Al menos 408 acciones represivas registró en Cuba la red de trabajo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) durante el mes de agosto, de las cuales 111 fueron detenciones arbitrarias, de acuerdo al más reciente informe publicado por la organización.
El elevado número de detenciones, que en 24 ocasiones ocurrieron de forma violenta, "confirma el patrón represivo diseñado por el Gobierno cubano para retener o sitiar en sus casas a los activistas de derechos humanos", señalan los autores del documento.
"Entre los abusos contra los derechos fundamentales más comunes durante el mes de agosto estuvo el sitio de viviendas de activistas, las amenazas, el hostigamiento, las citaciones policiales, multas, golpizas, decomisos y allanamientos, en ese orden", agregaron.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
"Hemos comprobado la persistencia de un patrón represivo que busca retener ilegalmente en sus casas a activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes. Todo eso, sumado a las habituales prácticas represivas del Gobierno cubano, encabezadas por las detenciones arbitrarias, las amenazas y las citaciones", indicó el OCDH.
El documento añade que además de la represión por motivos políticos "una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad".
Los autores del texto señalaron que "el Gobierno cubano aprovecha la crisis sanitaria, derivada del Covid-19, para extremar los mecanismos de control sobre la población, por medio de multas desproporcionadas y persecución de determinadas actividades económicas".
El pasado 27 de agosto el Gobierno cubano anunció la militarización generalizada y cierre de La Habana a partir del 1 de septiembre y hasta el día 15 de ese mes para intentar controlar la expansión del Covid-19, que según han reconocido las autoridades, está fuera de control.
Además, el gobernador de La Habana anunció la prohibición de la movilidad de personas y vehículos entre las 7:00PM y las 5:00AM, como parte de rigurosas medidas ordenadas para controlar la pandemia de Covid-19.
Solamente el día que entraron en vigor estas disposiciones la Policía de la capital aplicó 651 multas, de ellas 428 por el monto de 2.000 pesos cada una por no usar el nasobuco, lo que equivale a un total de 856.000 pesos.
