"Los precios son una desvergüenza, una falta de respeto total. Con una pensión de 3.000 pesos no puedo comprar ni una bolsa de leche". Tere resume así a DIARIO DE CUBA la contradicción que rodea a los mercados de barrio, un nuevo experimento del Gobierno cubano que promete acercar alimentos y productos de aseo a la población a precios inferiores a los de otros establecimientos, pero que ya suscita dudas sobre su capacidad para aliviar la crisis doméstica.
Otra jubilada cuestiona cómo afrontar el costo de los alimentos y, al mismo tiempo, pagar la electricidad y el agua. "El que trabaja o el jubilado tendría que ganar por lo menos 50.000 pesos de salario o pensión al mes para poder vivir, y sigue siendo poco para los precios de hoy", afirma.
Los testimonios recogidos por DIARIO DE CUBA y los precios observados en establecimientos de La Habana y otras localidades muestran la distancia entre la rebaja anunciada por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y las posibilidades reales de compra de muchas familias. La iniciativa pretende transformar parte de la red de bodegas, mercados y carnicerías estatales, en un momento en que la distribución de alimentos mediante la libreta de racionamiento tiende a desaparecer.
"No tengo cerca mercado de barrio, vivo sola, pero he gastado más de 50.000 pesos solo en septiembre, y en cosas esenciales", cuenta Laritza. La existencia de nuevos establecimientos, por tanto, tampoco garantiza que todos los consumidores tengan acceso cercano a ellos ni que puedan costear los productos que ofrecen.
Precios que no parecen de oferta
En una visita al Mercado de Barrio Doña Luisa, en el municipio Cerro, La Habana, DIARIO DE CUBA encontró botellas de aceite de 900 mililitros a 2.700 pesos, bolsas de leche entera en polvo de un kilogramo a 4.500, arroz brasileño a 840 pesos el kilogramo y huevos a 135 pesos la unidad. La pizarra también mostraba una lata de refresco a 500 pesos y una lata de spam de cerdo a 1.100.
En el apartado de productos no alimenticios, el detergente líquido costaba 460 pesos, por el jabón de baño de 70 gramos había que pagar 290 pesos, y 380 por el de 100 gramos. En la misma pizarra, el kilo de pierna de cerdo figuraba a 1.800 pesos, con una anotación de que no había existencias.
En el Mercado de Barrio La Predilecta, inaugurado el 28 de septiembre en el consejo popular Frank País, en Contramaestre, Santiago de Cuba, las tablillas compartidas en una publicación oficial en Facebook mostraban el arroz a unos 370 pesos la libra, el azúcar a 500, el pollo a 750 y el aceite vegetal a 2.600, sin que se distinguiera el volumen del envase, aunque la tendencia es a que no llegue al litro. La leche en polvo (1kg) aparecía a 4.000 pesos.
Daisy Rosales Barzaga cuestionó si el establecimiento cumplía la resolución que establecía una rebaja del 10% al 15%. Otros usuarios expresaron su malestar por unos precios que consideran similares a los de las mipymes y los revendedores.
"¿Estos son los precios del mercado del barrio? ¿Los que van a sustituir a la ya casi extinta libreta de abastecimiento?", se preguntó la emprendedora Yulieta Hernández Díaz en Facebook.
Mario, que visitó el mercado del reparto Sierra Maestra, en Boyeros, La Habana, dijo a DIARIO DE CUBA que los precios no tenían nada de atractivos y eran iguales o superiores a los de las mipymes. Su única valoración favorable fue que, durante su visita, aceptaban transferencias electrónicas.
Desde Cabaiguán, Katy describió una situación parecida: "Lo que parece ser el mercado de barrio es lo mismo de los revendedores que están en la calle del frente, todo más allá del cosmos, imposible que esto siga así".
Rafael se preguntó qué aporta la nueva modalidad si en los barrios ya existen mipymes, trabajadores por cuenta propia y revendedores que comercializan mercancías similares. A su juicio, si el objetivo es acercar los productos a la población, la diferencia de precios debería justificar la creación de estos establecimientos.
Una rebaja prometida con incentivos fiscales
El MINCIN presentó los mercados de barrio como parte de las transformaciones económicas aprobadas en 2026. La medida 157, de las 176 anunciadas por el Gobierno en junio, contempla la transición de la canasta normada a ventas controladas sin subsidios en la red comercial.
Según explicó en septiembre Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del MINCIN, los establecimientos deben ofrecer alimentos y productos de aseo a precios inferiores a los de otros canales comerciales. Las previsiones oficiales han oscilado entre una reducción del 10% al 15% y otra del 15% al 30%, sin que se haya aclarado la diferencia entre ambos anuncios.
Para estimular la participación de actores económicos no estatales, el Gobierno contempla beneficios fiscales y facilidades para la explotación de los locales. Entre ellos figuran la reducción del impuesto sobre las ventas minoristas del 10% al 5%, la exoneración del impuesto correspondiente a determinadas operaciones mayoristas y la suspensión del pago del arrendamiento durante los primeros dos o tres años, según las explicaciones oficiales.
El modelo mantiene la propiedad estatal de los establecimientos y prevé que su gestión y comercialización se encarguen mediante contratos con actores económicos seleccionados. La contratación de trabajadores debe dar prioridad a quienes ya laboraban en los locales.
El problema es que los incentivos a los gestores no garantizan por sí solos una rebaja efectiva para los consumidores. Para comprobar el resultado sería necesario conocer los precios de referencia utilizados por las autoridades, comparar productos equivalentes y verificar si los descuentos se mantienen una vez agotadas las existencias iniciales.
Las reacciones a la apertura de La Predilecta reflejan esa desconfianza. "Todo muy bonito, bla, bla, y los precios los mismos y un poquito más para arriba", escribió Maricela Vázquez Quero al comentar la declaración de otro establecimiento como mercado de barrio, la mipyme San Antón, en Cienfuegos.
El problema no es solo el precio
El economista Elías Amor Bravo advirtió en un análisis que el éxito de los mercados de barrio dependerá de su capacidad para mantener una oferta estable y reponer las mercancías sin trasladar nuevos aumentos de costos a los compradores.
Amor cuestionó que el Gobierno pretenda replicar una fórmula comercial basada en precios bajos sin disponer de las condiciones que permiten sostenerla en otros mercados: proveedores estables, capacidad de negociación, especialización comercial y mecanismos de integración entre distribuidores y fabricantes.
En un contexto de inflación y dificultades de abastecimiento, advirtió, vender barato al inicio no garantiza que los establecimientos puedan reponer los productos a los mismos precios. Si no consiguen suministros regulares, la iniciativa corre el riesgo de reproducir el problema que pretende resolver: estantes vacíos o mercancías que reaparecen a precios más altos.
El economista también cuestionó el diseño institucional. A su juicio, los mercados de barrio podrían terminar desplazando a trabajadores por cuenta propia que habían desarrollado pequeños negocios de venta de alimentos y productos de primera necesidad mediante importaciones no comerciales. En vez de facilitar el crecimiento de esas actividades, el Gobierno optaría por incorporarlas a una estructura comercial bajo control estatal.
Amor consideró que promover la expansión de los negocios existentes permitiría un desarrollo más armónico del comercio minorista. También advirtió que los mercados de abasto mayoristas, anunciados junto a esta iniciativa, necesitarían una red de comercios minoristas consolidada para funcionar de manera eficiente. Por el momento, el único que de estos mercados abierto opera en Sancti Spíritus con compras mínimas de 200 dólares.
La libreta pierde alcance, pero no aparece una alternativa suficiente
El antecedente inmediato de los mercados de barrio es la reducción del carácter universal de la libreta de racionamiento. En junio, el Gobierno confirmó que la canasta básica dejaría de garantizarse en las mismas condiciones a toda la población y concentraría su cobertura en determinados grupos, entre ellos jubilados, familias con niños que padecen enfermedades crónicas y personas consideradas "vulnerables", un eufemismo con el que el régimen designa a los cubanos en la extrema pobreza.
En septiembre, este diario informó de que el Gobierno presentaba los nuevos establecimientos como una vía para suplir parcialmente el déficit de productos que antes se distribuían mediante la canasta normada. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuánto volumen de alimentos podrían garantizar ni cuándo estaría disponible de forma estable la amplia lista anunciada.
La urgencia de una alternativa asequible queda reflejada en la cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, realizada por Cubadata. El 68,2% de quienes respondieron la pregunta sobre alimentación dijo que su hogar había reducido o saltado comidas al menos algunas veces durante los 30 días anteriores; para el 19,8%, ocurrió muchas veces o todos los días. El estudio recogió 1.551 encuestas completas entre el 22 de julio y el 10 de agosto en un panel online no probabilístico. Sus resultados no evalúan los nuevos mercados, pero documentan las dificultades alimentarias que ya afrontaban los participantes antes de las aperturas descritas en este reportaje.
Ese contexto permite precisar qué debería demostrar el nuevo experimento: no basta con vender más barato que otro establecimiento si el precio sigue obligando al comprador a prescindir de alimentos. La prueba de su utilidad no es únicamente cuánto baja una etiqueta, sino qué puede comprar con sus ingresos quien llega al mostrador.
En un análisis publicado en DIARIO DE CUBA bajo el título "Cuba: mercados de barrio y Estado fallido", el historiador y ensayista Dimas Castellanos señaló que la falta de abastecimiento y los apagones figuran entre los principales obstáculos para el funcionamiento de estos comercios. También recordó que el diario oficial Granma había reconocido que disponer de un local y establecer incentivos no bastaba para garantizar resultados.
El desafío va más allá de inaugurar establecimientos o cambiar la gestión de las antiguas bodegas. Para que los mercados de barrio representen una alternativa real, tendrán que mantener una oferta suficiente, demostrar que los descuentos prometidos son efectivos y vender a precios compatibles con los ingresos de sus clientes.
Mientras tanto, las experiencias recogidas apuntan a una brecha entre el propósito oficial y las expectativas de los consumidores. Para quienes cobran pensiones o deben destinar decenas de miles a cubrir necesidades esenciales, una rebaja porcentual puede resultar insuficiente si los precios de partida siguen fuera de su alcance.
La pregunta que planteó Tere resume el problema: ¿cómo comprar los alimentos básicos y pagar los servicios con una pensión que no alcanza? Los mercados de barrio podrán cambiar el formato de la venta, pero su impacto dependerá de que consigan ofrecer productos disponibles y realmente asequibles para la población.
