El apartamento de Pedro Manuel González Reinoso y sus padres está semidestruido, y las paredes de carga podrían derrumbarse —según dos reportes técnicos—, lo que afectaría a todo el edificio, por estar ubicada la vivienda en la planta baja. Pero este periodista independiente, actor y colaborador de DIARIO DE CUBA no achaca la situación actual a deficiencias en la construcción ni en los materiales empleados. Tampoco lo atribuye al paso del tiempo ni a la falta del mantenimiento, que no pueden costear la mayoría de los cubanos. La destrucción sería el resultado de un trabajo sistemático, ejecutado por personas al servicio de la Seguridad del Estado en Villa Clara.
El oficial de la Seguridad del Estado Yoandy Riverón González habría reclutado a una familia vecina de Pedro para hacer el trabajo sucio.
"La vivienda donde resido hace más de dos décadas se encontraba en perfecto estado de conservación", explica Pedro. "Es un edificio del realismo socialista, terminado en 1975, con unas condiciones constructivas envidiables, cuando lo comparamos con el desastre arquitectónico y constructivo de hoy, pues fue hecho con todas las de la ley, en medio de la abundancia de petrorrublos, provenientes de la extinta Unión Soviética y el campo socialista".
"Hace siete años, yo la sometí a una reparación de carpinterías y de pintura; pero, en forma general, las estructuras estaban en perfecto estado. Hoy lucen todo lo contrario, después de haber sometido otra vez a una reparación capitalizable la zona dañada del patio de servicio, los lavaderos, la cocina, el baño, que han sufrido una destrucción paulatina por más de siete años".
"Los dictámenes de los arquitectos de la comunidad han dejado claro en documentos que las cabillas, el hormigón y las paredes de carga están inundadas de agua y podría ocurrir un derrumbe".
Los presuntos autores de la destrucción son los vecinos que residen en la vivienda ubicada sobre la de Pedro: el ex presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Lorenzo Jesús Silva Sáez; su esposa, Martha Francisca Acevedo Morales —quien Pedro asegura es "una colaboradora de la Seguridad del Estado", aunque "fue expulsada en 2019, del Hotel Las Dunas, donde trabajaba como camarera de área, por robar mercancías"—, y el hijo de ambos, Lorenzo Silva Acevedo, "quien desde niño anunció: 'cuando yo sea grande, seré militante del Partido (Comunista de Cuba)'".
"El jefe de ese núcleo familiar, durante muchos años (...) fue mecánico gratuito de todos los vehículos rotos de la Policía y los particulares de la contrainteligencia militar, justo frente a nuestro edificio, a la vista pública", afirma Pedro.
De acuerdo con su relato, el hijo de sus vecinos fue reclutado por el oficial de la Seguridad del Estado Yoandy Riverón González.
Riverón González "fungía como vigilante del gremio de la Cultura, al que yo pertenecía", y fue, casualmente, "quien expulsó de la Universidad Central a la estudiante de periodismo Karla Pérez".
Por trabajar para la policía política —continúa Pedro—, Silva Acevedo fue premiado con la posibilidad de "cumplir el Servicio Militar en las instalaciones del MININT, como informático de redes, hasta que también se mudó al turismo y allí explotó cuando se perdieron los equipos de telecomunicación del hotel donde laboraba, y con los que vendía el servicio de internet-wifi desde su vivienda". Finalmente, "fue expulsado" de su empleo de maletero, añade.
Riverón González, a quien Pedro se refiere como su "represor estrella", fue recientemente identificado como el agente "Cristian" por el periodista José Raúl Gallego, quien se refirió a su papel en el hostigamiento, acoso y expulsión de alumnos y profesores de la Universidad Central de las Villas. Pese a esas funciones, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso ha descrito al agente como "empresario".
La primera agresión, cuenta Pedro, ocurrió el 1 de mayo de 2014, cuando "la puerta de nuestro hogar amaneció destruida con ácido sulfúrico. Casualmente, el vecino de arriba (Silva Sáez) era mecánico automotor y trabajaba en el taller de refrigeración, donde esos materiales eran abundantes. Su modus operandi en aquel sitio fue tan evidente, que la reja del balcón de mi casa se la vendió él a mi padre; o sea, materiales y soldadura robados de su trabajo".
A este suceso, explica Pedro, le siguieron el destrozo del jardín a base de arrojar basura, ácidos y cigarros encendidos que, además, destruyeron ropa de su familia. A esto se sumaron cortes del cable telefónico "y nueva rajadura y desprendimiento de la puerta bajo los golpes que el ex presidente del CDR nos propinó en agosto del 2020 ciego de ira, lanzando piedras". Pero todo esto podría resultar insignificante frente a la ofensiva que comenzó el 31 de diciembre de 2018.
"Cada vez que fui a la PNR (con la excepción del insoluto atentado aquel 1ro de mayo) a denunciar lo que ocurría, el oficial de guardia declinó levantar el acta, para que no hubiese investigación futura, tal cual prescribe la Ley de Procedimiento Penal. Detrás del cristal, fingiendo interés, estaba siempre algún oficialillo del DSE (Departamento de la Seguridad del Estado)", recuerda Pedro.
La justicia revolucionaria
"El 31 de diciembre, en vísperas de un aniversario de la Revolución, se desató una cortina de agua albañal que no paró durante casi un año, hasta septiembre, cuando por fin el tribunal se dignó a venir a revisar lo que estaba pasando. La demanda había sido interpuesta en enero y vinieron a finales de año".
"La selección de fechas coincidentes con el ideario castrista (1ro de enero, 1ro de mayo, 26 de julio, 28 de setiembre, etc) es una muestra de la planificación minuciosa de estos ataques por parte del departamento 'que me atiende'", opina Pedro.
A partir de entonces, comenzó para Pedro una lucha en los tribunales que le ha costado "miles de pesos" en abogados y documentos, para obtener justicia y reparación de los daños ocasionados a la vivienda de su familia.
"Han sido tres procesos judiciales. Solo al primero fueron citados ellos y condenados por apelación interpuesta ante el Tribunal Provincial a pagar una indemnización ridícula de 900 pesos, cuando el daño aquí ha ascendido a miles y miles de pesos. De hecho, la carpintería del baño y la cocina hubo que hacerlas nuevas y los materiales de construcción se pagaron a precios elevadísimos".
Días después de que terminaran todas las reparaciones, volvieron a caer las aguas negras.
"Cada vez que yo he publicado cualquier artículo en la prensa independiente o escrito algo en mi perfil (en las redes sociales), la respuesta que he recibido de las autoridades ha sido indicar al individuo de encima de casa que rompa de nuevo el tragante y las tuberías albañales de su casa para que la mierda nos caiga encima, como un recordatorio de lo que ellos suelen hacer a escala mayor. Esta tragedia nuestra es mínima comparada con la del país, al cual han envuelto porquería sus gobernantes".
Abogados consultados por DIARIO DE CUBA, que tuvieron acceso a las sentencias de los juicios y de las apelaciones presentadas por Pedro, detectaron yerros procesales como la demora excesiva por parte del Tribunal Municipal Popular de Caibarién en dictar la sentencia en 2019 y la falta de verificación de la ejecución de la misma. Ante la penúltima apelación del demandante, el Tribunal Provincial Popular de Santa Clara ordenó a los demandados realizar labores constructivas, sin especificar cuáles. Luego, se consignó que estas labores no especificadas se habían realizado, pero no hubo comprobaciones. Las apelaciones de Pedro han sido rechazadas con el argumento de que en su casa supuestamente "ya no cae agua".
"Para ello, han utilizado al mismo 'perito' desde el comienzo de todo, que realizó las investigaciones fingiendo interés en resolver el problema, pero dando siempre un resumen falseado. También han empleado idénticos funcionarios legales para procesarlo, porque en las entrevistas con el presidente del tribunal local, Sandro Rodríguez Águila, ha sido omnipresente la jueza Leydi Victoria Tejeda Morera, interponiendo explicaciones 'legales' a mi queja, después de aceptar el debido encausamiento en detrimento del demandante que soy, protegiendo así a quienes debieron incriminar por inobediencia continuada", señala Pedro.
Dentro de la desidia de los órganos de justicia para hacer que se cumpla la sentencia que obligaba a los demandados a impermeabilizar su suelo, Pedro ha dado con una persona honesta: "el juez Ramón Martínez, del Tribunal Supremo, se ha tomado muy en serio la revisión de nuestro caso", dice.
"Luego de su intervención recordándo a los locales su pertenencia y respeto a la letra de la Ley, las cosas han cambiado. Pero, ¿significa eso que no se reiniciarán las agresiones?”, se pregunta Pedro.
"¿Cómo alguien puede ser tan ignorante de destruir el suelo de su propia casa?"
Mientras Pedro se desgastaba psicológica y económicamente en los tribunales, el agua no dejó de caer.
Libán, un albañil que trabajó en la casa en 2019 y 2020, contó a DIARIO DE CUBA que el techo, que es el suelo de la casa de arriba, filtraba, y la madera de las ventanas del baño y la cocina estaba podrida. "Eso no era por comején, sino por humedad", aclaró.
"Una vez, estábamos trabajando y tuvimos que parar porque empezó a caer agua de arriba. Tuvimos que parar durante tres meses. Me pregunto cómo alguien puede ser tan ignorante de destruir el suelo de su propia casa", dijo.
"Nosotros pusimos ventanas nuevas, vigas nuevas. Pedro se gastó más de 10.000 pesos entre la mano de obra y los materiales. Además de las ventanas, que estaban carísimas", contó.
En estos momentos, continúa el "descascaramiento del techo" y la humedad es permanente. Pero "la cascada habitual" ha cesado, explica, porque los miembros de Consejo de Vecinos y la directora de la Vivienda, que reside en el edificio y resultaría afectada por el derrumbe, se presentaron en la casa de los presuntos responsables de los hechos, el día que recomenzó la caída de agua.
"El hijo de los dos chivatos mayores no pudo ir a la República Checa a un contrato de trabajo, porque una denuncia en redes sociales lo desnudó como el represor que es", reñata Pedro. "Creyeron, supongo, que yo tenía algo que ver con la frustración del viaje y lo primero que hicieron fue reiniciar las hostilidades, exactamente 24 horas después que el tribunal provincial estuvo en casa y dictaminó que ya eso estaba reparado, que no caía agua. Aunque decidió obviar el daño estructural que es palpable y se puede comprobar en cualquier momento".
Los más afectados, dos revolucionarios
Quizás lo más triste de esta historia es que las víctimas más afectadas por los hechos han sido "dos revolucionarios, que defendieron esto a ultranza", los padres de Pedro Manuel, propietarios de la vivienda.
"Te podrás imaginar cómo se puede sentir un hijo cuando sus padres lo miran cuestionándolo, '¿y esto cuándo va a parar?'. Porque no se explican qué ha pasado con ellos, que son los verdaderos dueños del inmueble destrozado, par de fundadores de la Revolución, personas que creyeron ciegamente en el legado fidelista".
"Guardo una docena de citaciones a la Seguridad del Estado, lo mismo aquí que en la unidad de los delitos contra ella. Innúmeras actas de advertencia, con amenazas implícitas. He denunciado la impunidad de las autoridades locales ante la Fiscalía Militar Provincial en par de ocasiones, cuando me han regulado la salida o avasallado en casa. En una entrevista en 2016, el el entonces delegado territorial del MININT, Manuel Soto Herrera, me dijo 'siendo un contrarrevolucionario —así aparezco clasificado, con las letras CR— te puedo quitar todo con lo que trabajas'. Así se comprende el temor que a la Fiscalía municipal y al tribunal despierten una sugerencia del aparato para obrar en contra de la ley misma dictada por quien realmente manda en Cuba", apunta Pedro.
La madre de Pedro falleció tras un largo periodo de enfermedad, agravado por el sufrimiento de ver su apartamento destruido. Su padre es un hombre nonagenario y enfermo, que depende todo el tiempo del hijo. Pedro ha tenido que cuidar de ambos bajo la lluvia de aguas albañales y enfrentado a la desidia y complicidad con la Seguridad del Estado del sistema judicial de la Revolución que sus ingenuos padres ayudaron a construir.
Crimen organizado