El colectivo +Voces pide al régimen la 'revisión y mejora' del proyecto de Ley de Comunicación Social

El colectivo +Voces, desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señaló a propósito de la inminente aprobación del proyecto de Ley de Comunicación Social, puntos claves del texto que podrían afectar, aún más, derechos humanos fundamentales en Cuba como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

La última versión del proyecto de Ley de Comunicación Social, que se debe aprobar este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se publicó a inicios de mayo, y aunque esta es la número 34, solo se hicieron públicas tres versiones.

En un comunicado al que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, el colectivo detalló que el régimen cubano pretende usar la comunicación "como mecanismo para promover la política oficial".

De acuerdo al análisis de la nueva legislación que realizó el colectivo, esta ley impide que en los medios masivos haya espacio para otras voces que no sea aquella que exprese el "pensamiento revolucionario del pueblo" y "su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista, con apego a los postulados refrendados en la Constitución", citando al Artículo 55.1 del nuevo proyecto de ley.

Alertó también +Voces que el nuevo proyecto considera que la información pública a la que tiene derecho la ciudadanía "es la que se transmita en los medios de prensa". Por otra lado señaló que el texto limita a los "los órganos y organismos de la Administración Central del Estado", dictándoles que solamente están obligados a responder preguntas de los "periodistas y medios de comunicación legalmente reconocidos".

Además denunció que no se consideran de dominio público las "informaciones personales" sobre funcionarios vinculados a las instituciones estatales, "a menos que la ley lo permita"; de manera que los integrantes del colectivo son de la opinión que "se blinda" así  a los funcionarios, que "en la mayor parte del mundo" están obligados a "una declaración jurada y periódica de su renta y su patrimonio".

De acuerdo al colectivo se utilizan "conceptos vagos y políticos para limitar el tipo de contenidos que pueden divulgarse a través de los medios de comunicación", al exponer que estos no pueden "subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social", como tampoco sustentar "la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país".

En otro aparte señaló que "los medios no fundamentales" deben ser inscritos en un registro "controlado por el Instituto de Información y Comunicación Social", pero que la inscripción se les puede cancelar si los contenidos de los medios "violan parcial o totalmente lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas", o si se incumplen los "objetivos, el perfil editorial y otros elementos contenidos en el expediente aprobado".

En su resumen agregó que, según la nueva ley, no puede existir "colaboración periodística u otro aporte editorial a medios de comunicación social cuyos contenidos contravengan la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas". De igual manera apuntó el surgimiento de nuevas limitaciones a los contenidos que se compartirán en el ciberespacio, prohibiendo el uso de los que estén "elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito". 

La nueva ley prohíbe que puedan crearse legalmente organizaciones o entidades no estatales que tengan como objeto social la gestión de un medio de comunicación.

Al finalizar resumió que el texto propuesto por el régimen "es contrario a convenios y estándares internacionales de derechos humanos" y se solicitó "su revisión y mejora".

"Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información advertimos con preocupación la aprobación de este proyecto de ley que refuerza los límites actuales a la libertad de expresión y asociación en la Isla, y se suma a la tendencia que en esa misma dirección registran en forma creciente otros países de la región", concluyó el comunicado del colectivo.