El régimen cubano publicó la nueva versión de su proyecto de Ley de Comunicación Social en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un mes después de posponer su aprobación durante el décimo periodo de sesiones de la actual legislatura.
Los cubanos podrán enviar sus opiniones sobre el proyecto de la norma a la dirección de correo electrónico [email protected], habilitada para "promover la participación ciudadana en el proceso legislativo correspondiente a esta propuesta de disposición normativa y de contribuir a la cultura jurídica de la ciudadanía", según informó la ANPP en su página web.
Si en el Artículo 1 de la versión anterior de la Ley de Comunicación Social el régimen cubano aseguraba que el objetivo de la norma era "b) reconocer la libertad de prensa establecida en la Constitución, derecho que se ejerce de conformidad con los fines de la sociedad", en esta expresa que su propósito es regularla.
Su Artículo 1.1 plantea que "la presente Ley tiene como objeto regular: b) la libertad de prensa reconocida en la Constitución y los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país".
La libertad de prensa y de comunicación en Cuba continuará estando limitada por la ideología socialista, como demuestran varios artículos de la nueva versión del proyecto de ley.
El Artículo 3.2 establece que el sistema de comunicación social "contribuye a alcanzar una sociedad más democrática, con mayores niveles de justicia social, más inclusiva, equitativa (…) en correspondencia con los principios del desarrollo socialista".
Entre los propósitos del referido sistema, el Artículo 5 incluye "a) Contribuir al cumplimiento de los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin" y "g) propiciar el ejercicio de la libertad de expresión de las personas a través de medios, soportes y canales comunicativos, conforme a los fines de la sociedad y el Estado socialista de derecho y justicia social".
Como la versión anterior del proyecto, la nueva afirma que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", lo que mantiene en la ilegalidad a los medios digitales independientes en Cuba.
También prohíbe contenidos "para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista".
El proyecto de ley será sometido a análisis y discusión por parte de los diputados en reuniones territoriales del 18 al 27 de enero de 2023, según el cronograma aprobado, con vistas a su presentación a la ANPP, explicó en su sitio web el órgano legislativo cubano.
En esas reuniones participarán también miembros de la Comisión Redactora; los diputados Martha del Carmen Mesa Valenciano y José Luis Toledo Santander, presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología y Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, respectivamente, y funcionarios de la Dirección Jurídica del Parlamento cubano.
También asistirán, entre otros invitados, directores de medios de la prensa estatal, presidentes provinciales de las oficialistas Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), además de profesores de Comunicación de las universidades e integrantes de los equipos de comunicación de los gobiernos provinciales y asambleas municipales del Poder Popular.
En diciembre pasado, la ANPP decidió posponer el proceso legislativo de esta ley, a propuesta del Consejo de Estado.
El presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, dijo que el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación por la "complejidad" de la ley y los cambios a los que ha sido sometida últimamente, que no habían sido trasladados en su totalidad a los diputados.
Lazo Hernández aseguró que esta normativa —que sería la primera del país en su ámbito— podría debatirse en febrero o marzo de 2023, una vez que se incluyera una mayor cantidad de opiniones de especialistas y ciudadanos.
Diera risa por ser tan vetusto, pero la represión, el pataleo final, puede ser peligroso