Han sido necesarias 32 versiones para que Cuba cuente con su primera Ley de Comunicación Social, que debe aprobarse en los próximos meses, tras haber sido postergada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre pasado. Podríamos decir que la nueva norma es una mala noticia para los periodistas independientes, que continuarán en la ilegalidad. Pero en realidad tampoco es buena para los periodistas de los medios estatales y menos para el pueblo cubano.
¿Tenían motivos los periodistas de los medios oficiales para esperar una ley de comunicación que les permitiera hacer su trabajo con cierta libertad?
En agosto de 2021, tras el anuncio de la creación del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) –que el régimen estudió durante nueve años– el presidente de la oficialista UPEC, Ricardo Ronquillo, afirmó que en Cuba se crearía un modelo de prensa nuevo.
"Nosotros tenemos la posibilidad de construir un modelo de prensa que no se ha construido en el mundo", dijo Ronquillo sobre la "nueva concepción democrática de la comunicación en el socialismo".
El proyecto de Ley de Comunicación Social demuestra que el "nuevo" modelo cubano de prensa ya se ha construido en el mundo, más específicamente en Cuba. Y que solo cambiará lo imprescindible para que el régimen continúe controlando los medios estatales.
En estos momentos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) orienta a los medios sobre qué temas deben priorizar y cuáles no resultan oportunos. Una vez aprobada la ley, continuará haciéndolo. Según el Artículo 5 de la Constitución, el PCC "… es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo".
El Artículo 3.2 del proyecto de Ley de Comunicación establece que el sistema de comunicación social "contribuye a alcanzar una sociedad más democrática, con mayores niveles de justicia social, más inclusiva, equitativa (…) en correspondencia con los principios del desarrollo socialista", que es "organizado y orientado" por el PCC.
Según el Artículo 29.3, "los medios de comunicación social en el ámbito mediático y sus profesionales ejercen sus funciones en un ambiente de libertad creativa y discusión de ideas para contribuir al cumplimiento de su política editorial, responder a las exigencias de sus audiencias y tributar al desarrollo socialista del país".
En julio de 2022, el vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Onelio Castillo, afirmó que el anteproyecto se sustentaba "en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos del PCC".
Además de subordinarse al PCC, la ley de comunicación promoverá el pensamiento de Fidel Castro. Entre los propósitos del sistema de comunicación social cubano, el Artículo 5 incluye "a) Contribuir al cumplimiento de los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin" y "g) propiciar el ejercicio de la libertad de expresión de las personas a través de medios, soportes y canales comunicativos, conforme a los fines de la sociedad y el Estado socialista de Derecho y justicia social".
El Artículo 26.1 reconoce como medios fundamentales de comunicación social "las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico para la construcción del consenso y el estímulo a la participación popular en el desarrollo económico, social y cultural del país; visibilizan con transparencia la gestión estatal y el ejercicio de la democracia socialista, afianzan los valores y la identidad de la nación, movilizan la acción social para la defensa de los intereses de la población y la sociedad en general; constituyen mediadores políticos y culturales".
El siguiente punto del mencionado artículo dice que esos medios "son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución; abarcan agencias de noticias, la radio, la televisión y medios de comunicación social impresos y digitales".
El artículo dice claramente que los medios independientes —no fundamentales— continuarán ilegalizados en Cuba y sus periodistas criminalizados. Sin embargo, los dos siguientes parecen abrir una puerta a la legalización de medios que podrían ser objeto de "otro tipo de propiedad" por parte de personas afines al régimen.
El Artículo 27.1 dice que "los demás medios de comunicación social con presencia en el ámbito mediático tienen objetivos, audiencias y perfiles editoriales específicos, en correspondencia con la misión o la actividad económica o social que desarrolla su propietario y los fines de la sociedad". El punto 2 afirma que esos medios "pertenecen a órganos del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas, el sistema empresarial y otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos".
El Artículo 28 dispone que "los propietarios de todos los medios de comunicación social en el ámbito mediático tienen la obligación de inscribirlos en los registros nacionales habilitados a tales efectos". Esta obligatoriedad de inscripción constituye precisamente el control previo al ejercicio libre de la prensa y de la comunicación. Quien no esté inscrito es ilegal y puede ser acusado del delito de ejercicio arbitrario de derechos que prevé el Código Penal. Y permitir o no la inscripción de un medio seguirá siendo decisión del régimen.
La nueva norma va encaminada a mantener el control del régimen sobre los medios de comunicación, pero también a liberarlo un poco de la carga de su financiamiento. Entre los deberes de los periodistas, el Artículo 31 señala el de "d) abstenerse de aceptar contribuciones económicas o cualquier beneficio personal que comprometan su ética y el prestigio del medio que representan". Sin embargo, el anterior les reconoce el derecho de "e) realizar obras de colaboración periodística fuera del contenido de trabajo correspondiente a su empleo, de manera que esas obras y los medios de comunicación social que las publiquen no afecten al medio con el cual se vinculan laboralmente ni al país".
Por otra parte, este proyecto autoriza la publicidad como otra fuente de financiamiento, una fuente que, por cierto, también emplean los denostados medios independientes.
El Artículo 37.1, por ejemplo, dice que "los medios fundamentales de comunicación social se financian esencialmente por el presupuesto del Estado (…) 2. Estos medios se financian, además, previa autorización de su titular, por los ingresos generados mediante la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, la venta de servicios y espacios de publicidad, el patrocinio, las donaciones y la cooperación nacional e internacional y otras vías legalmente reconocidas, siempre que no impida el cumplimiento de su función social de servicio público".
El Artículo 71 define la publicidad como "el modo de producción comunicativa, con fines comerciales, que desarrollan las formas de propiedad y gestión económica legalmente reconocidas en el país como parte de su plan de mercadotecnia".
El Artículo 73.1 subordina la publicidad al socialismo al establecer que "preserva la identidad histórica y cultural del pueblo cubano, salvaguarda los valores de la sociedad socialista (…)".
Según el Artículo 74, La producción publicitaria debe "a) Respetar los símbolos patrios y las figuras de próceres y personalidades históricas, los cuales no pueden emplearse en este tipo de mensajes
¿Qué ha garantizado hasta el momento el control del régimen sobre los medios? Una cobertura deficiente, incompleta y sesgada de la realidad cubana. Uno de los ejemplos más recientes lo ofreció el portal estatal Cubadebate al dedicar una nota al pelotero de Grandes Ligas Luis Robert, integrante del equipo Cuba que asistió al V Clásico Mundial de Béisbol, mientras continúa ignorando el desempeño de otros peloteros cubanos en ese béisbol.
Pero mucho más relevante que el béisbol fueron las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y la represión del régimen contra los manifestantes. Ningún periodista de medios estatales pudo cubrir los hechos y menos ha podido investigar la represión policial, ni la situación de los presos, ni entrevistar a expertos independientes sobre los procesos judiciales.
También es más grave la violencia de género y los feminicidios, a los que la prensa estatal admitió recientemente no haber prestado suficiente atención. La ocultación de la violencia que sufren las cubanas responde al retrato de la realidad dibujado por Mariela Castro con su negativa de que en Cuba hubiera feminicidios y su afirmación de que el régimen estaba a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género.
La prensa independiente, junto a las plataformas femeninas que han revelado estos hechos, ha llenado ese vacío y otros que deja la prensa estatal más comprometida con los fines de la sociedad socialista que con los problemas de los cubanos. Y los cubanos cada día confían menos en esa prensa oficial que, por lo que refleja este proyecto de ley, continuará a la saga de la independiente.
Que horror. Cada día más represión. Un pueblo humillado y explotado por ese grupo de bandidos en el poder.