La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de "patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales" en Cuba, que son persistentes y derivan de la existencia de un modelo no democrático en la Isla.
Según el informe sobre el tema presentado el viernes en la Universidad de Miami, justo la ausencia de democracia impide "el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales, que se ven también afectados por el peculiar contexto socioeconómico que atraviesa el país y que están vinculados con situaciones de precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados".
De acuerdo con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, "esta última conducta se habría visto exacerbada por las olas represivas del Estado cubano derivadas de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 y el diseño y aprobación de nuevas regulaciones tendentes a criminalizar la libertad de expresión, incluso la opinión en redes sociales, pero también la libertad de reunión y asociación".
Tras indagar con trabajadores cubanos de la Isla, el organismo determinó que el 92,3% de los entrevistados considera que en el país no se respetan los derechos laborales, mientras que el 98,4% no percibe la existencia de libertad sindical.
Asimismo, el 93,8% opinó que no se está observando el debido proceso en el ámbito de las reclamaciones laborales, mientras que el 72,3% dice que teme acceder al sistema de justicia laboral en Cuba.
Soledad García Muñoz, relatora especial de la REDESCA; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH; Andy Gómez, de la Universidad de Miami; y Giselle Morfi, abogada de la ONG Centro de Información Legal Cubalex, al presentar el dictamen, recordaron que si bien La Habana ratificó diversos convenios internacionales en materia de derechos laborales y cuenta con un Código de Trabajo actualizado y una Constitución reciente, "todavía presenta un complejo escenario en el ámbito de los derechos laborales y sindicales que incide directamente en el disfrute de los derechos humanos de las personas trabajadoras que se encuentran bajo su jurisdicción".
"La legislación cubana no contempla el derecho de huelga, lo que implica que el propio marco jurídico imposibilita medidas de acción colectiva para la defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, califica de ilícita toda acción colectiva de las personas trabajadoras, al considerarse contrarias al orden público o atentados contra la paz y la seguridad social", agrega el informe.
Asimismo, la existencia de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) supone una severa limitación a la libre afiliación a un sindicato independiente. Quienes integran, por ejemplo, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), enfrentan constantes acciones represivas.
La REDESCA considera bajo "especial riesgo" grupos como "las mujeres, la población afrocubana, la población LGBTI, las personas con discapacidad y las personas defensoras de derechos humanos", sobre quienes persisten prejuicios que limitan su inserción y éxito laboral.
Además, incluye en ese estado de precariedad a los trabajadores "que se encuentran bajo relaciones laborales especiales; por ejemplo, el personal docente, y las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra; las personas destinadas a 'Misiones de Internacionalización', y el sector cuentapropista".
Finalmente, advierte el informe, sigue siendo un desafío el hacer respetar las garantías en materia de empresas y derechos humanos, y señala la "ausencia de mecanismos que asignen responsabilidad a las empresas que operan en el territorio –sean de capitales nacionales o extranjeras; públicas, privadas o mixtas– frente a afectaciones a los derechos humanos laborales y sindicales".
