurio y en represalia por sus protestas pacíficas en Matanzas y por denunciar las innumerables acciones represivas del régimen cubano.
A inicios de agosto, la Fiscalía de Matanzas rechazó un recurso presentado por la intelectual contra la policía política, en el que pidió a esa autoridad judicial declarar nulas desde el punto de vista legal las acciones de hostigamiento de la Seguridad del Estado de esa ciudad en su contra.
La respuesta que recibió, aseguró entonces, "era digna de una teniente coronel de Seguridad del Estado".
Según comentó López Hernández, "el Estado cubano posee una naturaleza profundamente represiva, que está determinada por la propia estructura de su sistema político, que es discriminatorio, se basa en una ideología de Estado a partir de un partido único y niega el disenso como derecho ciudadano".
"No importa cuánto se intente disfrazar esa naturaleza con una Constitución que declare un estado de derecho y establezca derechos ciudadanos, con nuevas leyes, nuevo Código Penal supuestamente avanzado respecto a su predecesor, nuevos conceptos y un discurso político lleno de falacias".
"Nadie puede ir en contra de su naturaleza. (...) Cuando el aparato de poder se siente desafiado, incluso si es desafiado en base a sus propias normas, como he hecho yo, responde inoculando su ponzoña sin pudor alguno", enfatizó.
"La fiscal, desesperada por cumplir su misión de defender a ese Estado opresor, e indudablemente cumpliendo instrucciones del aparato de Seguridad del Estado, del cual se erige abogada defensora, desecha cualquier consideración profesional y rasgo de honorabilidad", subrayó.
López Hernández aseguró que la fiscal indicó en el documento que las citaciones de la policía política son "medidas preventivas" y "labores profilácticas" para impedir conductas "proclives a un discurso de reproche contra las disposiciones gubernamentales".
Y, agregó, el texto de la Fiscalía resuelve que todo ello tuvo como finalidad "que la persona desista de su conducta transgresora".
"El viejo higienismo asoma la oreja peluda en ese escrito. Pero la joyita, la fresa del 'análisis', es la afirmación de que, aunque la citación pudiera resultarme arbitraria y no esté sujeta a proceso legal, sino ¡administrativo¡, yo debí ¡'presuponerla'! como un acto legal y, compulsada por un ¡'deber cívico'!, debí 'concurrir al requerimiento de la citación'", citó.
"Seguiré por el camino de la ley. Cuando lo recorra y llegue al callejón sin salida irreformable que ustedes construyeron, no quedará otra que abrir nuevos senderos. Y lo haré", finalizó.
López Hernández se manifiesta pacíficamente cada día 18 desde inicios de 2023 en el Parque de la Libertad de Matanzas, para protestar ante la situación represiva que vive Cuba. En esas protestas, en homenaje a la Protesta de los Trece, ocurrida el 18 de marzo de 1923, y en la que igual número de intelectuales jóvenes cubanos se manifestaron contra la corrupción gubernamental del Gobierno de la Isla, solo usa un cartel en blanco colgado del cuello.
Como ha subrayado la intelectual matancera, las demandas de sus protestas son: "Una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución aplicable en todas sus partes; que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema; libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio; cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión".
