En medio de una crisis generalizada en Cuba agudizada por los recientes desastres naturales y el colapso electroenergético, el aparato legislativo del régimen convocó a las sesiones ordinarias que tienen lugar cada mes de diciembre, publicó el diario oficial Juventud Rebelde.
"El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández —en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso c), de la Constitución de la República—, convocó al IV Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00AM del día 18 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana", dice el texto oficial.
La convocatoria, publicada este 26 de noviembre en el sitio web de la Asamblea Nacional, será entregada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda; y se publicará en la Gaceta Oficial.
Previamente, los días 16 y 17 de diciembre, se desarrollarán las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del aparato legislativo, con temas de la agenda nacional que no han sido adelantados. Por lo general, cada sector suele hacer balance del desastre.
El jueves 21 de noviembre Esteban Lazo Hernández dio por concluidas las asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, sin haberlas realizado en los territorios en los que el huracán Oscar dejó más devastación.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, informó que, de las 65.128 reuniones previstas, se realizaron 64.999, el 99,80%.
Las 129 reuniones que no se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre —fechas anunciadas por el Gobierno para celebrar el proceso suspendido en octubre de 2023 y enero de 2024— debieron efectuarse en los municipios guantanameros Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur. El funcionario explicó que no se realizaron "debido a las consecuencias provocadas por el huracán Oscar y las intensas lluvias sobre esas localidades", según lo citó Granma.
Si los cubanos residentes en esos municipios pensaban cuestionar la responsabilidad de la Defensa Civil por los ocho muertos —según cifras oficiales— que dejó el evento meteorológico, al no alertar a la población mediante megáfonos, teniendo en cuenta que el país estaba hundido en un apagón total, no tendrán oportunidad.
Tampoco podrán preguntar a su delegado por qué, en contraste con el discurso de que ningún cubano queda desamparado ante fenómenos naturales, el Gobierno les cobra la mitad del precio de los colchones y los materiales de construcción a personas que lo perdieron todo a causa del huracán.
Acosta Álvarez reconoció, en las declaraciones citadas por Granma, que los planteamientos principales de los cubanos en las asambleas fueron "el abasto de agua y la reparación de redes hidráulicas, la necesidad de disminuir los precios de los productos alimenticios, el abastecimiento en la red de comercio minorista, la reparación de viales, el transporte público, la recogida de desechos sólidos, el programa de construcción y reparación de viviendas, la situación electroenergética, entre otros".
Los delegados de las circunscripciones solo pudieron escucharlas e intentar justificarlas, durante las reuniones. Acosta Álvarez se limitó a mencionarlas la sesión del Consejo de Estado, demostrando, una vez más, que el Gobierno de Cuba no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía.
"La tónica ha sido el secretismo. Como decimos: 'asambleas clandestinas'. Mucha gente no se ha enterado de que se han hecho las asambleas", dice a DIARIO DE CUBA Zelandia Pérez Abreu, coordinadora nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE).
Ya en octubre, Pérez Abreu había alertado a esta redacción que las convocatorias se estaban haciendo "mediante chats (en la aplicación What’sApp) o poniendo la fecha, la hora y el lugar de la asamblea (en un cartel) el mismo día por la mañana".
Para el abogado Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, la falta de información sobre la realización de las asambleas evidencia que la rendición de cuenta es un proceso "formal, engañoso y muy controlado en todos sus aspectos" y que el Gobierno lo realizó porque no le quedaba otra opción, después de dos suspensiones.
Otro elemento señalado por los observadores electorales dentro de Cuba fue la baja participación en las reuniones, que, en opinión de González Jiménez no se explica solo por la deficiente convocatoria, sino porque "la ciudadanía ha comprobado que participa en la construcción de una fachada y confía cada vez menos en la manida representación popular que se le ha impuesto también por el falso proceso electoral".
