Un año y medio después de que el espacio "Espectador Crítico" de la Televisión Cubana exhibiera una copia de trabajo del documental La Habana de Fito, con el afán de desvirtuar el sentido de la obra y sin autorización de su director, Juan Pin Vilar, este viernes fue publicado el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana referido a la demanda interpuesta por el cineasta contra el Canal Educativo por violación del Derecho de Autor.
En dicho texto, el tribunal zanja la demanda al determinar que la Televisión Cubana obró de buena fe, algo que, en opinión de la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), "sienta un nefasto precedente que coloca a todos los artistas y creadores cubanos en una posición de vulnerabilidad, pues su obra (terminada o no) puede ser exhibida o compartida en un espacio público, sin contar con su anuencia".
Asimismo, el Canal Educativo alegó que la obra ya había tenido una presentación especial, meses antes, en el Havana Film Festival de New York. El tribunal aceptó este argumento desconociendo que, para tal ocasión Pin Vilar dio su consentimiento, algo que no hizo para la exhibición en la Televisión Cubana el 10 de junio de 2023, cuando tanto el productor de la obra Ricardo Figueredo como su director "se negaron expresamente a que su película fuese exhibida en televisión nacional. Se lo hicieron saber a las autoridades del ICAIC y del Ministerio de Cultura de Cuba . A pesar de ello, el filme fue reproducido en un canal nacional y en un horario estelar", detalló la ACC.
"Ni la Televisión Cubana, ni el ICAIC, ni el Ministerio de Cultura tienen derechos legales sobre esta obra. No fue producida ni realizada por ellos. El Fondo de Fomento, que premió el proyecto, ofrece una ayuda financiera, no vinculante y que luego debe ser devuelta", agregó el grupo independiente de cineastas y cuestionó: "¿Cómo es posible que el tribunal acepte como razonable la violación, por parte de las autoridades, del derecho del artista a exponer su obra cuando él lo considere?".
Además, el tribunal expuso como argumento, toda vez que la versión mostrada en televisión fue una copia de trabajo de un filme sin concluir, que si una película no está terminada no existe y, por tanto, no tiene un autor legalmente reconocido, algo que, en opinión de la ACC, "resulta ingenuo, pues desconoce las dinámicas de la creación artística".
"Ese criterio envía una extraña y peligrosa señal a todos los creadores cubanos, pues sus obras pueden ser robadas en su fase de ejecución y compartidas total o parcialmente en un espacio público bajo el criterio de que carecen de propietarios", agregó.
"La Asamblea de Cineastas Cubanos denuncia las irregularidades cometidas durante este proceso. El tribunal hace interpretaciones de la ley, solo escucha a los especialistas de una de las partes, desconoce los procesos de producción y distribución alrededor del cine, demuestra una errática comprensión acerca del funcionamiento y seriedad de un festival de cine en su compromiso con los artistas, legitima la expropiación de obras por las autoridades, obstruye las normativas sobre el Derecho de Autor existentes en el país e irrespeta el criterio de cientos de artistas e intelectuales cubanos que en declaración pública denunciaron a las autoridades culturales, máximas responsables de lo sucedido", enfatizó.
La ACC consideró, asimismo, que "este dictamen es un ejemplo de la fragilidad legal que tienen los ciudadanos en sus reclamos ante las autoridades, instituciones o el propio Gobierno". Además, consideró que "esta respuesta del Tribunal Provincial de La Habana no solo va en contra de un artista, sino contra toda una comunidad. Su decisión convierte la impunidad en ley".
En tal sentido, la ACC enfatizó que "no se trata de un hecho aislado, ha sido una práctica constante de las autoridades culturales que a lo largo de seis décadas excluyen, censuran, controlan o intervienen abruptamente en los procesos de creación artística".
La fraudulenta presentación de La Habana de Fito en la televisión nacional motivó una carta de protesta firmada por gran número de cineastas y figuras de la sociedad civil, quienes consideraron violentadas las regulaciones existentes para el Derecho de Autor Audiovisual. El incidente, además, reactivó los debates del gremio cinematográfico y llevó a que la ACC, fundada en 2013, retomara su trabajo de defensa del cine cubano y de confrontación ante los procesos censores y excluyentes llevados a cabo por el ICAIC y el Ministerio de Cultura.
Así, en un artículo para DIARIO DE CUBA, Dimas Castellanos valoró: "El intento de someter la cultura a la política, con independencia del tiempo que pueda durar el sometimiento y del daño que ocasiona, está condenado al fracaso. El desenlace que está teniendo la condena y crítica de los cineastas cubanos a las autoridades de la cultura en Cuba, lo confirma".
