El pasado 25 de octubre el Consejo de Defensa Nacional anunció una investigación y el procesamiento penal de los presuntos autores de una noticia falsa que circuló en San Antonio del Sur. Ocurrió a raíz del impacto del huracán Oscar y la lucha por la supervivencia de una población sumida en la devastación y el colapso energético. En el podcast Desde la Presidencia, Miguel Díaz-Canel y las autoridades convocadas para el programa de propaganda calificaron de "perversidad" lo ocurrido y defendieron que "la comunicación resultó un elemento esencial" para desmentir una fake news: el colapso de la presa Los Asientos.
Para la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh, lo ocurrido fue resultado de un "comportamiento repudiable que tuvieron personas muy crueles e insensibles". La información que circuló atemorizó en cuestión de minutos a los habitantes, ya psicológicamente afectados por el desastre natural, que dejó ocho fallecidos y dos desaparecidos, y durante el cual los vecinos se vieron obligados a actuar como rescatistas.
En la misma línea de salvar el pellejo a base de intimidación, Díaz-Canel señaló que lo ocurrido fue una "perversidad" y ratificó el plan del Gobierno de aplicar todo el peso de la ley contra los difusores de la noticia falsa. El gobernante negó que se oculte información a la población y dijo que hacerlo "iría en contra de la manera histórica en que se ha actuado para que exista percepción de los riesgos".
Así, el régimen vuelve a hacer uso de la fuerza y el derecho penal para tapar la falta de transparencia y su responsabilidad en lo ocurrido, y de paso acallar el malestar de la población.
Las libertades de expresión, queja, denuncia, petición, comunicación y prensa están supuestamente amparadas en instrumentos jurídicos como la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información o la Ley y el Reglamento de Comunicación Social. Pero, como han señalado abogados de DIARIO DE CUBA, estas normativas contienen severas limitaciones que atentan contra los derechos y garantías que dicen validar.
Para Edel González, además, estas leyes están sujetas a interpretación y aplicación en el plano institucional bajo juicios ideológicos discriminatorios, y tienen otros elementos en contra, como la falta de independencia de las estructuras administrativas, medios de comunicación y sistema judicial.
González menciona varios ejemplos: La Ley de Amparo de Derechos Constitucionales no puede ser invocada por un ciudadano cuando esté inmerso formalmente en un proceso penal o de otra índole, aun cuando estos procedimientos resulten arbitrarios. Toda información, incluida la de carácter público, es inaccesible para el ciudadano o cualquier forma de prensa/investigación si el Gobierno la califica como "contenido sensible, susceptible de protección por razones de defensa del orden interior, constitucional o como elemento vinculado a medidas de seguridad nacional". Al margen de la persecución que padece la prensa independiente, los medios comunicación oficiales no tienen autonomía, lo que publican obedece a la política editorial dictada por el Partido Comunista de Cuba.
En palabras de González Jiménez, "en Cuba, un país con un modelo de economía fallido, precario y marcado por un sistema concentrado de poder, es imposible activar y cumplir con eficacia los planes de prevención de siniestros y desastres debido a las carencias materiales y financieras existentes".
"Por eso, ahora más que nunca constituyen pilares de dominación hacer uso del castigo, en especial el derecho penal, para intimidar a la población, desvirtuar en todo caso de investigación el acceso a la verdadera información, así como descargar responsabilidades en el debate público", consideró.
Para el abogado, el hecho de que el régimen apueste por aplicar el derecho penal antes que la aclaración oportuna, es señal de que el verdadero culpable de los rumores, de la desinformación y manipulación de la verdad es la elite del poder.
El régimen no pudo aclarar el rumor del colapso de la presa porque casi toda la Isla permaneció bajo un apagón antes, durante y después del paso del huracán, sin acceso a internet, sin servicio telefónico y sin recursos para aplicar métodos alternativos de información. Ni siquiera medios locales oficiales como Radio Baracaoa, que en fenómenos anteriores se han mantenido reportando minuto a minuto en sus canales, informaron de lo que estaba ocurriendo con Oscar.
En opinión de González, el derecho penal, la transparencia y la justicia vuelven a ser secuestrados por el régimen, cuyo fin es la permanencia en el poder.
"El pueblo, agotado, está a punto de rebelarse, a menos que el Gobierno y la sociedad civil pacten reorganizarse para avanzar hacia un Estado de Derecho real, que ponga a la economía y las instituciones al servicio de la población y su bienestar. Si no ocurre esto, la desinformación y la impunidad de los mayores responsables del caos nacional (la cúpula del poder) seguirán causando graves problemas a la población".
El desastre de Guantánamo dejó, además de luto, a más de 15.000 familias con afectaciones en sus viviendas. Además de haber pasado por el riesgo de perder la vida, como el profesor y los 29 niños abandonados en una escuela, los miles de afectados quedan a merced de las promesas de caridad financiada al 50% que les hizo el Gobierno y de la miseria multiplicada.
