Periodistas y organizaciones advierten sobre los peligros de la Ley de Comunicación Social que aprobará el régimen

Periodistas y organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación por los peligros que trae para la prensa alternativa cubana la nueva Ley de Comunicación Social que promueve el régimen, reportó la agencia EFE.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) tiene previsto aprobar en unos días la Ley de Comunicación Social. Esta norma regulará a los medios en la Isla, de ahí el temor de que suponga una vuelta de tuerca más sobre los sitios digitales no oficialistas que informan desde dentro del país.

Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley solo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba. Así lo establece además la actual Constitución: los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

El texto de la futura ley va más allá, ya que establece limita el contenido al indicar que este no puede "desestabilizar el Estado socialista", o que el sistema de comunicación "actúa conforme al Estado socialista" siguiendo el "ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro), y las ideas de (...) Marx, Engels y Lenin".

El periódico oficial Juventud Rebelde afirmó esta semana que el proyecto "se inspira en el legado" de "Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución".

Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes consideran que se elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.

Desde el Gobierno se defiende la importancia de la ley, la primera de su tipo, y se subraya que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34 —la anterior iba a ser aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la "complejidad" del tema—, y eso deja ver, insisten las autoridades, que surge de un intenso debate interno.

En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes, muchos de ellos surgidos durante el llamado "deshielo" —el acercamiento entre los gobiernos de EEUU y Cuba de 2014 a 2017—. Estos, en su mayoría, han dejado el país en los últimos años tras las presiones de la Seguridad del Estado.

"Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado", dijo a EFE Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.

Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: La ley "no les reconoce (a medios alternativos) su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado".

Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero.

Por su parte Rafael Hernández, director de la revista oficialista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y sigue la línea del régimen, argumentando que los medios independientes solo son "antigobierno", según declaró a EFE.

Tampoco concuerda con la idea de que la ley únicamente da cabida a medios estatales y cercanos al PCC. En su opinión, en el texto se establece la posibilidad de que se creen medios de comunicación fuera de la órbita estatal. De acuerdo con el proyecto, además de los estatales, se pueden constituir medios que pertenezcan a "organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales", lo que a juicio de expertos independientes no garantiza diversidad de voces porque la inmensa mayoría de esas entidades están controladas o en la órbita del PCC.

Además, la ley no les permite a estas organizaciones poner en marcha medios generalistas y limita la paleta de contenidos a "la actividad económica o social de su titular".

Para Peña, la ley de Comunicación Social "cierra el círculo" que se inició con la "tolerancia a regañadientes" del Gobierno cubano durante el "deshielo", un momento en el que florecieron medios digitales críticos.

Más de cinco años después, un buen número de estos reporteros y redacciones han tenido que continuar su trabajo desde fuera de Cuba, principalmente desde Miami, Madrid y México, tras denunciar presiones de la Seguridad del Estado.

Uno de los últimos episodios ocurrió el año pasado con el medio independiente El Toque. Nueve de sus colaboradores —muchos recién graduados— hicieron pública su renuncia tras las entrevistas con agentes de la Seguridad del Estado. "Es difícil hacer periodismo de calidad de manera independiente porque Cuba es un régimen autoritario (...) (pero) la prensa independiente ya no depende de que la ilegalicen o no, va a seguir existiendo por mucho que quieran cortar los hilos y reprimir a los periodistas", dijo a EFE una de las reporteras que renunció tras aquellos hechos.