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LEYES

El régimen cubano pospone la aprobación de la Ley de Comunicación Social

Esteban Lazo dice que se tomó esa decisión por los cambios hechos al proyecto de ley que no son de conocimiento de los diputados.

Madrid
Un cubano lee un periódico oficialista.
Un cubano lee un periódico oficialista. BBC

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) acordó este lunes retrasar la aprobación de la controvertida Ley de Comunicación Social, que mantiene en la ilegalidad a los medios no estatales, informa la agencia EFE. 

A propuesta del Consejo de Estado, la ANPP decidió posponer el proceso legislativo de esta ley en la primera jornada del décimo período de sesiones de la actual legislatura. 

El presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, dijo que el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación por la "complejidad" de la ley y los cambios a los que ha sido sometida últimamente, que no habían sido trasladados en su totalidad a los diputados.

Lazo Hernández aseguró que esta normativa —que sería la primera del país en su ámbito— podría debatirse en febrero o marzo de 2023, una vez que se incluya una mayor cantidad de opiniones de especialistas y ciudadanos. 

El proyecto de Ley de Comunicación Social afirma que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", lo que mantiene en la ilegalidad a los medios digitales independientes. 

La norma, que en su última versión contiene 101 artículos, prohíbe contenidos "para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista".

En lo que constituye su mayor blindaje para impedir la crítica hacia el régimen, la nueva ley señala que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de "fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba". 

Este 1 de diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal de Cuba, en el que se sanciona con hasta tres años de cárcel a quien difunda noticias que el régimen catalogue de "falsas" y considere destinadas a "perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano". 

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