Muerte, desprotección e inseguridad: lo que no pueden denunciar los obreros cubanos

El 28 de abril se celebró el día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dicha jornada "exploró el tema de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo". Así se abrió un ciclo que cerró este Primero de Mayo, reconocido, también por la ONU, como Día Internacional de los Trabajadores. Al igual que en las últimas seis décadas, en cada municipio de Cuba hubo un desfile organizado por el régimen, aunque esta vez fue convocado para el 5 de mayo debido al déficit de combustible.

En países con sistemas totalitarios de izquierda, como Cuba, el Primero de Mayo sirve para celebrar los supuestos logros que enorgullecen al "proletariado emancipado y empoderado". En países democráticos, como España, la fecha se utiliza para demandar derechos laborales (objetivo primigenio de la celebración). El castrismo ha secuestrado la jornada hasta el punto de que los obreros de la Isla no pueden exigir cambios en su entorno laboral. Los desfiles del Primero de Mayo en Cuba no están concebidos para eso, sino para mostrar apoyo al régimen.

Durante la marcha privameral que ocurre en las "plazas revolucionarias" (la mayoría de las cabeceras provinciales cuentan con escenarios que imitan a la otrora Plaza Cívica), no se habla de los episodios que han evidenciado la precariedad, la inseguridad y la desprotección de los obreros en sus centros laborales. Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba (sindicato que representa los intereses del régimen) no denuncia esas condiciones de trabajo ni defiende a los afectados.

El 26 de marzo pasado, el custodio Iosbel Olivera Mesa, de 36 años de edad, murió en un presunto accidente en el central azucarero Urbano Noris, de Holguín. "Se encontraba en un área que no estaba funcionando en un primer momento, y al entrar en operaciones el sinfín de segunda, ocurrió el lamentable accidente. Sufrió lesiones incompatibles con la vida", indicó el reporte oficial. En los comentarios a dicha publicación, Alexander Parra Suárez, quien según su perfil de Facebook trabaja en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín, dijo: "La administración debe revisar la señalización de las zonas de riesgo en el central y la capacitación de los trabajadores sobre riesgos y seguridad en el trabajo, para evitar otros accidentes fatales".

El Urbano Noris es el ingenio azucarero de mayor capacidad en la provincia Holguín, y uno de los más grandes de Cuba, junto al tunero Jesús Menéndez y el espirituano Uruguay.

Pero en la calidad del entorno laboral no necesariamente influye la importancia que tenga el sitio para el Gobierno. En Cuba la seguridad laboral siempre está en un segundo plano. Edel González, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, ofreció su testimonio a DIARIO DE CUBA sobre la experiencia que acumuló en estos casos.

"Como parte de mis responsabilidades administrativas estaba velar por la higiene, la seguridad y la salud de los trabajadores judiciales en la provincia. También por la prestancia de los locales y del capital humano, pues la imagen de todo el conjunto era parte la imagen institucional que intentamos desarrollar", dijo González.

"Especial interés mostré fracasadamente durante casi cuatro años consecutivos en garantizar a las trabajadoras de higiene del Tribunal un par de zapatos idóneos para desarrollar sus labores —continuó González—. Era una medida pendiente de hacía mucho tiempo del Grupo de Seguridad y Salud del Trabajo. Buscaba unos modelos conocidos como 'zapitos', similares a los que el sector turístico entregaba a sus trabajadoras. Todas las acciones, aun contando con divisas en las cuentas que administrábamos, fracasaron. Esa deuda la dejé pendiente con ese noble personal, que de seguro debe seguir laborando con el calzado que puede gestionar. Cabe recordar que estas obreras son de los trabajadores que menos ingresos salariales perciben en los tribunales."

"Reiteradas veces fui a los centros comerciales dedicados a la venta de estos insumos y nada conseguí. Recibí en dos ocasiones como respuesta, que las importaciones de estos recursos eran muy escasas, tenían nombre y apellidos: el sector empresarial de GAESA. Desgraciadamente, no éramos prioridad", concluyó.

Según el Artículo 127 de la Ley 116 /2013 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, "el empleador está obligado a adoptar las medidas que garanticen condiciones laborales seguras e higiénicas, así como la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incendios, averías u otros daños que puedan afectar la salud de los trabajadores y el medio ambiente laboral."

El Artículo 131 de la misma legislación establece que "el empleador está obligado a controlar, investigar e informar a las autoridades que corresponda, de los accidentes de trabajo y otros que se equiparen a los efectos de la protección de la seguridad social".

Una de las normativas que más se incumple es el Artículo 135: "El empleador está obligado a dar instrucción a los trabajadores sobre los riesgos en el trabajo y los procedimientos para realizar su labor de forma segura y saludable".

En el caso del testimonio ofrecido por el expresidente del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, se violaba el Artículo 136: "Se denomina equipo de protección personal al dispositivo o medio que requiere utilizar individualmente un trabajador, para protegerse contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud (...). Comprende la ropa y el calzado, que cumplen la función protectora de los riesgos existentes durante el trabajo".

Ese mismo artículo se viola, con peores consecuencias, en el caso de los trabajadores agrícolas, que con frecuencia tienen que laborar en el campo en chancletas y sin medios de protección como guantes para fumigar las plantaciones o abonar la tierra.

El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de "patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales" en Cuba.

Según el informe sobre el tema presentado en la Universidad de Miami, justo la ausencia de democracia impide "el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales, que se ven también afectados por el peculiar contexto socioeconómico que atraviesa el país y que están vinculados con situaciones de precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones y despidos injustificados".

En marzo pasado, un constructor murió desangrado en La Habana Vieja después de cortarse una pierna con una sierra y esperar a ser trasladado hacia un hospital. Por esos días, también ocurrió otro accidente en un taller de refrigeración en La Habana Vieja. En ese incidente murieron otros dos obreros. "Yo vi cuando lo sacaron y era imposible que sobreviviera, tenía una mano colgando de un hilito y una pierna totalmente destruida. El otro mecánico ya estaba muerto en el acto. Son muy lamentables las muertes de ambos, eran buenas personas y serviciales. Tenían que hacer inventos para sobrevivir, y ponerse a dar puntos de soldadura por la madrugada con equipos inventados, sin medidas de seguridad, les costó la vida", comentó una vecina del lugar a DIARIO DE CUBA.

Lo peor es que los daños sufridos en entornos laborales muchas veces no son resarcidos por parte del Estado. En marzo de 2022, trascendió que el exmarino Juan Alexander Morales González llevaba alrededor de ocho años exigiéndole a la naviera Northsouth Maritime (antes Nordstrand Maritime), del conglomerado militar empresarial GAESA, una indemnización laboral por enfermedad que la empresa se negaba a pagar. En ese tiempo de extendidos peloteos, el Ministerio de Transporte, el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo Popular se negaron a resarcir a este hombre por los daños físicos que le causó su extenuante trabajo.

Ir contracorriente o denunciar irregularidades en el entorno laboral también puede generar consecuencias negativas para los trabajadores. En julio del año pasado fue noticia el caso de una trabajadora de la Empresa Avícola de Guantánamo que sufría de acoso laboral por advertir de la corrupción que le rodeaba.

Cuando las actividades condenadas por el Gobierno tienen que ver con política, los castigos suelen ser ejemplarizantes. Durante los últimos años, el Grupo de Asesoría Legal Cubalex y el Observatorio de Libertad Académica (OLA) han documentado varios casos de sanciones a trabajadores por motivos políticos en Cuba, incumpliendo lo establecido en la propia Constitución.

Tal es el caso de los periodistas José Luis Tan Estrada y José Raúl Gallego, los profesores Manuel de la Cruz y Caleb Martínez Delgado, o los académicos Julio Merladet y Yahima Díaz. Además están los trabajadores Yordanka Battle Moré, Leonel Capote, Ariel Fernández Pérez y Zamay Espinosa.

Las sanciones laborales contra estas personas se utilizaron como una forma de castigo por ejercer sus derechos a la libertad de conciencia, opinión, expresión y asociación. Así como su derecho a la protesta y a la participación política.

Pedro Hamed Fajardo Armas, el estibador cubano que denunció "una huelga silenciosa" en el Puerto de Cienfuegos en febrero de 2021, fue expulsado de su puesto de trabajo. "No tuvieron en cuenta ni la cantidad de años que yo estuve ahí. No sé cómo voy a mantener a mis hijos, a mi familia", dijo el afectado en aquel momento a DIARIO DE CUBA.

Ya en los centros de trabajo cubanos no se cumplen las condiciones mínimas para desempeñar una actividad laboral correctamente. En agosto de 2022, la grave crisis energética que sufre Cuba obligó al Gobierno a anunciar medidas que impactaron en los trabajadores estatales y sus salarios. Reubicaciones, vacaciones o suspensiones indefinidas fueron las variantes dictadas por el régimen.

Un mes antes, más de 2.000 trabajadores estaban sujetos a procesos de expulsión laboral en la provincia Sancti Spíritus debido a la implementación de un paquete de medidas que buscaba "el fortalecimiento de la empresa estatal socialista".