El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Cuba anunció la entrada en vigor de nuevas regulaciones relacionadas con los servicios sociales comunitarios y la atención a los mendigos que el Gobierno llama eufemísticamente "personas deambulantes" y cuya situación atribuye a "conductas" y no a las consecuencias de la severa crisis que es incapaz de resolver.
Las medidas, presentada como parte del llamado "Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida", buscan actualizar normas que ya existían desde 2003 y que ahora intentan responder, aunque de manera limitada, a una crisis de cuidados que golpea de lleno a los sectores más vulnerables y sobrecarga especialmente a las mujeres.
Las disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial incluyen asistencia social a domicilio, un programa piloto de teleasistencia para adultos mayores y el reconocimiento del cuidado de personas con discapacidad severa como un trabajo, unas modificaciones que llegan al papel en un contexto de grave crisis económica, salarios y pensiones estatales que condenan a las familias a la pobreza, deterioro del sistema de Salud Pública y déficit de medicamentos, lo que limita las posibilidades reales de acceso y efectividad de estos servicios.
De acuerdo con Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del MTSS, los cambios buscan "ampliar, mejorar y hacer más accesibles" los servicios de cuidado ya existentes, publicó el portal oficial Cubadebate. Sin embargo, la asistencia a domicilio dependerá de un financiamiento mixto: las familias deberán cubrir el 50% del costo en medio de la precarización de sus condiciones de vida fruto de la inflación.
Especialistas en políticas sociales ya han señalado que, en la práctica, el Estado traslada el peso de los cuidados a los hogares, y en particular a las mujeres, proveedoras históricas de atención no remunerada. Aunque las normas introducen, en teoría, el "reconocimiento del cuidado como trabajo", no garantizan un acceso suficiente para aliviar la sobrecarga de las familias.
Entre las novedades también se incluyen nuevas directrices para abordar la "conducta deambulante", conceptualizada como un "trastorno multicausal asociado a la exclusión social". La respuesta prevista enfatiza protocolos de detención, traslado y "rehabilitación" en Centros de Protección Social, estructuras cuyo funcionamiento ha sido cuestionado y que las autoridades advierten que acogerán a las personas necesitadas temporalmente hasta las familias asuman la responsabilidad.
"Se define el Centro de Protección Social como institución social, sus funciones y el tiempo máximo de estadía de las personas que se acogen a estos centros", que "tienen como objetivo contribuir a la rehabilitación y reinserción social de las personas con conducta deambulante", dijo Delgado Cáceres.
La activación de un programa piloto de teleasistencia en municipios seleccionados de cinco provincias (La Habana, Artemisa, Mayabeque, Santa Clara y Santiago de Cuba) es otra de las medidas a aplicar, que podría representar una herramienta útil sobre todo para poblaciones rurales y de difícil acceso, pero su éxito dependerá de la infraestructura tecnológica disponible, en un país donde las brechas de conectividad siguen siendo profundas.
Estas modificaciones surgen en un momento en que la crisis de cuidados en Cuba se agudiza, producto de la combinación de envejecimiento poblacional, migración masiva, incluidos profesionales de la salud, y deterioro general de los servicios públicos. Según datos oficiales, el 21,6% de la población cubana tiene más de 60 años, y se proyecta que para 2030 Cuba será el país más envejecido de América Latina.
Un estudio reciente del proyecto de Cubadata titulado Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba mostró que el 60,6% de 10.248 cubanos encuestados tiene en sus hogares –como mínimo– una persona necesitada de cuidado continuo, y más de dos tercios convive con, al menos, un adulto mayor de 65 años.
Los resultados de la investigación arrojaron una carga desproporcionada sobre las mujeres en comparación con los hombres relacionada con el cuidado a otros, especialmente a la hora de rechazar ofertas de trabajo (29% vs. 19,6%), dejar de buscar empleo (16,7% vs. 9,6%), y abandonar sus trabajos (29,3% vs. 19,2%).
Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) publicados en 2023 revelaron que las cubanas constituyen el 63,7% del total de la población no económicamente activa. De este último grupo, cerca de un tercio se ocupa exclusivamente de los "quehaceres del hogar".
Este domingo, un reportaje del periódico oficial Girón, titulado "Sobrevivir después de trabajar", expuso la situación de miles de jubilados en Cuba que, tras décadas de servicio al país, se ven obligados a buscar el sustento diario en las calles. En la ciudad de Matanzas, el periodista Raúl Navarro retrató a ancianos vendiendo cigarros, jabas, polvorones o frutas en portales y esquinas, una evidencia más de que las pensiones estatales son insuficientes para cubrir siquiera sus necesidades básicas.
Los testimonios recogidos reflejan una realidad desgarradora: un ingeniero mecánico de 85 años que trabaja ocho horas al día por necesidad; un exobrero azucarero con una pensión de 1.500 pesos que ahora vende cigarros; y un especialista industrial que sobrevive gracias a la venta informal de dulces. La precariedad económica ha condenado el derecho al descanso por la urgencia de subsistir.
